Todos los años gran cantidad de afiliados a los servicios privados de salud (Isapres) reciben una notificación de alza del precio de sus planes. Todos los años parte de quienes son notificados realizan el trámite de presentar un recurso legal contra tal abuso con algún legista especializado, el que es casi automáticamente aceptado. Un gran porcentaje acepta resignado el alza, sin saber de la ilegalidad de la medida o cansados de batallar.
Todos los meses las Direcciones de Obras Municipales (DOM) aprueban permisos de edificación que no se rigen por las normativas vigentes. Los vecinos organizados apelan a alcaldes y Seremi de Vivienda; a veces son oídos sin que las DOM acaten las órdenes de anulación. Los vecinos más organizados (los menos) presentan recursos ante el Poder Judicial y la Contraloría, algunos de los cuáles son acogidos, generando en algunos casos sumarios a los directores de obras. Frente a estos casos excepcionales las DOM – junto a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y los arquitectos revisores (nombrados por las inmobiliarias) – se han pronunciado críticamente. El Ministro de Vivienda emite un decreto que intenta entregar el poder de decisión a las DOM, dejando a los vecinos desamparados.
Todos los días hay quienes notan que sus servicios de telefonía, Internet o TV por cable han bajado de precio, pero que el proveedor privado continúa cobrando lo mismo. Lograr la justa rebaja cuesta literalmente meses de batalla, al igual que cuando con la excusa de cambio gratuito de tecnología se impone un cambio de plan a otro más oneroso. La gran mayoría no da esta batalla o aceptan resignados el abuso.
Sabemos que los cortes de luz o la rotura de matrices de agua potable se deben usualmente a la falta de mantención preventiva que las empresas privadas evitan para reducir gastos y maximizar ganancias frente a contratos que el Estado no puede supervigilar, pues se desmantelan los servicios de planificación y control, despidiendo a sus funcionarios más agudos con la excusa de que “es difícil trabajar con quienes no lo hacen en la línea con lo que promueve el Gobierno”; en el intertanto se nombra a cargo del Fondo de Infraestructura al exgerente de la CChC (¿el gato a cargo de la carnicería?) y se disminuye la importancia de la evaluación social de proyectos.
Lo aquí descrito someramente está muy lejos de la forma en que operan países civilizados con gobiernos conservadores o centristas. El privilegio unilateral de la gran empresa privada controlando los servicios básicos con demanda cautiva como ocurre en nuestro país, fruto de medidas legislativas tomadas por un gobierno de fuerza en las décadas de los setenta y ochenta, es fuente de abusos diarios, persistentes, demoledores (que no pocas veces se reflejan en sorprendentes cuentas abultadas de luz o agua) frente a los cuales no sólo los pobres se sienten desamparados. Es la gota en la frente de capas medias de la población, que taladra y tortura diariamente.
No se trata, entonces, de la queja por la queja o del endiosamiento de los jóvenes. Son problemas objetivos que están presentes cotidianamente en la vida de quienes no necesariamente están en los quintiles de mayor pobreza, explicando buena parte del sentimiento de descontento y crispación que suma a estos sectores a las manifestaciones activas de rechazo a la actual organización económica. La acusación de nihilismo (que parece ser la nueva ideología de la derecha) apunta a dejar las cosas como están. La falta de equidad en el crecimiento y el abuso unilateral por parte de la gran empresa privada de servicios apuntan a la necesidad de una legislación que detenga este curso de acción. Ese es el nuevo trato social.
