En un callejón argumental sin salida se han ido metiendo las AFPs y el Gobierno en su intento por demostrar que si bien las cotizaciones previsionales son de los trabajadores, no pueden disponer de ellas. Para pesar adicional del Ejecutivo, una vez más el ministro Nicolás Monckeberg empieza a quedar comunicacionalmente acorralado, tal como ocurrió con el proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. La imagen de un gobierno contrario a los intereses de los trabajadores empieza a convertirse en un severo problema para La Moneda.
En el debate político, en los canales de televisión y en las encuestas representantes de las AFPs y del Ejecutivo pierden la batalla de las ideas. El debate, ciertamente, es técnico y complejo, pero las percepciones los defensores del sistema se han acostumbrado a maniobrar en un país donde el repudio abunda y en donde, a pesar de los enormes y multitudinarios esfuerzos del movimiento social chileno por provocar un cambio, la pared no se ha podido mover. Hay quienes piensan que la impunidad que sostiene un sistema instaurado en dictadura y contra la voluntad actual del pueblo podría perpetuarse, pero también la Historia demuestra que la ilegitimidad es el primer paso, quizás lento, hacia la decadencia de un determinado orden.
Así, hay un paralelo entre la presentación que será considerada por el Tribunal Constitucional, respecto de la constitucionalidad del Decreto de Ley 3500 que regula todo el sistema de las AFP, y la Reforma Previsional que se discute en el Parlamento. La articulación entre el poder económico y el poder político en defensa de las AFP, que para ser sinceros incluye a todos los gobiernos desde la Dictadura en adelante, ha actuado sobre la base de que nada se debe modificar y que si algo se modifica, es para que nada cambie. Así es también el proyecto de supuesta reforma previsional que el Gobierno ha ingresado al Parlamento, donde entre otras cosas se discute el aumento del porcentaje de cotizaciones, pero no el sistema de capitalización individual ni la situación privilegiada actual de las AFPs.
Para esquivar la caricatura que han intentado construir algunos actores en estos días, la Coordinadora NO+AFP no es partidaria de que los trabajadores puedan retirar sus ahorros previsionales. Es decir, el objetivo de la estrategia judicial no es, como dijeron algunos, que las personas se vayan al mundial o vivan una bacanal que por lo general esta vida les niega. No. El propósito de la estrategia es que el ahorro de los trabajadores sirva única y exclusivamente para pagar pensiones y no, como es ahora, como un enorme fondo al servicio de la inversión de los grandes grupos económicos para su propio enriquecimiento, sin que los trabajadores que son, por decirlo así, los socios capitalistas de este negocio, tengan ninguna posibilidad de opinar. En respuesta a esa cerrazón es que se realiza esta presentación.
Tampoco es muy adecuado sostener que estas presentaciones judiciales tienen por propósito dejar a la gente sin jubilaciones, puesto que de hecho en Chile hoy los adultos mayores no tienen jubilaciones. Ni siquiera entraremos en que la palabra “jubilación” proviene de “júbilo”, porque tal sentimiento es imposible en un país donde casi todas las pensiones se encuentran bajo la línea de la pobreza definida por el propio Estado.
Ciertamente hay autoridades políticas y dueños de AFPs con una determinación radical en favor de que nada cambie, pero a la vez hay un movimiento social determinado que no se cansa ni se amilana y que, con su persistencia, augura un futuro que ojalá llegue pronto donde podamos tener un sistema que otorgue efectivamente dignidad a los trabajadores y trabajadoras, luego de su vida laboral activa.
Foto referencial @Getty Images
