Esta mañana, el suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Rancagua por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito por tráfico de influencias, en una eventual red de corrupción.
Antes de iniciar la audiencia, el propio fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad de la jurisdicción, Sergio Moya, indicó que no pedirá medidas cautelares al suspendido magistrado, ya que este, cuenta con un fuero, y para quitar dicho privilegio, tiene que presentar una denominada querella de capítulos.
El persecutor señalo que no presentarán la acción legal, porque esperarán tener más formalizados en el proceso judicial.
La audiencia, que iba a comenzar a eso de las nueve de la mañana, se retrasó ya que la magistrada a cargo, Paz Reyes, pidió un receso mientras se analizaba su posible inhabilidad, luego que la defensa del cuestionado juez, Blanca Rebolledo, presentara una recusación en su contra, sosteniendo que no podía ver el caso por pertenecer a la logia masónica al igual que el investigado. Sin embargo, la acción fue rechazada por extemporánea.
Durante la sesión de formalización, el fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya, leyó los cargos en cuestión: depósitos, cheques y transferencias electrónicas en sus cinco cuentas bancarias, efectuadas coinciden con abogados de la zona, por eventual nombramientos de notarios y funcionarios judiciales.
También dio cuenta de las comunicaciones que sostenían con los litigantes e imputados de causas tramitadas en salas que integró.
El persecutor además se refirió a las disposiciones judiciales que realizó el magistrado Emilio Elgueta, en beneficio del médico cirujano, Luis Arenas Contreras, quien lideraba en Rancagua una red de tráfico de psicotrópicos sujetos a la ley de drogas.
El fiscal Sergio Moya solicitó nueva audiencia de formalización por otros hechos de prevaricación contra el ministro Emilio Elgueta, sin perjuicio, señala, que en dicha audiencia pueda incluir a más personas, eventualmente abogados acusados de posible cohecho y también posiblemente a los otros dos jueces suspendidos, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz.
Dicha audiencia, según lo dictaminado por la jueza Paz Reyes, quedó fijada para el próximo 7 de junio de 2019.
Además, decretó 180 días de plazo para el desarrollo de la investigación.
Destacar que esta imputación de cargos es la primera de este tipo en contra de un ministro de Corte de Apelaciones en la historia de la Reforma Procesal Penal chilena, quien es acusado por presunta corrupción.
