La situación del Instituto Nacional debe ser contextualizada en el marco de la latamente diagnosticada crisis de la educación pública, crisis que es consecuencia de más de cuatro décadas de políticas neoliberales que han destruido sistemática e intencionadamente lo público.

Una de las aristas de esta situación es el abordaje de las autoridades municipales y ministeriales de los conflictos educativos, las cuales, en este caso, dan cuenta no solo del fracaso de los sucesivos sostenedores para comprender y abordar los conflictos y las demandas estudiantiles sino que, en contenido y forma, son contrarias a las propias políticas ministeriales de convivencia escolar que desde un enfoque formativo han planteado la resolución de las problemáticas a través de formas dialogadas.

No cabe validar ni justificar las conductas violentas de un grupo reducido –muy reducido- de estudiantes. Grupos radicalizados siempre ha habido y habrá en todos los movimientos sociales, gremiales y políticos y no solo en los movimientos juveniles. Sin embargo, resulta un contrasentido enfrentar la situación actual con medidas que no sólo incitan a más violencia, sino que son violentas en sí.  La ley de Aula Segura, el control de identidad preventivo, la revisión de mochilas, las cámaras de seguridad, la presencia de carabineros afuera y adentro del liceo, la intervención de la PDI y las recientes amenazas de cierre, refundación y/o “reubicación de los buenos alumnos” (¡¿?!), son medidas y provocaciones que sólo agregan más combustible. Medidas que “enseñan” que la resolución del conflicto le compete al Ministerio del Interior y no al de Educación. ¿Cabe entender que la solución está en el uso de la fuerza -física y simbólica- y no en la educación? ¿Cuál es la naturaleza de fondo del conflicto?

Son múltiples las declaraciones que desde el mundo adulto hablan de, sobre y por los estudiantes, las que terminan por invisibilizar, criminalizar y/o banalizar ¿intencionadamente? la demanda estudiantil. Es necesario entonces volver al origen y abordar con seriedad el petitorio del Centro de Estudiantes, que es fruto de un extenso proceso de reflexión, el cual, entendido como un todo sistémico, da cuenta de la comprensión estudiantil de la gradualidad de los cambios y de la jerarquía de las diversas demandas. Éste contempla peticiones internas y externas estructuradas en torno a medidas de corto, mediano y largo plazo, que muy escuetamente cabe sintetizar en tres ejes:

Contenidos de estudios y formación: cambios curriculares que apuntan a fortalecer la preparación de estudiantes y docentes en las dimensiones de género, sexualidad, inclusión y ciudadanía frente al próximo cambio del establecimiento a mixto, entre otros.

Convivencia escolar: fortalecimiento de las relaciones comunitarias a partir de la promoción de diálogos formativos en las relaciones interestamentales, así como la regulación -a través de protocolos- de la violencia de género y de la participación estudiantil, entre otros.

Contexto para el aprendizaje: mejoramiento de infraestructura, salubridad y alimentación diversa que permitan condiciones básicas y un ambiente propicio para el aprendizaje.

En la búsqueda de soluciones a la crisis es central la comprensión de los contenidos de fondo de la demanda estudiantil y otorgar un rol protagónico y validado a las organizaciones estudiantiles; por la justeza de las demandas, porque son quienes pueden enfrentar a sus pares más radicalizados y, sobre todo, porque son el centro de los procesos educativos cuya transformación no puede esperar más. Los problemas educativos se resuelven con más educación.

(Petitorio completo CEIN https://www.cnnchile.com/pais/petitorio-estudiantes-instituto-nacional_20190520/)

La autora es Directora Centro de Estudios SABERES DOCENTES y Profesora Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.