Ayer un poco después del mediodía nos alegró el anuncio de la intendenta de Santiago, Karla Rubilar, de rechazar la autorización para la llamada marcha antimigrante. Pensamos que el país había establecido lo que en Francia se llamó un “cordón sanitario”, es decir, un consenso nacional mínimo contra los discursos de odio y discriminadores, en aquel caso cuando el candidato de la ultraderecha, Jean Marie Le Pen, pasó a la segunda vuelta de las elecciones de 2002. Alcanzamos en nuestras divagaciones a ver a los líderes socialistas y de la derecha, Lionel Jospin y Jacques Chirac, encabezando una multitudinaria marcha tomados del brazo para decirle NO a esas expresiones.

Pero esos flashes entusiastas se esfumaron rápidamente cuando la Intendenta aclaró que su prohibición no se debía al carácter políticamente aberrante de la marcha, ni a que en consideración de varios expertos la convocatoria viola la Constitución y los convenios internacionales, sino a la coincidencia con el Día del Niño y a problemas de seguridad. Junto al silencio de La Moneda, en resumen, lo más relevante de ayer no es lo que se dijo, sino que las autoridades del oficialismo perdieron la necesaria oportunidad de expresar su rechazo.

A principios de esta semana, los representantes de las organizaciones migrantes responsabilizaron políticamente al Gobierno por la convocatoria al afirmar que su actuar había dado alas a estas posiciones extremas. Entendemos que es temeraria una aseveración de este tipo y que se requiere especial solvencia para sostenerla. Desde marzo del año pasado hasta la fecha suponemos que, entre las razones para fundamentar algo así,  se puede mencionar: la política de cerrarle la puerta a los haitianos y devolverlos a Haití, que es el peor lugar donde estar hoy por hoy en América Latina y el Caribe; la afirmación del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, de que la migración no es un derecho humano; y el retiro de nuestro país del Pacto Mundial de Migraciones, entre otros hechos.

Con todo esto, que reunido da cuenta de una evidente política hostil, aun hay un trecho hacia la afirmación que el Gobierno podría tener algún tipo de connivencia con llamados abiertamente discriminatorios y lindantes con la persecución hacia la comunidad migrante. Así como la Biblia dice “una palabra tuya bastará para sanarme”, bastaba una sola declaración de alguno de los ministros de La Moneda o, por último, de la propia Intendenta, en el entendido de que hubiera hablado en nombre de su gobierno, para dar una señal de desmarque que le hubiera hecho muy bien al país. Por el contrario, es evidente que el Ejecutivo evitó, esquivó, fue huidizo con el rechazo a la razón misma de la convocatoria. Esa actitud preocupa profundamente y termina por darle la razón a quienes señalaban con el dedo hacia La Moneda. No sabemos cuánto daño le estamos haciendo a la convivencia nacional al hacer estos guiños por omisión a posiciones extremistas, pero sí tenemos la desastrosa experiencia internacional de lo que pasó cuando otros, antes, siguieron el mismo camino.