Hace exactamente 27 años se aprobó el texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica, principal instrumento internacional para la conservación de la biodiversidad, la utilización sostenible y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Por la importancia de este convenio, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica (mediante la resolución 55/201 de 2000), con el propósito de informar y concientizar a la población y a los Estados sobre la aplicación de dicho instrumento en todos los niveles.
A comienzos de este mes, fue aprobado el resumen para los Tomadores de Decisiones (Summary for Policymakers, SPM) de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), organismo independiente, establecido en el año 2012, cuyo objetivo es establecer un puente entre la ciencia y las políticas públicas, en materia de biodiversidad. Los resultados del informe han sido especialmente alarmantes, indicando que existe un “deterioro de la biodiversidad en todas las regiones del mundo, a un ritmo sin precedentes” y, que debido a la intervención antrópica, se está reduciendo de forma dramática la capacidad de la naturaleza de contribuir al bienestar humano.
Dentro de los principales datos que se desprenden del informe, podemos mencionar que alrededor de un millón de especies vegetales y animales se encuentran en peligro de extinción y podrían desaparecer en las siguientes décadas; el 75% del medio ambiente terrestre y el 66% del medio marino han sido modificados significativamente por la acción humana; y más de un 33% de la superficie terrestre del mundo y casi un 75% del agua dulce son para la agricultura o el ganado.
Asimismo, los expertos identifican los cinco impulsores directos de estos niveles de destrucción en la naturaleza, los cuales son: el cambio en el uso de la tierra y el mar; la explotación directa sobre los organismos; el cambio climático; la contaminación; y la introducción de especies exóticas invasoras.
Pero lo que resulta más llamativo en este informe, emanado de un organismo ligado a las Naciones Unidas, es el llamado a un cambio transformador del modelo de desarrollo imperante. Esta vez, el IPBES no se limita solo a hablar de desarrollo sostenible, y va más allá apuntando a la necesidad urgente de cambiar de forma drástica y definitiva el modo en que los seres humanos venimos haciendo las cosas. La conclusión del reporte es una sola: debemos actuar para detener y reducir el uso no sostenible que hacemos de la naturaleza o pondremos en peligro la vida de muchas especies en el planeta. Es urgente un cambio fundamental a todo el sistema, tomando en cuenta factores tecnológicos, económicos y sociales, incluso en términos de paradigmas, objetivos y valores.
Considerando el estado de la situación actual, ya no es posible tener representantes o gobernantes que “no crean en el cambio climático”, o que les parezca buena idea la destrucción de la Amazonía para disponer de más territorio para la explotación minera o para la crianza de ganado. El impacto de este tipo de decisiones es a escala global y es a ese nivel que debemos modificar la relación que tenemos con la naturaleza y las decisiones que tomamos.
Esta reflexión es también urgente de aplicar en nuestro país, que sistemáticamente ha replicado el paradigma de crecimiento, favoreciendo actividades que destruyen directamente la naturaleza, donde ejemplos sobran con la instalación de salmoneras en las aguas más prístinas del planeta, sobreexplotación de los recursos pesqueros, destrucción de suelos con plantaciones forestales y agrícolas, destrucción de glaciares con la minería, por sólo mencionar algunos. Nuestros gobernantes deben tomar las recomendaciones de este informe, incorporarlas en las políticas públicas y materializarlas en medidas concretas, pues este problema no se resuelve únicamente con la creación de un Servicio o institucionalidad determinada, sino con repensar las prioridades del Estado en su conjunto.
