Este columnista desde hace mucho tiempo está denunciando públicamente, a través de los medios de prensa digitales independientes, como éste y otros comprometidos con la libertad de expresión, los abusos que cometen los más poderosos actores privados del sistema para engrosar sus billeteras y ello gracias a la complacencia, en calidad de encubridores y ayudistas, con las excepciones que siempre hay, de sus leales asociados enquistados en el Congreso Nacional y en los diferentes servicios de la administración del Estado.  

No debemos extrañarnos de lo que está sucediendo en este económicamente concentrado país con una ciudadanía harta de arbitrariedades e injusticias cometidas por aquellos que detentan los poderes políticos y económicos, verdaderas mafias que conforman indignas asociaciones público-privadas, cuyo único propósito es esquilmar con palabras muy refinadas a quienes no forman parte del cinco por ciento de la población del país. En Chile los refinados delincuentes de cuello y corbata purgan sus pillerías asistiendo a clases de ética en universidades privadas, las mismas que cuando eran estudiantes sus profesores les enseñaban a burlar las leyes para obtener ventajas en los mercados.

Lo que sucede con los fondos de las AFP, cuyos mandamases elegidos entre ellos, disponen de esos dineros para entregárselos en condiciones muy beneficiosas a las más poderosas empresas, incluyendo bancos, ya no tiene nombre y para manejar a sus amaños las decisiones más importantes impiden, con el beneplácito de la llamada Superintendencia de Pensiones y de todos los diputados y senadores, que en sus directorios estén reflejados los intereses de los trabajadores que, mes a mes obligatoriamente, pagando altas comisiones, engrosan los fondos acumulados de cada una de esas verdaderas sociedades de inversión. Con las ventajistas Isapres sucede lo mismo y ha tenido que ser la Corte Suprema la que ha impedido que estas voraces instituciones privadas sigan esquilmando a los enfermos.

Algunos opinólogos reclaman en las secciones cartas al director de algunos medios, porque a los jubilados que viven en sus viviendas, el Servicio de Impuestos Internos (SII) les asigna un elevado avalúo fiscal que, conforme a esa cifra, la Tesorería General de la República les cobra trimestralmente unas contribuciones de bienes raíces que muchos de ellos no están en condiciones de pagar por sus menguadas jubilaciones que reciben. No es que estemos en contra de una medida de ese tipo para alivianar la carga de esos abuelos, pero para que el Estado disponga de los recursos monetarios que requiere para implementar sus necesarias políticas asistenciales, se debe terminar con una brutal inequidad que a continuación describimos.

En efecto, la asociación ilícita que manda en Chile, a pesar de que no se justifica desde un punto de vista de la equidad tributaria, mantiene los millonarios privilegios que obtienen centenas y hasta miles de personas jurídicas y naturales con sus innumerables casas y departamentos de hasta 140 m2 útiles que alquilan en el mercado, catalogadas como viviendas económicas amparadas en el DFL 2 de 1959. 

En rigor este estatuto legal se debió haber derogado hace unos 30 años, pero la influyente Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), siempre cercana a los gobiernos de turno, como también los lucrativos Fondos de Inversión Inmobiliaria y las más grandes empresas, sistemáticamente lo han impedido. Recordemos que Piñera es un activo actor inmobiliario con su constructora Aconcagua. 

Los beneficios que tienen los dueños de esas propiedades son las siguientes:

1. Exención del 20% en el pago de las contribuciones de bienes raíces hasta por 20 años.
2. Descuento del 50% al arancel que cobra el Conservador de Bienes Raíces por inscribir su título de dominio.
3. Reducción en la tasa de timbres y estampillas
4. Exención del impuesto a la herencia y donaciones.
5. En caso de venta, la ganancia está  libre de impuesto.
6. Rentas que reciben sus dueños por los alquileres, a perpetuidad libres de impuesto.

Quien describe muy bien el escándalo tributario que se produce con este tipo de inmuebles es el ingeniero Sergio Fernández en una columna de opinión publicada en El Mostrador. Como hay que entregar datos duros y actualizados para que los que deciden se atrevan a resolver, el SII en su Oficio ORD. Nº 2493 del 3 de octubre de 2019, le informó a este columnista, conforme a la Ley de Transparencia, cuantos regalones tienen registradas allí más de 50 y hasta más de 2.000 propiedades acogidas al beneficio tributario que brinda el DFL2 del año 1959.

La respuesta de ese servicio público considera solo:  

A los 451 felices contribuyentes que tienen entre 51 y 100 viviendas.
A aquellos 255 que tienen entre 101 y 200 viviendas.
A aquellos 62 que tienen entre 201 y 300 viviendas.
A aquellos 40 que tienen entre 301 y 400 viviendas.
A aquellos 28 que tienen entre 401 y 500 viviendas.
A aquellos 51 que tienen entre 501 y 1.000 viviendas.
A aquellos 23 que tienen entre 1.000 y 2.000 viviendas.
A aquellos 25 que tienen 2.001 y más viviendas. 

Sí amables lectores, con esta formalidad “legal” se eluden los millonarios ingresos de los más ricos en nuestro querido país y el más impúdico de los privilegios es el que hemos descrito en el párrafo anterior pues les permite a estos suertudos contribuyentes a eximirse del pago de impuestos al SII por las rentas que reciben mensualmente por los alquileres de sus viviendas. Así las cosas, invitamos a Felipe Larraín, distinguido y chistoso Ministro de Hacienda, quien se maneja muy bien con las cifras, que las informadas en el párrafo anterior las introduzca en una planilla Excel y se sorprenderá cuando sus ojitos vean la inmensa suma de dinero que deja de percibir el Estado al mantener este injustificado obsequio a dichos contribuyentes. 

Por esta razón, en nuestra reunión sostenida el miércoles 23 de octubre recién pasado con Cristián Monckeberg, ministro de Vivienda y Urbanismo, le entregamos dicho Oficio ORD. Nº 2493 del SII, proponiéndole la pronta derogación de esa inicua disposición que valida los abusos tributarios por parte de los más poderosos. El ministro, al conocer las cifras, se comprometió a estudiar la materia.   

En resumen, la gente ha salido a la calle a protestar con justa razón debido a que está cansada de tanta desigualdad, mejor dicho tanta tolerada corrupción, promovida por los de arriba, y sí consideramos de la máxima gravedad la masiva destrucción delictual de bienes públicos por parte de malandrines  que no miden sus nefastas consecuencias para ellos mismos y para la ciudadanía en general. No tiene nombre, por lo asqueroso, lo que se ha visto en las pantallas de televisión respecto de antisociales que llegan en sus propios automóviles y camiones a robar diferentes productos electrónicos de los supermercados.

Ante este espontáneo estallido de rabia de las masas, ahora es urgente una completa reingeniería al interior del Ejecutivo y Legislativo, reduciéndose primeramente sus abultados sueldos e imaginativas asignaciones y en paralelo mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Las asociaciones gremiales empresariales deben entender finalmente que la honestidad es esencial para que se legitimen en los mercados, pues la sana competencia no admite ni las trampas ni los abusos que han estado cometiendo invariablemente por tanto tiempo. Llamamos a los grandes empresarios para que se esfuercen y nunca más se aprovechen de sus clientes y proveedores pymes.