A un año de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Laboral, valoro la voluntad del Gobierno de avanzar en mejorar la iniciativa, tal como fue anunciado por el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg. Es claro que la norma ha generado una positiva sinergia en el empresariado, pero también es cierto que, como cualquier ley, es perfectible para hacer más efectivo su objetivo; que las personas con discapacidad tengan un trabajo y contrato de acuerdo a sus competencias.
Si bien hoy no es el momento de modificarla. Coincido con la evaluación que ha realizado el Gobierno respecto de algunos de los tópicos a considerar para perfeccionar la norma a futuro. Uno de ellos es el rol del sector público, donde no hay cifras claras respecto del cumplimiento de la misma. Promover la contratación de personas con discapacidad, implicará también cambios a las normativas vigentes como, por ejemplo, al Estatuto Administrativo que impide que personas que han estudiado en escuelas especiales, puedan postular a trabajos donde se pide el requisito de haber terminado 4° medio.
Otro aspecto que fortalecería la Ley de Inclusión Laboral, es contar don datos desagregados del sistema, lo que permitiría una evaluación y la toma de decisiones pertinentes por parte de las autoridades y de quienes trabajamos en el tema, para ser propositivos y no solo reactivos a una demanda. En este sentido, la Dirección del Trabajo tiene un rol importantísimo, generando indicadores que apunten, por ejemplo, a conocer los tipos de contrato, la concreción según territorio, el nivel de cumplimiento de las empresas considerando contratación y medidas alternativas por separado, grados de acatamiento por sector productivo, entre otros.
La generación de un estudio, con un trabajo intersectorial, también es una tarea que debemos abordar. Esta evaluación, refrescará el feedback para mantener el foco en el espíritu de la Ley de Inclusión Laboral.
Sin embargo, discrepo en que es oportuno hoy modificar la Ley. Lleva recién un año, no tenemos cifras claras ni menos una evaluación seria respecto de cómo está siendo cumplida. Es extremadamente importante a mi juicio, cumplir con los plazos que la ley establece. Revisión de ella a los tres primeros años y después revisión cada cuatro. Espero no caigamos en la tentación de modificarla. La realidad es que ha sido un cambio muy significativo para las personas con discapacidad y modificar la ley hoy puede llevarnos a cometer errores que posteriormente serán inmodificables.
