Una nueva denuncia vuelve a poner dudas sobre la política migratoria que se ha llevado a cabo en Chile durante este gobierno. Esta vez, según hemos dado a conocer en Radio y Diario Universidad de Chile, ha sido el Instituto Nacional de Derechos Humanos el que denunció una expulsión irregular de ciudadanos colombianos. Afirma este organismo que se ejecutó la deportación de 65 personas, en un acto con evidente pretensión comunicacional, al punto de incluir el viaje del subsecretario del Interior a Antofagasta. Esto sucedió a pesar de que la Corte de Apelaciones de esa ciudad había acogido un recurso de protección en favor de varios de quienes estaban en la nómina, el día anterior.

Así, mientras la Corte de Apelaciones decretó la “suspensión, paralización y/o exclusión inmediata del proceso policial de expulsión que está programado para ser ejecutado durante las primeras horas del día jueves 28 de marzo de 2019, comunicando aquello de forma inmediata y por la vía idónea y más expedita, oficiando al efecto y notificando de modo telefónico y/o por correo electrónico a las autoridades del DEM, de la PDI así como del Ministerio del Interior”, la expulsión de todos modos se ejecutó.

Esta situación, que ya es grave por cuanto supone el desacato de una alta autoridad del Estado respecto a un pronunciamiento judicial, muestra además una política migratoria que, desde hace ya varios meses, viene siendo calificada por expertos como discriminatoria, arbitraria e incluso racista.

Discriminatoria, y ninguna comunidad ni persona migrante tiene culpa alguna en lo que vamos a afirmar, porque mientras se tiene una política amable y receptiva con la migración venezolana, se muestra desconfianza con la migración colombiana y definitiva hostilidad con quienes han venido o pretenden venir desde Haití a nuestro país. Esta situación, que no resiste análisis ni justificación, forma sin embargo parte del paisaje al que nos hemos ido acostumbrando.

Arbitraria, porque se basa en creencias que han sido instaladas por los dispositivos de información hegemónicos, pero que no tienen asidero en la realidad. El trato a la migración en Chile es cada vez menos desde los derechos y cada vez más desde la desconfianza. Entre las afirmaciones falaces que se han ido instalando en el imaginario colectivo y que son definitivamente falsas podemos mencionar: que los extranjeros han llegado a Chile en mayor proporción que como ocurre con el promedio mundial, que vienen a quitarle trabajo a los chilenos, que son responsables de la propagación de determinadas enfermedades, que le quitan espacio a los chilenos en los centros de salud de urgencia, que tienen un mayor porcentaje de comisión de delitos que la población chilena, y otro largo penoso etcétera que por tiempo y pudor no vamos a seguir mencionando.

Racista, y aquí vamos a citar a la profesora María Emilia Tijoux, porque el Estado está encarnando una política migratoria que, sobre la base de categorías instaladas en la sociedad, hace diferencia entre “extranjeros” e “inmigrantes”. Para los primeros, todo; para los segundos, nada. Y en este último grupo se encuentran las personas de países a quienes se les adjudican los colores de piel más oscuros, como Haití, Colombia y República Dominicana.

Que en un espacio noticioso como nuestro Radioanálisis tengamos que referirnos todas las semanas a políticas de gobierno criticables por su trato a quienes vienen desde otros lugares, es la expresión de la negación y olvido de la migración como un derecho consagrado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, en correlato con otras políticas del Ejecutivo como la de negarse a firmar el Pacto Mundial de Migraciones. Es posible que se haga porque las encuestas dicen que conviene, que es lo que la población aplaude. Si así fuera, además de la motivación espuria habría que recordar que es lo mismo que vienen haciendo los gobiernos más reaccionarios del mundo, pretendiendo devolver con esto a la Humanidad entera a un periodo oscuro donde el odio a la diferencia fue el caldo de cultivo para la muerte posterior de decenas de millones de personas.