En un plazo que no puede superar los cuatro años y medio, la Compañía de Acero del Pacífico S.A. (CAP) deberá dejar de instalar los relaves de pellets en el mar, en su planta ubicada en la comuna de Huasco, región de Atacama.
Así quedó estipulado en el plan de cumplimiento presentado por CAP a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), entidad que había elevado un procedimiento sancionatorio después de una denuncia presentada por la ONG Oceana en 2017.
La organización de conservación marina acusó a la compañía de descargar relaves en el mar sin que esta práctica se encuentre permitida en Chile.
La directora de la Campaña de Contaminación Marina de Oceana, Javiera Calisto, calificó la medida como un paso histórico para la protección de las aguas costeras del país.
“Los efectos irreversibles en el medio ambiente provocados por la disposición de relaves en la bahía de Chapaco, demuestran que esta es una de las prácticas más nocivas para el medio marino, y que no existen medidas para hacerse cargo de los daños”, señaló.
En enero de 2018, la SMA formuló 20 cargos en contra de CAP por infringir normas ambientales, siendo el de mayor gravedad la descarga de relaves en el mar cuando ni siquiera contaba con autorización ambiental para la depositar los mismos en tierra.
La directora de la Campaña de Contaminación Marina de Oceana, Javiera Calisto, agregó que se requieren mayores estudios para determinar los reales efectos provocados por CAP en Ensenada Chapaco.
“La Superintendencia solo puede fiscalizar y sancionar las infracciones que no han prescrito. Por esto, los efectos provocados y descritos en el plan de cumplimiento reflejan un periodo limitado de tiempo. Es necesario realizar más estudios para poder evaluar la dimensión real del potencial impacto de relaves en el mar”, afirmó.
En Chile, si bien la legislación únicamente permite la depositación de relaves en tranques terrestres, no existe una norma expresa que prohíba esta práctica en el mar. Por este motivo, en 2015 Oceana presentó un proyecto de ley, patrocinado por cinco senadores de distintas bancadas, para prohibir la disposición de desechos mineros en aguas costeras y evitar así que en el futuro otras mineras pusieran en práctica esta actividad nociva para los ecosistemas marinos.
