Se adelantó un día. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó, antes de lo previsto, sus conclusiones sobre la visita que realizó a Venezuela entre el 19 y 21 de junio.

En un informe de 18 páginas, la ex presidente de Chile sostuvo que, al menos desde el año 2016 a la fecha, el Gobierno de Venezuela ha adoptado una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

Según un comunicado publicado por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, “el informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019”.

El documento hace hincapié sobre la escasez de alimentos, agua y medicamentos esenciales a los que el pueblo venezolano no puede acceder, al menos, de manera expedita.

Sobre la represión del Estado -y según lo escrito por Michelle Bachelet en el documento- durante su visita a Venezuela la ex mandataria pudo “conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”.

Al respecto, la médica de profesión sostuvo que “el Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia—y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión. La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas. Estamos dispuestos a colaborar con todas las autoridades competentes y a seguir promoviendo los derechos de todos los venezolanos, cualesquiera sean sus afiliaciones políticas”.

Sobre la violencia que se registra en la nación sudamericana, el informe señala que “los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La Oficina ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos”.

También se indica que la mayoría de las víctimas de violencia y represión por parte del Estado no denuncian a la Justicia, por miedo a represalias o, simplemente, porque no confían en las instituciones pertinentes.

Por último, Bachelet hizo un llamado a autoridades venezolanas e internacionales para que contribuyan a solucionar la crisis venezolana.

“Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando”.