En mayo pasado, la Corte Suprema falló a favor de la comunidad de Quintero y Puchuncaví luego de acoger un recurso de protección presentado por organizaciones y vecinos en contra del Estado, y se establecieron una serie de medidas que el Ejecutivo debe adoptar para determinar los contaminantes de la zona y mitigar el daño a la salud de los ciudadanos.
Este fue uno de los principales temas abordados en el foro Quintero-Puchuncaví: El derecho a la salud, ¿hipotecado?, actividad realizada en conjunto por Radio Universidad de Chile y el Departamento de Enfermería de nuestra casa de estudios.
En la instancia participaron el diputado de Convergencia Social y representante del Distrito 6 que incluye a Quintero y Puchuncaví, Diego Ibáñez, la integrante de la Casa de la Mujer y de la Mesa socio ambiental de Quintero, Carolina Orellana, la académica de la Universidad de Chile y miembro del Núcleo de investigación e intervención de desastres, Adriana Espinoza y Ricardo Pérez, del Núcleo de emergencias y desastres y académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile.
Al referirse a cómo el fallo de la Corte Suprema ha influido en la mejora de la situación en esta zona de sacrificio, desde la comunidad, Carolina Orellana indicó que, si bien el Gobierno asegura que lo ha estado implementando, lo cierto es que los vecinos no han notado cambios.
“Nosotros que vivimos ahí no sentimos que el fallo se esté implementando en nuestra comunidad, primero porque si así fuese no habríamos conmemorado un 24 de agosto con 49 niños intoxicados nuevamente, esta vez en Ventanas. Sabríamos por ejemplo que la gestión de episodios críticos, que es parte del plan de descontaminación, y que se activa de acuerdo a la mala condición de ventilación de la comuna, sería efectiva, pero llevamos desde el 8 de octubre hasta hoy 303 días con mala calidad del aire”.
“Hay algunas acciones puntuales que han venido sucediendo en Quintero y Puchuncaví durante 54 años que nos dan esta sensación de incertidumbre, de inseguridad, de incredulidad. Además que todas las acciones eran para ayer, está todo muy atrasado, todo es urgente porque el daño es real“, agregó Carolina Orellana.
Por su parte, el diputado Diego Ibáñez, que forma parte de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, abordó el actuar del Parlamento frente a la crisis de Quintero y Puchuncaví, y señaló que, si bien la mayoría de las acciones deben ser presentadas desde el Ejecutivo, a través de proyectos de resolución y fiscalización los parlamentarios han intentado intervenir en la crisis.
Además, el representante del distrito 6 comentó que uno de los principales problemas que se destacan hoy es cómo, aun cuando los niños, niñas y adolescentes han sido los más afectados, no son considerados en la participación ciudadana.
“Hay varios problemas y creo que uno de los fundamentales se arroja a propósito del estudio que hace la Defensoría de la Niñez en Quintero Puchuncaví que es la falta de mecanismos de participación ciudadana para la niñez. Yo diría que efectivamente hoy el segmento más afectado en esta crisis es quien se intoxicó de manera más masiva, que es la niñez y la adolescencia, y ellos no tienen mecanismo de participación ciudadana porque se les ha extirpado su ciudadanía, no se les ha dejado participar en sus términos y cualquier desarrollo de proyectos, arquitectura empresarial, finalmente termina imponiéndose desde una mirada muy adulto céntrica”.
Por otra parte, en el foro realizado en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, se analizaron los efectos que la crisis ha provocado en la salud de la comunidad. Desde la psicología, la académica de la Universidad de Chile e integrante del Núcleo de investigación e intervención de desastres, Adriana Espinoza, fue la encargada de reflexionar al respecto.
“Una de las cosas que me llamó mucho la atención es lo normalizado que está el cáncer, todo el mundo tiene un familiar con cáncer, amigos que han muerto de cáncer, gente con la que hablamos tienen cáncer, entonces son distintos niveles y eso en lo físico pero también a nivel emocional. Hay mucho desconcierto, mucha depresión, los padres están afectados en términos de tener que tomar decisiones fundamentales de vida como si se van o no de Quintero, y eso no es menor en términos de que puedan desarrollar trastornos de ansiedad en este dilema”.
Añadió que “aquí lo que hay detrás, que es muy profundo y que puede causar enfermedades psicológicas, es una gran rabia de por qué yo me tengo que ir, por qué yo no puedo criar a mis niños, que jueguen en el jardín o que salgan a recreo a jugar a la pelota y no se cierran las industrias. Es una rabia profunda y entendible y la conexión entre lo psicológico y lo médico ya se ha establecido, produce enfermedades, tiene un repercusión psicológica, somática“.
En tanto, Ricardo Pérez, del Núcleo de emergencias y desastres y académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, indicó que es necesario que este tema sea abordado desde diversas áreas del conocimiento para buscar soluciones.
“No basta solamente con más especialistas, no se requiere solamente más especialistas. Aquí se requiere que la fuente y el origen que produce y reproduce la enfermedad pare y se controlen eficazmente las emisiones, se necesita un trabajo intersectorial indudablemente, se necesita de los profesionales de la ingeniería, de los mecanismos legales, para poder finalmente resolver esta situación y transformarla”.
De esta forma, los cuatro participantes de la actividad concordaron en que es necesario ir aún más allá en las medidas que se implementan en esta zona de sacrificio, pues por ahora las soluciones presentadas luego de la crisis vivida en agosto y septiembre de 2018 no han dado resultados.
Las intoxicaciones y los varamientos de carbón han continuado ocurriendo, por lo que desde la comunidad confían en que antes de que se cumpla el plazo de un año que entregó la Corte Suprema para cumplir su fallo, puedan ver soluciones concretas y que mejoren su calidad de vida.
