Cuando la Contraloría General de la República decidió adoptar, bajo una dinámica paulatina, las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), declaró públicamente en diversas presentaciones su voluntad de aplicar el criterio de devengo como pilar fundamental en la adopción de esta importante normativa. Más aún, “…la normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación aprobada por el oficio C. G. R. Nº 60.820, de 2005, y sus modificaciones, entre otras regulaciones, establece el principio de devengado para el reconocimiento de los hechos económicos…” (Dictamen 57.602 del 29 de Octubre de 2010).
El criterio de devengo consiste en el registro de ingresos y gastos independientemente de los flujos de efectivo recibidos o entregados. De tal manera que si un ingreso se ha producido, debe ser registrado aún cuando la entidad no haya recibido el efectivo vinculado a dicho ingreso.
Desde el punto de vista de su aplicación práctica, el criterio de devengo permite que los stakeholders (usuarios de los Estados Financieros, que en el caso de las entidades del sector público corresponde a los ciudadanos), tengan la información íntegra de gastos e ingresos.
La información que circula públicamente señala que las municipalidades han aplicado un criterio distinto al de devengo, mostrando ingresos que no necesariamente corresponden al total de operaciones ocurridas en un periodo determinado.
Si bien tradicionalmente el sector público a nivel global ha utilizado una base caja para el registro de ingresos y gastos –a diferencia del sector privado–, los defensores de criterio de devengo en las entidades del sector público argumentan que éste colabora con un mejor entendimiento de las finanzas gubernamentales por parte de los ciudadanos (Chase &Triggs, 2001). El accountability y la transparencia mejoran de manera significativa con el uso del criterio de devengo (Guthrie, 1998).
La presencia en la práctica contable de una diversidad de políticas contables obstaculiza tanto la transparencia como la comparabilidad entre las reparticiones públicas.
En consecuencia, ha de ser un objetivo urgente y necesario la resolución de los problemas de fiscalización de las cuentas municipales, con la asistencia de expertos en Contabilidad para el Sector Público, la adopción definitiva del criterio de devengo, la asignación adecuada de recursos a los entes reguladores y el entrenamiento de los equipos de trabajo que colaboran con las fiscalizaciones realizadas. Todo esto colaboraría con la reducción de las rotaciones de profesionales que al desarrollar una labor atravesada por énfasis inconsistentes, falta de reconocimiento y desfases entre las diversas etapas de fiscalización, terminan emigrando hacia el sector privado. En consecuencia, la Contabilidad es una disciplina necesaria, a diferencia de lo que han declarado recientemente importantes autoridades de gobierno. La ausencia de un sistema contable eficiente resulta en una información inoportuna, que no representa fielmente la realidad de la entidad y que no permite medir adecuadamente la gestión de gobierno municipal.
