“Comunico mi decisión de renunciar de manera irrevocable al cargo de Segunda Vicepresidenta Constitucional de la República” y “cumplo con declinar el encargo conferido” por el Congreso de sustituir a Vizcarra, escribió Aráoz en una carta al jefe del Legislativo, Pedro Olaechea, que ella difundió en su cuenta de Twitter.
He decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Vicepresidenta Constitucional de la República. Las razones las explico en la carta adjunta. Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país. pic.twitter.com/c4tz4tnzMw
— Mercedes Aráoz (@MecheAF) 2 de octubre de 2019
Además, agregó en la red social que esperaba que su renuncia condujera al adelantamiento de las elecciones generales (presidenciales y legislativas), una propuesta de Vizcarra formalmente rechazada por el Congreso la semana pasada y a la que ella misma se oponía.
Pese a que Vizcarra disolvió el Congreso el lunes, no ha habido caos en Perú: la bolsa y el dólar se mantuvieron estables y todas las actividades se desarrollaban normalmente.
Aráoz, quien se alió con sus antiguos adversarios fujimoristas para enfrentar las iniciativas del presidente, decidió renunciar luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazara involucrarse en la disputa de poderes en Perú.
Su dimisión fue saludada por el nuevo primer ministro de Vizcarra, Vicente Zeballos, quien dijo que Aráoz “está corroborando su actitud demócrata”.
Vicente Zeballos
La OEA dijo este martes que competía al Tribunal Constitucional de Perú pronunciarse sobre “la legalidad y legitimidad” de la disolución del Congreso. Además, consideró “constructivo” que Vizcarra convocara a comicios legislativos para el próximo 26 de enero.
Los líderes del disuelto Congreso evalúan ahora presentar un recurso ante el Tribunal para que revoque la disolución, aunque desconfían de sus magistrados, dijo Olaechea.
“Sabemos que el Tribunal es adicto al gobierno”, expresó el jefe parlamentario a corresponsales extranjeros.
Una disputa con el parlamento sobre la designación de magistrados del alto tribunal condujo a Vizcarra a disolverlo.
Lima ha permanecido tranquila. Lo único inusual el martes era la fuerte vigilancia policial en el Palacio de Gobierno y el Congreso.
La Iglesia llamó a la calma y a “actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático”, pero la cúpula empresarial acusó a Vizcarra de perpetrar una “violación de la Constitución”. Los líderes del Congreso también lo acusan de haber dado un “golpe de Estado”.
Tras la disolución del Congreso, varias manifestaciones coloridas y bulliciosas se celebraron en todo el país en respaldo a Vizcarra. En cambio, nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya actuación es rechazada por casi el 90% de la ciudadanía, según sondeos.
Desde 1992
Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio lo que fue calificado como un “autogolpe” y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Ahora, en cambio, Vizcarra invocó la Constitución para dar este paso y no ha coartado libertades civiles ni copado otras instituciones.
El Jurado Nacional de Elecciones, que es autónomo, convalidó este martes la convocatoria a los comicios parlamentarios, en los que votarán 23 millones de ciudadanos mayores de 18 años.
Hasta los comicios funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas. Ellos son ahora los únicos autorizados por la policía para ingresar al edificio legislativo, de acuerdo a la ley.
Los legisladores cesados no pueden postularse a la reelección y, de hecho, ya perdieron sus privilegios: el parlamentario Roberto Vieira no pudo abordar un vuelo a Estados Unidos este martes en el aeropuerto de Lima con su pasaporte oficial.
Vizcarra había advertido el domingo al Congreso que lo disolvería si le negaba el lunes un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con lo que buscaba impedir que estuviera dominado por la oposición.
El Congreso hizo caso omiso y tras el decreto de disolución aprobó la suspensión temporal del presidente y designó en su lugar a Aráoz, quien se había distanciado del mandatario. Sin embargo, el gobierno siguió en manos de Vizcarra.
En las calles se puede percibir la popularidad del mandatario. “Nosotros queremos democracia, que se cierre el Congreso se respalda”, dijo a la AFP la enfermera Sandra Luyo, de 45 años, en Lima.
Por su parte el abogado Ángel Sotomayor, de 60 años, manifestó su apoyo a Vizcarra y destacó que el Congreso estaba dominado por un grupo político cuya “jefa está en la cárcel”, en referencia a Keiko Fujimori, quien se halla en prisión preventiva.
Las Fuerzas Armadas y la Policía expresaron su lealtad a Vizcarra, quien también recibió el apoyo de numerosos gobernadores regionales y de la Asociación de Alcaldes.
Vizcarra debe su popularidad a su cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro presidentes anteriores quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir dádivas de la constructora brasileña Odebrecht.
