La sociedad chilena está en crisis. No es sólo de un problema de representación, de pérdida de confianza en las instituciones o un descontento generalizado. La población vive frustración, agotamiento y violencia cotidiana y sistemática, durante años contenida. No son novedad los problemas estructurales que trajo consigo la implantación (forzada) del modelo neoliberal encabezado por Pinochet. Tampoco lo son los esfuerzos de los gobiernos de la Concertación por mantener, profundizar y consolidar un modelo neoliberal “maduro” (Agacino, 2013), “corregido” (Garretón, 2012) o “avanzado” (Ruiz, 2013). Nos han intentado convencer del éxito de este modelo: más empleos, mejores salarios, crecimiento económico, desarrollo tecnológico, etc. Sin embargo, detrás del aparente éxito de las cifras (promedios habitualmente), la clase política olvida que hay personas.
Las fallas del modelo son conocidas: privatización de los recursos comunes (el agua, la electricidad, el gas), explotación desmedida de los recursos naturales, distribución desigual de las áreas contaminadas (zonas de sacrificio), cambios en el sistema de transporte con foco exclusivo en la productividad, desregulación de los bienes de consumo básico (comida principalmente), aumento del costo de la vida en general (transporte, vivienda, salud, etc.), sobreendeudamiento, extensas jornadas laborales en precarias condiciones, desigualdad y violencia de género, clase, nacionalidad y raza, violencia y discriminación en los sistemas e instituciones, abusos hacia los niños y niñas tutelados por el Estado, violación de derechos humanos en comunidades indígenas, corrupción de políticos, empresarios, militares y del poder judicial, colusiones, evasiones y “perdonazos” fiscales[3], entre muchas otras que decantaron en la crisis actual.
En septiembre de este año diversos movimientos sociales encabezaron la protesta “Nos Cansamos, Nos Unimos”[4], evidenciando las fisuras del modelo en las distintas dimensiones de la vida cotidiana de la población. Más de 60 organizaciones sociales, entre ellas Coordinadora Nacional de Trabajadores/as NO+AFP, la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), la ANEF, Colegio de Profesores, la Coordinadora Feminista 8M, Confederación Bancaria, Coordinadora de Sindicatos del Comercio (SINTEC), el Movimiento por el Agua y los Territorios, se unieron para manifestar lo que de manera simplista se traduce y reduce a una crisis de “desigualdad”, evidente para los medios internacionales[5][6][7][8] y urgente para multilaterales como las Naciones Unidas[9]. El gobierno sin embargo, no escuchó.
La última crisis (evidente para muchos) explotó la semana recién pasada. Al igual que las recientes revueltas en Ecuador, las reformas neoliberales del presidente Piñera tocaron un tema sensible para la sociedad chilena: el alza del transporte público. Una vez más el Estado y la clase trabajadora deberían subsidiar un sistema que enriquece desproporcionadamente al 1%. Con el pasar de los días el gobierno declinó su propuesta, pero ya era muy tarde: el sentimiento de violencia e injusticia acumulado estos treinta años explotó como una bomba de racimo.
Como se ha demostrado, la crisis tiene un carácter sistémico y complejo. Dicho esto, en este artículo sostenemos que la dimensión espacial (la vivienda y el hábitat) es fundamental para comprender algunas de sus causas, consecuencias y posibles ámbitos de acción.
Desde una perspectiva económica, conocida es la instrumentalización histórica de la vivienda y la infraestructura para dinamizar la economía a través de la construcción y creación de empleos, y así sostener la maquillada “prosperidad” del país. Sin embargo, desde el punto de vista social, también ha sido el símbolo de las desigualdades sociales y territoriales, cuya expresión espacial son las comunas de “ricos” y de “pobres”, y cuyo fracaso cualitativo está recién siendo abordado. Desde el punto de vista académico, la privatización, neoliberalización y financiarización de la vivienda han estado en el centro del debate ideológico en los últimos años, a causa de las crisis globales del capitalismo financiero (Aalbers 2008, Rolnik 2013).
Un poco de historia. La vivienda históricamente ha sido considerada un bien patrimonial que cumple la misión de proveer refugio a quienes la ocupan, sin embargo, el poder y la riqueza hoy asociados al sistema de propiedad, sitúan a la vivienda en un lugar central en la economía-política global (Aalbers & Christophers, 2014). El espacio, transable, pasa a ser parte de un circuito financiero, donde el sector inmobiliario es considerado un atractivo campo para las inversiones institucionales, tales como las compañías de seguro, los fondos de pensión, la banca, las isapres, etc., dejando en evidencia la superioridad que tiene el valor de intercambio por sobre el valor de uso (Fields, 2017).
Hoy los fondos de inversión inmobiliaria están agudizando una crisis que, de no ser detenida, tendrá graves consecuencias. La creciente participación de los fondos de inversión, pensiones y aseguradoras en el mercado de la vivienda -fenómeno conocido como financiarización- ha derivado que en la Región Metropolitana, entre 2010 y 2015, cerca del 33% del total de suelo transado corresponda a entidades de intermediación financiera (Gasic, 2019). Este nivel de especulación, se vincula directamente con el alza de los precios de la vivienda. De hecho, un informe de la Cámara Chilena de la Construcción ha concluido que entre 2011 y 2019 el valor del precio de la vivienda ha aumentado un 67% mientras que los ingresos por hogar se han elevado sólo un 24% en el mismo periodo[10]. Las consecuencias son evidentes: la deuda de los hogares chilenos este año llegó a máximos históricos bordeando el 73%[11]. ¿Cómo se vincula esta crisis política y social al negocio del espacio financiarizado y el abuso hacia la clase trabajadora endeudada? A continuación expondremos lo que llamamos “espacios financiarizados de la crisis”, donde evidenciamos el vínculo entre las desigualdades sociales y la financiarización de la vivienda y el hábitat.
Los espacios financiarizados de la crisis
Pensiones
En el ámbito de la seguridad social, en 1982 se crea y privatiza un sistema de pensiones impulsado por el ex ministro José Piñera (hermano del actual presidente). Este nuevo mercado supuso como ganancia para las AFP $347 mil millones solo en 2017[12]. Sin embargo, los trabajadores no se han beneficiado de estas cuantiosas cifras: es un sistema que ha empobrecido a los adultos mayores y a las familias chilenas. A pesar que la promesa inicial era que en el año 2020 las personas se jubilarían con el 100% de su sueldo[13], hoy Chile es el país de la OCDE con las pensiones más bajas. De hecho, se calcula que el 80% de los chilenos recibe pensiones menores al sueldo mínimo[14].
El día 5 de febrero de este año, una pareja de adultos mayores fue encontrada muerta en la comuna de El Bosque. Ella de 86 años y él de 94, dejaron una carta encontrada por su nieta donde confesaban estar cansados de vivir y depender económicamente de su familia. Esta es la realidad de millones de personas que viven una tercera edad en condiciones indignas y de precariedad. Unos meses más tarde y fuera de toda lógica, el Ministro de Hacienda (Felipe Larraín) pedía a religiosas de un hogar de ancianos rezar “para que se solucione la Guerra Comercial”, y así poder impulsar una reforma tributaria para que las personas mayores estén exentas del pago de contribuciones (impuesto territorial). Estas son las contradicciones del Chile de los 2010: mientras los dueños de las AFP se enriquecen con rentabilidades escandalosas, existe una mayoría silenciada y oprimida que debe subsistir gracias a la caridad de sus familias y vecinos.
Hoy el negocio de los fondos de pensión está directamente vinculado al mercado de la vivienda y oficinas y es uno de los medios favoritos para incrementar la riqueza. Al analizar la memoria anual del 2017 del Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias -la principal administradora de Fondos inmobiliarios del país (ACAFI, 2016)- detectamos que sus cuatro principales aportantes son los Fondos de Pensiones: AFP Capital (18.53%), AFP Cuprum (14.14%), AFP Habitat (13.85%) y AFP Provida (12.50), contribuyendo a más del 50% de éste. Lo anterior no sólo es escandaloso en el escenario actual, donde las AFP se niegan a los retiros anticipados de parte de la población, sino que tiene graves consecuencias para la ciudad. Estas intervienen sin consideración alguna en cómo ni dónde se invierte el dinero; lo único importante es que tenga el retorno esperado. Tras analizar las Memorias Anuales de diversos fondos entre 2012 y 2017, concluimos que para los fondos, las propiedades (infraestructura, bodegas, viviendas y oficinas) se han convertido en commodities (bienes genéricos) donde no existe el valor del uso del espacio, sino que exclusivamente su valor transable (Toro, 2019). Analizados los reportes, la mayor preocupación e incertidumbre de los accionistas de los fondos es el ciclo político por el que atraviesa el país y los aspectos macroeconómicos que pudieran influir, generando un inmediato e indeseado vínculo entre política y “negocio del suelo”; y peor aún, con el ahorro obligatorio de todas las personas.
Salud
Durante la dictadura el sistema de seguros de salud mantuvo un fondo solidario público (FONASA), pero se crearon aseguradoras privadas (ISAPRES) que ofrecen mayor cobertura a quienes pagan más. Las personas deben elegir entre un sistema u otro, es decir, no son complementarios. Si bien cerca del 80% de la población está en FONASA, atenderse en el sistema público supone largos tiempos de espera y de una calidad muy distante a la del sistema privado. El acceso a fármacos también es costoso y desigual. Los gobiernos no han podido enfrentar las colusiones (prácticas oligopólicas) y las “farmacias populares o comunales” no logran tener el abastecimiento y cobertura territorial del sector privado. Esto ha tenido como resultado una población no sólo enferma, si no que también endeudada, cuyo círculo vicioso es evidentemente perverso.
El negocio en la salud tiene hoy a Chile dividido entre una salud para ricos -y clase media alta- y otra para pobres. Si bien las condiciones del sistema público son graves, desde el punto de vista del negocio inmobiliario nos enfocaremos en el sistema privado. En palabras del ex Director de Asociación de Isapres, el sistema “no se puede dar el lujo de incorporar a gente enferma”[15]. ¿Para qué es un sistema de salud si no es para gente enferma? Exacto, para las inversiones. Las Isapres, al igual que los fondos de pensiones son activos actores en el mercado inmobiliario y vehículos eficientes para invertir financieramente. Este sistema de salud que impacta fuertemente en la clase media ha hecho de las ciudades chilenas su más favorito paciente. La acción de los fondos de inversión sobre los territorios a través de la especulación y la renta está protagonizada también por las Isapres. Como ha investigado María Olivia Monckeberg (2015), los grupos económicos más grandes del país mantienen no sólo la propiedad de las Isapres, si no también son dueños de inmobiliarias y fondos que administran sus clínicas y centros médicos, medio por el cual obtienen ganancias por la construcción, arriendo y uso del espacio, siendo blancos de investigación en más de una ocasión[16]. La aseguradora Banmédica por ejemplo (del grupo Penta), es dueña de Clínica Santa María, Clínica Dávila e Isapre Vida Tres, que además posee clínicas en diversas regiones del país controlando un 26% del mercado. La Cámara Chilena de la Construcción por otro lado -uno de los principales lobbistas en la tramitación de leyes y normativas urbanas- controla Consalud, participa de Hábitat y son propietarios de MegaSalud, esta red percibió el 2014, 15 mil millones de pesos de dineros públicos por copago de bonos Fonasa[17].
Foto @Epes
Pero esto no es todo. Durante el primer mandato de Piñera se impulsó una política subsidiara para compra de días/camas en clínicas privadas, donde se destinaron más de 20.000 millones de pesos a dedo a clínicas como Las Condes o Tabancura, ubicadas en Las Condes y Vitacura, las dos comunas más ricas del país[18]. Una vez más, la transferencia de recursos públicos de todas y todos los chilenos, van a parar a los bolsillos de los más ricos del país a través del negocio del espacio.
Educación
La antigua educación nacional fue municipalizada y privatizada. Es dependiente de los subsidios estatales y de los recursos (financieros y administrativos) de las municipalidades. Las desigualdades en la calidad de la enseñanza entre colegios particulares y municipales han impulsado el distanciamiento y la desconfianza de la sociedad hacia la educaciôn pública, cuyo resultado es el imaginario vínculo entre inversión monetaria y calidad. Además, el contexto de la educación superior existen profundas desigualdades y desregulaciones. Si bien el lucro fue eliminado del“negocio de la educaciôn”, esto no trajo consigo mejoras sustantivas en la calidad, en la administraciôn financiera y en el acceso igualitario a la educaciôn superior.
El inicio de los años 2000 se ve marcado por una fuerte crítica al sistema educativo. En 2006 surgen los primeros cuestionamientos al modelo a través de la “revolución pingüina” y en 2011 las y los estudiantes universitarios salieron a las calles para exigir educación gratuita y de calidad. El principal lema de este movimiento nacional fue “No + lucro en la educación”, pero ¿Cómo se vincula esto a la ciudad? ¿Por qué el modelo neoliberal necesita que exista lucro en la educación? Si la vivienda es el corazón de la ciudad, la infraestructura es su columna vertebral. Sin infraestructura, la vivienda pasa a ser sólo un techo desprovisto de servicios -como lo es en la periferia de las àreas metropolitanas- (Rodriguez & Sugranyes, 2005).
Cuando las y los estudiantes denuncian el negocio de la educación, se referían a la triangulación financiera entre las Universidades como órganos sin fines de lucro y las constructoras e inmobiliarias que las construían y administraban (bajo el sistema arriendo) (Monckeberg, 2011). Esto también ha sido estudiado por Monckeberg, quien logra explicar la articulación del negocio entre los seguros de vida, universidades e inmobiliarias. Un claro ejemplo es la Universidad del Desarrollo, donde en aquella época Ernesto Silva Bafalluy fue socio de la Inmobiliaria Ainavillo, de la Universidad y además Presidente de Grupo Penta, vinculado a negocios de pensiones y seguros de vida (Monckeberg, 2011). A pesar de los incipientes cambios en esta materia, el Estado neoliberal sigue transfiriendo y financiando con recursos públicos a este tipo de instituciones. De esta manera, la educación y el espacio construído que la cobija dejan de tener relevancia por su uso y pasan a ser un mero instrumento de acumulación de riqueza con importantes aportes del erario público.
Vivienda
El escenario de la política territorial y de vivienda no es diferente. En el periodo de la dictadura militar se crea un sistema único de postulación a la vivienda, donde las familias son clasificadas en puntajes que definen si pueden o no tener acceso a una ayuda estatal. Esta ayuda es el subsidio a la vivienda, donde el Estado entrega a las familias un certificado de dinero intercambiable en el mercado, el cuál debería complementarse con ahorros y un crédito hipotecario. Además, se promulga una Polîtica Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) cuyos principios dejan al mercado las definiciones sobre uso, goce y explotación del suelo. Es en el marco de esta política donde el suelo se considera un recurso ilimitado, lo cual tuvo repercusiones drásticas en la conformación y consolidación de los territorios. Las familias pobres encontraron en las periferias de las ciudades un lugar para vivir. No por elección propia, sino porque era el único lugar donde el subsidio les permitía comprar. Los efectos principales de este sistema son la reproducción de la ciudad desigual, la expulsión subsidiaria de los pobres urbanos y la construcción periférica de vivienda social (desconectadas del centro de la ciudad y de los polos económicos, desprovistas de bienes y servicios urbanos, homogéneas social y espacialmente, etc.).
El “éxito neoliberal” de la política de vivienda social comenzó a mostrar sus crisis a finales de los años 90. Un lluvioso invierno de 1997 dejó en evidencia los problemas materiales de la construcción masiva y económica de vivienda social (caso conocido como casas COPEVA). Tras esto, surge la Asociación Nacional de Derechos Habitacionales (ANDHA), quienes cuestionan el sistema subsidiario y de endeudamiento para los sectores sociales más desfavorecidos (Casgrain, 2010). Este periodo de crisis es conocido como el “problema de los con techo” (Rodríguez & Sugranyes, 2004; 2005), que refiere al conjunto de problemáticas sociales y espaciales de aquellas personas que son propietarias de viviendas sociales. Esta política desigual y segregadora ha tenido consecuencias negativas tanto en la estructura de oportunidades como en la cohesión social de sus habitantes (Sabatini & Wormald, 2013).
Con los años, las autoridades han intentado instalar un “vuelco cualitativo” de las políticas urbano-habitacionales. Sin embargo, este no ha sido un vuelco, sino más bien “el rostro humano del neoliberalismo” (Hidalgo, Alvarado, & Santana, 2017) y una “hibridez neoliberal” (Fuster-Farfán, 2019). A pesar que se integran nuevos subsidios, se mejoran los estándares de construcción y se elimina la participaciôn de la banca, las bases ideológicas del modelo se mantienen. Por ello los resultados no son extremadamente diferentes a la política de vivienda instalada en dictadura. De hecho, bajo el slogan de la “integración social” (escasamente definida y problematizada) se crean subsidios que buscan mezclar a distintas poblaciones (sectores populares y medios). En teoría, y gracias a la participación activa de inmobiliarias y créditos hipotecarios, las viviendas “integradas” tendrían mejores condiciones de localización en la ciudad. Sin embargo, los datos del MINVU refutan esta hipótesis[19]. Estos nuevos conjuntos están ubicados en sectores aún más periféricos que la vivienda destinada a población más vulnerable. Sostenemos que estos programas han permitido financiar y otorgar seguridad al sector inmobiliario que vende y construye viviendas para la amplia clase media[20]. Para enfatizar la cercanía del actual gobierno con el sector inmobiliario, en 2019 se aprueba el proyecto de ley de “Integración Social y Urbana”. En breve, es una ley cuya hipótesis supone que los “problemas de integraciôn social” se resuelven acercando espacialmente a las diferentes clases sociales (como si la pobreza fuera una plaga). Para esos fines, busca entregar al sector privado el escaso suelo público para su uso y explotación, situándose además por sobre los instrumentos de planificación territorial existentes.
Las respuestas del Gobierno y la emancipación del espacio
Esta semana el gobierno de Sebastián Piñera anunció nuevas medidas para superar la profunda crisis política, social, económica y cultural en la que se encuentra Chile. A pesar de los asesinatos, las torturas, los desaparecidos y los millones de chilenas y chilenos que han salido a las calles, la propuesta del gobierno no sólo no contribuye a superar los problemas estructurales, sino que profundiza aún más el modelo. Lo anterior, ya que transfiere recursos públicos a las instituciones privadas más cuestionadas en esta crisis y este artículo. Estas, claves en el proceso de acumulación de capital financiero a costa del hábitat y el territorio, son las principales causantes de un modelo de ciudad fragmentado, excluyente, segregado y especulativo y también, los vehículos favoritos para la inversión en el espacio, patrimonio financiero que en definitiva es aportado y pertenece a todas las chilenas y chilenos, y de cuyos resultados no ven más que pensiones miserables, isapres abusivas y aseguradoras insuficientes.
Este artículo ha planteado la necesidad de entender cómo el modelo -desde cuatro sectores prioritarios para la población como lo son las pensiones, salud, educación y vivienda- ha sistemáticamente instrumentalizado el espacio para obtener mayor riqueza y acumulación de capital. Lo definimos como un neoliberalismo extremo y agresivo porque, por un lado, los sistemas de bienestar son vaciados en su objetivo y significancia de proveer a la población una mejor calidad de vida, transformándose en canales para la exclusiva obtención de riqueza de un grupo minoritario, y por otro, -sin siquiera hablar de derechos sociales- es un modelo que desprovee de toda dignidad a la clase trabajadora, exigiendo más ahorro, más horas laborales, que se levanten más temprano, que pasen menos tiempo con la familia, que paguen màs por el transporte, más distancias recorridas, mayor edad de jubilación y un largo etc.
Lo anterior no sólo ha llevado al desmantelamiento de las estructuras estatales, colectivas y de autogestión comunitaria existentes en el pasado, si no que ha provocado dràsticos cambios epistemológicos. La ciudad como tal dejó de ser el espacio de ocio, esparcimiento y construcción colectiva que algún día intentó ser (iniciando la década de los 70). Hoy la ciudad es hostil hacia las personas, un enemigo a quemar, es producto de la acumulación de riquezas, cuya reproducción responde cada vez más al sistema financiero y especulativo, en definitiva, la ciudad está compuesta de espacios financiarizados de esta crisis. Estos circuitos secundarios de acumulación (como los llama David Harvey) se montan como un jinete sobre los primeros circuitos de acumulación, provocando una doble presión hacia una clase trabajadora ya oprimida, cuyo deber es trabajar y obedecer para seguir aumentando las arcas de la clase privilegiada.
Esto no puede ser abordado de otra manera que no sea desde un cambio de paradigma y la transformación radical de las estructuras actuales. Si consideramos que el neoliberalismo fue una verdadera revolución capitalista (Gárate, 2016), los cambios que hoy necesita Chile tienen que ser igual de revolucionarios. Por ello, cualquier medida implementada desde la constitución actual -cuyo contenido otorgan garantías a la elite- y bajo las estructuras políticas dominantes, constituye sólo un analgésico con graves contraindicaciones en el corto plazo.
La ciudad, sitiada, como dijo el propio presidente, ya ha sido olfateada, reconocida y abrazada como un espacio en disputa, y los habitantes acompañados de una frustración endémica insobornable poco a poco despiertan para exigir justicia. El Chile de la calle ya no va por reajustes, va por la emancipación; una emancipación espacial, una suerte de tierra prometida fundamentada en la enajenación de un modelo que reposa en sus espaldas. Por ello, es fundamental concebir el espacio por su valor de uso más que por su valor de intercambio. Ante todo, el Estado debe volver a centrarse en la dignidad de las personas, mientras que las ciudades deben volver a ser apropiadas por sus habitantes y no por la inversión privada, desregulada y deshumanizada. Esto debe complementarse con la incorporación inmediata y vinculante de derechos urbanos básicos (a la vivienda, a la ciudad y a la movilidad) que aseguren que los espacios son para las personas y no para el mercado.
En conclusión, hemos visto cómo el sistema financiero no sólo participa, impacta y decide las principales dimensiones del bienestar y la vida social (como las pensiones, la salud, la educación y la vivienda), sino que también tiene un correlato espacial-cotidiano que explica una parte de la crisis, del descontento y de la rabia que vive actualmente el país. Esta crisis no es sorpresiva. El alza en los precios del transporte es sólo la punta del iceberg de una sociedad que desde hace 30 años denuncia la crisis del modelo, una crisis que sin lugar a dudas tiene una dimensión espacial y hoy más que nunca financiera.
Xenia Fuster es candidata a doctora en estudios urbanos, Centre de Recherche sur l’Habitat, Université Paris VIII y Fernando Toro es Investigador doctoral en planificación y desarrollo, Development Planning Unit, University College London.
Bibliografía
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