El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos, Mario Carroza, condenó a nueve funcionarios en retiro de Carabineros por su responsabilidad en los delitos de secuestro agravado de Ana María Campillo Bastidas y Patricia del Carmen Herrera Escobar, quienes permanecieron recluidas ilegalmente en los subterráneos de la Plaza de la Constitución durante junio y julio de 1974.
Los hechos que el magistrado dio por establecidos dicen relación con la actividad realizada por el grupo de Inteligencia de Carabineros que, luego del Golpe de Estado de 1973, se estructuró como un servicio de seguridad y represión de simpatizantes y militantes de partidos de izquierda. En 1974 esta unidad se dividió en cuatro grupos de trabajo, dos de ellos eran operativos, ‘Operaciones’ y ‘Contrainteligencia’, y los otros dos de naturaleza administrativa ‘Análisis’ y ‘Archivo y Kárdex’.
Es entonces que este servicio comienza a efectuar procedimientos al margen de sus labores institucionales, y asume un rol represivo con seguimientos, allanamientos, detenciones e interrogatorios bajo tortura en lugares clandestinos como el Cuartel N° 1, llamado ‘El Hoyo’, ubicado en el subterráneo de la Plaza de la Constitución.
Sitio del Cuartel N° 1 ubicado en el subterráneo de la Plaza de la Ciudadanía.
El ministro Carroza, durante su investigación, concluyó que el 19 de junio de 1974, alrededor de las 19:30 horas, Ana María Campillo Bastidas, simpatizante del Partido Socialista, se encontraba en calle Lynch Norte N° 390, comuna de La Reina, junto a miembros del Comité Central del Partido Socialista, cuando irrumpen cinco hombres vestidos de civil portando metralletas. Posteriormente la apresan para liberarla tres días después, para nuevamente privarla de libertad y encerrarla sin orden judicial ni administrativa alguna que habilitara tal acción.
Días después, el 27 de junio de 1974, alrededor de las 23:00 horas, es aprehendida Patricia del Carmen Herrera Escobar, universitaria de 19 años de edad, perteneciente a la Juventud del Partido Socialista, en las afueras de su casa ubicada en calle Gauchos de la Plata N° 7862, Cerrillos, también por hombres vestidos de civil, quienes le vendaron los ojos, la lanzaron al piso de un vehículo, y partieron con rumbo desconocido.
Entrada Sitio de Memoria Cuartel N° 1.
Ambas mujeres fueron trasladadas hasta el subterráneo de la Plaza de la Constitución, donde se les mantuvo encerradas por varios días, vendadas, esposadas y “sometidas a condiciones de extrema indefensión, mediante sucesivos interrogatorios y reiterados atentados contra su integridad sexual, ya que fueron violadas y abusadas sexualmente en el recinto por sus secuestradores, los funcionarios del SICAR” señala el magistrado Carroza en el fallo de 166 páginas.
En materia civil se condenó al fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada una de las víctimas.
