1. Los días 4 y 5 de noviembre la opinión pública ha tomado conocimiento de dos graves vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) de distintos establecimientos educacionales de la comuna de Santiago. La primera, el anuncio del cierre del año escolar de forma anticipada del Instituto Nacional y del Internado Nacional Barros Arana, por parte de su sostenedor, el Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. La segunda, el ingreso de efectivos de Carabineros al Liceo 7 de Santiago Teresa Prats el martes 5 cerca de las 14.30 de la tarde, quienes dispararon perdigones directamente al cuerpo de la comunidad de estudiantes y profesores, en una “inobservancia del protocolo” ya admitida por el General Director de Carabineros, Mario Rozas.
2. La medida de cierre anticipado del año escolar vulnera el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes y de sus comunidades educativas a participar en la toma de decisiones. Asimismo, evidencia el rol fallido de la autoridad para garantizar el derecho a la educación y la arbitrariedad del argumento esgrimido por el Alcalde Felipe Alessandri, que contiene además una aceptación de negligencia en tanto sostenedor de dichos establecimientos: “la decisión tomada se basa en que en este momento no existen las condiciones de seguridad adecuadas para proteger tanto a la comunidad escolar como a los funcionarios de los establecimientos. Al momento de tomar la decisión se ha ponderado la situación que ha vivido la comuna y el país en las últimas semanas, y que además ha sido en estos liceos donde se ha concentrado la mayor cantidad de hechos de violencia y vandalismo durante el año”.
3. La agresión sufrida por dos estudiantes del Liceo 7 de Santiago demuestra el uso excesivo de la fuerza policial contra las y los estudiantes movilizados y por ello se deben esclarecer los hechos a la brevedad posible, así como condenar a los culpables, asumiendo las responsabilidades institucionales y políticas del Alcalde de Santiago, la Directora del establecimiento educacional y el Estado de Chile. Una de las adolescentes tiene alrededor de 20 impactos de perdigones en una de sus piernas, mientras que la otra tiene un impacto de balín, el cual quedó alojado en un muslo y no pudo ser extraído en la ex Posta Central.
4. La represión policial que se ha instalado sistemáticamente desde el primer semestre de 2019, particularmente contra jóvenes estudiantes de la comuna de Santiago, es inaceptable, injustificada y viola los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Chile en materia de niñez e infancia. Dicha represión se profundizó durante el Estado de Emergencia decretado por el Presidente Sebastián Piñera, tal como ha sido denunciado por la Defensoría de la Universidad de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez.
5. Estas graves situaciones ponen en evidencia la precariedad de las instituciones públicas en su rol de garantizar el resguardo efectivo de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en circunstacias donde estos corren serios riesgos de ser vulnerados por parte de agentes del Estado. La violencia policial y la ausencia de una respuesta pública, a través de acciones rápidas, planificadas y efectivas, sigue exponiendo a NNA a ver amenazados su bienestar, dignidad e integridad física y psicológica. En este contexto, la ausencia de una ley de garantías y de un sistema de protección integral de los derechos de la niñez se hace evidente y vuelve prioritaria su creación e implementación efectiva.
Finalmente, como Cátedra de Derechos Humanos:
a. Interpelamos a las autoridades políticas y administrativas de dichos establecimientos para que asuman sus responsabilidades en la vulneración de derechos de sus comunidades educativas, particularmente de niños, niñas y adolescentes.
b. Hacemos un llamado a las autoridades civiles y policiales a poner fin a las violaciones de derechos humanos y respetar, irrestrictamente, los derechos humanos de la población, en particular de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de “proteger y preservar el derecho de cada niño a un entorno seguro y saludable en el que puedan desarrollarse y crecer”, como indica la Convención sobre los Derechos del Niño. También al Poder Judicial, para que sea el garante de los derechos humanos en este aciago momento de la historia de Chile.
c. Demandamos a las instituciones públicas responder por los efectos físicos, psíquicos y sociales de la violencia producida por la fuerza policial y militar contra NNA, junto con reconocer y reparar las graves vulneraciones a los derechos humanos que se están cometiendo.
d. Exigimos a las autoridades responsables revisar los protocolos de actuación de Carabineros, poner fin al uso del argumento del enemigo interno, la guerra y la seguridad pública para justificar la represión contra el derecho a la manifestación y también la desmilitarización de la institución.
e. Sostenemos que es un imperativo desarrollar y fortalecer el sistema de protección de la infancia a través de una ley de garantías de los derechos de la niñez con instituciones dotadas de facultades y recursos para otorgar la debida protección de manera eficaz e inmediata.
f. Exigimos una investigación que dé cuenta de todas las personas responsables de estos hechos que culminaron con dos estudiantes, menores de edad, heridas por carabineros en el interior de un establecimiento educacional y que se establezcan todas las responsabilidades administrativas y penales, y que se adopten medidas de reparación y particularmente se garantice la no repetición de estos actos.
g. Cómo Cátedra de Derechos Humanos, frente a la sistemática violación de los derechos humanos, nos ponemos a disposición para colaborar en la protección de los derechos humanos de toda la población y, en particular, de quienes ejercen su legítimo derecho de expresión y protesta.
7 de noviembre, 2019
Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de
Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile
