Tal como ocurrió hace ocho años, el Presidente Sebastián Piñera anunció que su gobierno impulsará una iniciativa “que fortalece el orden público”, más conocida como la Ley Anti Encapuchados.

Las masivas movilizaciones en pleno auge del movimiento estudiantil en 2011, llevaron al Ejecutivo de ese entonces a impulsar la polémica propuesta legal, la que fue fuertemente cuestionada por parte de la oposición y representantes del mundo social, quienes argumentaban que ésta criminalizaba la protesta, además de trasgredir el principio de presunción de inocencia.

Y pese a que el proyecto fue rechazado en 2013, durante los próximos días el Gobierno buscará re impulsar la iniciativa argumentando –en palabras del Presidente Sebastián Piñera- la necesidad de contar con “elementos más eficaces y más poderosos para combatir la delincuencia”.

Todo esto en un contexto de manifestaciones y de incidentes con bombas molotov, protagonizados por personas encapuchadas en algunos recintos educacionales del país.

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, detalló que el ministro del Interior, Andrés Chadwick se encuentra elaborando una propuesta para reflotar la medida, la que sería respaldada por sectores políticos ajenos al oficialismo.

De esta forma, La Moneda haría efectiva una de estas opciones: enviar un nuevo proyecto de ley o presentar una indicación a alguno de los que ya están en el parlamento, entre ellos, uno firmado por el diputado DC, Gabriel Silber.

La diputada PPD e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Andrea Parra.

Consultada sobre este tema, la diputada PPD e integrante de la comisión de seguridad de la Cámara, Andrea Parra fue enfática en que una propuesta de éstas características no va a solucionar el problema de la violencia en las manifestaciones y que, por el contrario, responde a una manera de desligarse de las responsabilidades por parte de las autoridades competentes.

“Resucitar proyectos que ya fueron discutidos en el Congreso no resolverá la violencia que se vive en el Instituto Nacional, más bien parece que el Gobierno recurre a estos anuncios para endosarle al Congreso la responsabilidad de solucionar un problema que han sido incapaces de resolver. El Gobierno repite el guión”, sostuvo la parlamentaria.

Una mirada similar posee la diputada de Convergencia Social, e integrante de la misma instancia parlamentaria, Gael Yeomans, quien cuestionó que el gobierno de Sebastián Piñera insista con una propuesta de ley “que no tenía fundamento, que era discriminatoria y que no cumplía con parámetros mínimos de constitucionalidad”.

Sin embargo, desde la Democracia Cristiana manifestaron una disposición a analizar la iniciativa. El diputado Gabriel Silber, quien es autor de una de las mociones, mostró una postura favorable a sancionar como falta el ocultamiento del rostro con ocasión de alteraciones al orden público.

El diputado del Partido Demócrata Cristiano, Gabriel Silber, presentó una de las mociones que busca establecer como falta el esconder la identidad.

“No puede existir esta sensación de impunidad respecto de aquellas personas que cometen delitos en la vía pública, desordenes, u otros actos incluso más graves ocultando su identidad mediante el encapuchamiento. En consecuencia, queremos tomar la propuesta que hace el Presidente Piñera, conocerla en detalle y avanzar en esta linea”, indicó Silber.

La propuesta de Gabriel Silber, junto a los diputados Gonzalo Fuenzalida, Marcela Sabat y el ex parlamentario PPD, Daniel Farcas, también fue objeto de múltiples críticas del mundo político y social, pero también de expertos.

El abogado penalista de la Universidad de Chile, Jaime Winter, explicó a nuestro medio que ya existen normas, como es el caso del artículo 85 del Código Procesal Penal, que permiten el control de identidad a encapuchados, medida que no se estaría utilizando.

“La detención en Chile no puede ser constitucionalmente por otra cosa que no sea la comisión de un delito o que tengan que ver con una investigación penal. Detenerlos como una medida de fuerza es completamente ilegítimo, está fuera de lugar. Si se busca luchar contra la violencia en las marchas, hay otras formas más efectivas”, señaló el abogado.

En caso de contar con los votos de la Democracia Cristiana, el Gobierno podría sacar adelante la cuestionada iniciativa. Sin embargo, hasta el momento desde la bancada falangista no ha habido un pronunciamiento favorable sobre dicha materia.