Hace una semana que en Chile se inició una de las mayores crisis sociales de su historia. Con el presidente Sebastián Piñera absolutamente desbordado por una situación inédita en la posdictadura, sin plan ni horizonte, sólo ha recurrido a soltar a los militares a las calles, decretar el toque de queda en todas las ciudades grandes y medianas y suprimir libertades básicas. En las noches las fuerzas del orden deambulan a sus anchas por las calles y ya se han registrados incidentes y muertes que bajo cualquier mirada son abiertas violaciones a los derechos humanos.

Los muertos se acercaban a veinte el miércoles 23, hay denuncias de desaparecidos y en los hospitales centenares de heridos. Pese al toque de queda y la presencia militar en las calles, la población ha decidido desafiar al ejército y a los carabineros.  Enormes concentraciones en plazas, piquetes en las esquinas, cacerolas, cánticos y lienzos, barricadas por la noche e incendio de inmuebles que representan el poder político y, de forma especial, el económico. Porque esta rebelión es contra el ubicuo y abusivo poder económico, en los servicios públicos, en la salud, la educación de mercado, los créditos usureros, el transporte, la circulación vehicular. En prácticamente todas las actividades que realiza un chileno y chilena está el poder corporativo, que le arrebata parte de su esfuerzo y trabajo.

Se equivoca el gobierno y toda la clase política en estos días. Pide a la población la vuelta a la normalidad sin sacar a los militares de la calle y levanta una “agenda social” que a los pocos minutos de ser anunciada por Piñera ya era objeto de repudio y burla. A medida que pasan las horas, el clima en las calles sube la temperatura y el gobierno se hunde, en estos momentos ya con la responsabilidad de fallecidos por balas. Una población empoderada, que desafía a los militares, que insulta en su cara a los carabineros, es la que hoy levanta y también endurece su agenda, que ha puesto en el primer lugar la renuncia de Piñera.

Esto no es una sorpresa. El estallido social tal vez correspondió a un momento en la historia impredecible, como no se puede predecir la erupción de un volcán. Pero la acumulación del malestar y la ira tiene una muy larga data que se hunde en un par de generaciones maltratadas. El malestar había acumulado una fuerza que el 18 de octubre pasado explosionó.

Orígenes de la caldera

A comienzos de la década pasada durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos, un informe del Banco Mundial alertó sobre los efectos que habían tenido en Chile los años de políticas de mercado desreguladas. El organismo financiero alertaba sobre los altos niveles de concentración de la riqueza y colocaba al país como uno de los más desiguales del mundo.

Lagos había ganado la elección hacia finales de los años 90 con el eslogan de “crecimiento con equidad”, sin embargo durante su mandato las cifras del Banco Mundial continuaron en su tendencia, la que hasta el día de hoy no se han alterado.

Ese momento, recordado ya por más de una generación, tiene algunas interpretaciones. Está, por cierto, el efecto propio del orden económico, la alta concentración de los mercados, pero también la nula alteración de las políticas de desregulación a favor de las grandes corporaciones. Un segundo aspecto a destacar y posiblemente el más profundo y complejo, es el cinismo de Lagos y su equipo, en cuanto su eslogan confirma que tenía información respecto a la concentración de la riqueza y aumento de la desigualdad. Una vez en el poder y con renovadas cifras en la mano, no alteró la tendencia liberal sino que la profundizó.

En medio de la crisis social que ha detonado la chispa del alza de los pasajes del Metro Lagos asume parte de la responsabilidad, lo mismo que Piñera. Ambos piden hoy “perdón” a la población por no haber hecho una lectura de la pulsión ciudadana. Una reacción tardía hecha en pleno estado de emergencia cuando los muertos ya se elevan a cerca de veinte.

Durante esos años se produce una revuelta de estudiantes secundarios, que es reprimida por el gobierno como un desorden adolescente del que debían hacerse cargo sus padres. Lagos, apoyado por todos los partidos y las elites, despacharon la rebelión como quien castiga a unos hijos problemáticos. El incidente salió de escena durante unos años y emergió con más fuerza durante el gobierno de Michelle Bachelet, que aplacó el movimiento con políticas y un rigor de madre que nuevamente aplaudió las elites.

Las elites y la clase política estaba muy advertida sobre un malestar social de larga data y al que solo había respondido con represión policial y engaños legislativos. Porque la misma reacción tuvo más tarde el primer gobierno de Sebastián Piñera con los estudiantes de educación superior, que si bien finalmente logró doblegar a punta de gases y carros lanzaaguas, las demandas universitarias que pedían el fin del lucro en la educación tuvieron otro efecto que Piñera y las elites menospreciaron. Las reivindicaciones en la educación tenían referentes similares en cientos de otros grupos sociales, todos precarizados y humillados por las políticas de mercado. Desde la venta de medicamentos, el acceso a la salud, el transporte, la circulación por carreteras, a los servicios financiero, a las pensiones, entre otras áreas que posiblemente olvide, estaba la mano ubicua del mercado.

Los chilenos viven con una permanente mochila financiera. Casi toda la población, desde los universitarios a los ancianos, cargan con deudas en no pocos casos impagables. La vida, en estas condiciones, es simplemente una pesadilla: permanente asedio de acreedores y multas abusivas por retraso y morosidad. “Contra la precarización de la vida” levantaba como consigna en varios carteles en marchas y concentraciones.

No hace falta en estos momentos apoyar en cifras estas afirmaciones. Es tarde y fueron muchas las organizaciones y académicos que las pusieron miles de veces frente a parlamentarios, que finalmente votaban sin pudor leyes bajo la instrucción de lobistas. Porque la economía entregada a las grandes corporaciones, inversionistas y especuladores es una consecuencia de leyes y decretos pergeñados por una clase política bien financiada por la elite económica.

El estallido social es también una reacción a esta clase política comprada por el poder financiero desde inicios de la postdictadura. Desde la Democracia Cristiana al Partido Socialista y por cierto toda la derecha, ha estado en distintos grados financiada por las grandes corporaciones. Una relación de conveniencia que ha abierto una brecha insalvable entre la población y esta clase aislada y altamente repudiada según registran todas las encuestas y la mínima participación en todos los comicios políticos. Al considerar estas variables sociales, la pregunta que podemos hacernos ahora es porqué no sucedió antes.

No hay respuesta a esta pregunta. Por lo menos por ahora. La ciencia social no ofrece estos grados de precisión, como tampoco la vulcanología respecto  a una erupción volcánica. Pero hoy ningún análisis puede dejar de considerar aquellos insumos económicos, políticos y sociales que consiguieron crear una sociedad tan desigual y descompuesta.

Hay una brecha entre las élites y la población que no puede ser relacionada en días o semanas. La desconfianza que siente la ciudadanía es válida, es un rencor y sospecha acumulada por décadas de traiciones y engaños. Cuando Piñera ha hablado en estos días y pide perdón por no haber sabido captar los verdaderos problemas de la población, cuando anuncia proyectos de ley con mayor contenido social la reacción en amplios sectores de la población es de una renovada sospecha. En algún punto nos quieren engañar otra vez. Piñera busca ganar tiempo, esperar que bajemos los brazos y volvamos a las casas, oficinas y aulas para volver a ganar la jugada. Esta ha sido la reacción en las redes sociales y en las calles, con movilizaciones resueltas y amplificadas.

El estallido social cruza a diferentes clases sociales y territorios, cruza edades y bases culturales. La expresión en la protesta puede tener diferentes formas, desde las barricadas, los incendios como efecto de una indignación difícil de contener a las concentraciones, consignas y cacerolazos. todas ellas apuntan a un único fin que es la desmantelación de un orden basado en el mercado que enriquece a una minoría, como es el mismo Sebastián Piñera, a costa de una vida precarizada de millones de trabajadoras y trabajadoras.

Tras el estallido, la canalización de la fuerza desatada. Durante años las demandas para el fin del régimen neoliberal han estado conducidas por centenares de organizaciones sociales, laborales y territoriales que han movilizado a millones en las calles.  “Organización” leíamos en una enorme lienzo en una manifestación. Asambleas, conversatorios, levantamiento de propuestas urgentes, de mediano y largo plazo y administración de las fuerzas.

La gran prensa, toda la clase política y los analistas mediatizados hoy rasgan vestiduras e intentan extender las culpas. Es muy probable que no tuvieran la capacidad de anticipar la crisis y el estallido social, pero las demandas ciudadanas eran constantes, persistentes y claras. Otra cosa es que nunca las quisieron atender. La reacción de toda esta clase, que reúne a políticos, gobernantes, los grandes medios y sus periodistas, académicos liberales y el tremendo poder económico y financiero, pasó de la omisión, la manipulación de datos, el engaño mediante interminables trámites parlamentarios hasta la represión pura y dura. Aludir a la sorpresa, a una mala lectura del sentir y los clamores ciudadanos es hoy un acto que solo puede reforzar la indignación en las calles. Es desvergüenza y provocación.

La actitud de indolencia y desprecio que ha tenido la clase gobernante y las elites chilenas expresa también el enorme abismo que las separa del resto de la población, una brecha abierta por sus enormes privilegios y excesiva riqueza. Desde esa zona de confort, desde la que se controla no solo las empresas y toda la economía, sino la política, es imposible empatizar con el país.

Tras el estallido no ha venido la calma. Hay en estos momento un clima de ebullición social permanente, una clase política que se culpa del desastre y un gobierno absolutamente inepto y sobrepasado. En las calles se pide con insistencia la renuncia de Piñera, pero es también la desinstalación de todo el andamiaje político y el orden económico como una soga al cuello de la población. tal vez es hoy el momento de romper con toda la institucionalidad atada por Pinochet que toda la clase política no hizo. Un trabajo que debió haber hecho hace 30 años.