Por 115 votos a favor y 16 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que aumenta las penas a los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de estos, iniciativa más conocida como “Ley antiportonazos”.
El Senado ya había aprobado esta iniciativa que tenía urgencia por parte del Gobierno, por lo que después de su despacho en la Cámara Baja, la prenormativa quedó en condiciones de ser promulgada como ley.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick -presente durante la votación-, valoró la amplia acogida que tuvo la iniciativa.
“Aumentamos las penas para los que participan de estas acciones delictuales y contra aquellas personas que compran autos o piezas de autos que vengan o que tengan su origen en este tipo de robos, de asaltos. Vamos a tener más herramientas para que policías y fiscales, ante los tribunales de justicia, puedan mejorar y ser más eficaces en la lucha contra la acción de los delincuentes”, afirmó.
La iniciativa contiene medidas especiales, entre ellas, penas que pueden alcanzar los 20 años de cárcel al considerar situaciones agravantes, tales como la receptación o la presencia de menores en los vehículos.
La ley también exigirá a las concesionarias de rutas a informar del paso de vehículos con denuncias de robos a requerimiento de la autoridad.
La diputada del PPD y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Andrea Parra, destacó la aprobación del proyecto de ley conocido como “Ley Fabián” o “Ley antiportonazo”. Sin embargo, emplazó al Ejecutivo a revisar las prioridades en materia de seguridad ciudadana.
“Estamos satisfechos con la aprobación de este proyecto de ley, pero también hemos hecho ver al Ejecutivo que, en definitiva, nos parece que tiene que revisar el orden de las prioridades en términos de materia de seguridad. ¿Por qué estamos hablando de narco funerales, cuando debiéramos estar hablando de narcotráfico?, ¿por qué estamos hablando de revisión de mochilas, cuando debiéramos de convivencia escolar? Yo creo que el Gobierno debe reorientar sus políticas públicas y debe hacer una mirada más profunda respecto del tema”, argumentó.
Respecto a las multas para las concesionarias de autopistas que no informen sobre el paso de vehículos encargados por robo, el proyecto de ley “Antiportonazo” agrega que: “el incumplimiento de esta disposición se sancionará con multa de 10 a 100 Unidades Tributarias Mensuales (entre 487 mil a los casi 5 millones de pesos), y será competente para el conocimiento de esta infracción el juez de policía local del lugar en que tenga su domicilio el concesionario respectivo”.
