En la mañana de este martes, el Tribunal Supremo británico, integrado por 11 jueces, entregó su veredicto respecto de la orden dada por la Reina Isabel II de cerrar el ejercicio parlamentario por un lapso de cinco semanas a petición del Primer Ministro, Boris Johnson.
Se trata de una resolución histórica y que podría modificar para siempre la estructura constitucional del Reino Unido, toda vez que los magistrados decidieron que es el Parlamento el que tiene prevalecencia por sobre el Gobierno en materia de capacidad legislativa y de control.
Los jueces dedicaron tres días a la deliberación de la legalidad del cierre del Parlamento, recibiendo en audiencias públicas los argumentos de ambas partes y también de terceros interesados en la causa como el ex primer ministro tory John Major, quien rechazó tajantemente la decisión de Johnson.
Según expresó la presidenta del tribunal, Brenda Hale al momento de dar lectura al fallo, la orden emitida por la Reina “era como una hoja en blanco, porque la decisión era nula de origen”. Lo anterior significa que se debe proceder como si la supensión del Parlamento nunca hubiese sucedido y es prerrogativa del speaker, John Bercow, el llamar nuevamente a los parlamentarios a ejercer sus funciones.
Magistrada Brenda Hale. Captura de pantalla @BBC
Según reporta la BBC, Bercow manifestó que la Cámara debía volver a funcionar con normalidad “sin demora”.
Corbyn pide la renuncia
Quien no mostró demoras en reaccionar a este inédito fallo del Tribunal Supremo, fue el líder laborista Jeremy Corbyn que, sin ambages, pidió la dimisión inmediata del jefe de gobierno. “Pido a Boris Johnson que reconsidere de inmediato su posición, tras el abuso de poder que ha cometido, y pase a convertirse en el primer ministro del Reino Unido con el mandato más corto en la historia”.
Johnson, quien se encuentra en Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de la ONU, ha repetido incansablemente que no dimitirá a su cargo, aun si la decisión del Tribunal Supremo le era adversa. Su fundamento para la suspensión del ejercicio parlamentario se basa en la necesidad de que su gobierno presente la agenda legislativa y así iniciar una nueva etapa en la conducción del Reino Unido, atrapado desde hace meses en un Brexit que se pospone sin llegar a acuerdos con la Unión Europea.
La resolución de los magistrados británicos no cuestiona la actuación de la Reina Isabel II, sino que analiza la legalidad del consejo entregado a ella por el Gobierno encabezado por Johnson. Es por ello que un amplio sector político exige la salida de Johnson al considerar que actuó de mala fe en su rol de aconsejar a la Jefa de Estado.
