El domingo recién pasado, distintos medios de prensa escrita publicaron un inserto promovido y firmado por los principales gremios empresariales, bajo el título: Alerta, Reforma al Código de Aguas amenaza Certeza Jurídica y Bienestar de la Sociedad y las personas.

Analizando el título, constatamos que la sociedad empresarial de nuestro país, no está dispuesta a ceder un paso en la restitución de los derechos humanos y de los bienes comunes que se nos ha arrebatado desde la imposición de la constitución de los ´80.

Los tópicos sobre los cuales se levanta esta declaración, apunta al desdén de ese pequeño grupo de poder, frente al resto de las poblaciones y de los ecosistemas entrelazados en este largo territorio llamado Chile. Donde solo defienden el derecho de propiedad privada, como si fuese un “trofeo” que beneficia a la sociedad en su conjunto, pero que en realidad no contiene nada de gesta, ni de colectivo. Es simplemente fruto de una imposición que necesitó de un poder tirano para constituirse; en un sector político permeado por las ideas de una alianza Estatal público-privada, que ha sido el bastión neoliberal de los últimos 30 años.  Donde el bienestar de la sociedad y las personas, ha sido entregado a manos del mercado, en una construcción de sociedad profundamente injusta.

Injusticia que tiene como resultado la irrupción de más de un centenar de conflictos socioambientales, constituyendo evidencia tangible de la desigualdad, de la imposibilidad de participar en la toma de decisiones respecto al territorio.  ¿Cómo se pretende traducir certeza jurídica, si existe una imposibilidad que las y los habitantes de los diversas comunidades se opongan a proyectos de alto impacto para el devenir sociocultural de sus territorios?

El inserto distribuido el domingo reciente, es violento e inaceptable, pues en el existe una omisión directa a nuestra historia contemporánea, donde el agronegocio solo ha significado el enriquecimiento de  grupos empresariales que acaparan el agua, que intervienen sus cauces y arroyos, degradan y contaminan la tierra con monocultivos y agrotóxicos, para su solo beneficio. Donde justamente son los pequeños agricultores y campesinos, quienes han experimentado la indolencia de un régimen de privatización del agua, que los (y nos) destina a una subsistencia cada vez más quimérica.

Asimismo la minería, que en su fase de mega-minería tanto nacional como transnacional, las vuelve en un actor falto de “inocencia” frente a esta declaración, pues es uno de los rubros que utiliza una gran cantidad de agua para sus faenas, las expone constantemente a la contaminación de químicos tóxicos, pero además, concentra grandes volúmenes bajo su propiedad. Por tanto, su desvío, acaparamiento y concentración, no solo nos sitúa en una imposibilidad de establecer prioridades de uso respecto a las poblaciones humanas y los distintos ecosistemas, si no que nos condena a afectaciones cuyos impactos son insospechados bajo las actuales condiciones de estrés hidrográfico y climático que, en más, vivenciaremos.

Finalmente, no descuidemos que esta “alerta” empresarial se construye a partir de la reforma impulsada en el gobierno de Bachelet, que está lejos de poner en la discusión la desprivatización del agua, y con ello de “sustituir el régimen de propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento” que tanto “teme” el mezquino sector empresarial, pues sólo toca el 10% de las aguas que no se han constituido en propiedad. Por ende, está lejos de replantear el país que queremos ser, en las condiciones económicas, políticas y socioambientales que queremos, y a las que debiésemos aspirar a llegar.

[1] Antropóloga, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA.