Diario y Radio U Chile

Año XI, 9 de diciembre de 2019

Escritorio
Angélica Ramírez

La infancia en Chile ya estaba en crisis

Angélica Ramírez | Martes 12 de noviembre 2019 12:24 hrs.

Luego del estadillo social y el creciente debate sobre las condiciones de vida en este escenario de brutal desigualdad, hay bastante consenso de que Chile no era ni remotamente el oasis que se buscaba proyectar. Esta conclusión ya era bastante evidente en la situación de niños, niñas y adolescentes del país, uno de los grupos más vulnerables y donde se observa más patentemente la inequidad y la exclusión.

En este paraíso de crecimiento económico, de acuerdo al informe “Construir el futuro” que UNICEF presentó en 2017, 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes vive en situación de pobreza, muchos de ellos con limitado acceso a satisfacer necesidades básicas y a ejercer derechos fundamentales como la educación.

En este cielo de las oportunidades, aún hay cerca de 600 de niños, niñas y adolescentes viviendo en situación de calle, tal como informó en 2018 el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Sin la compañía de un adulto responsable, olvidados, en condiciones inhumanas, están expuestos a múltiples vulneraciones y sin ninguna garantía de protección de sus derechos.

En este edén de bienestar, aún muchos niños, niñas y adolescentes se encuentran bajo tutela del Estado. Según cifras de SENAME, en 2018 se llevaron a cabo más de 8.000 atenciones en residencias de protección y más de 6.000 en alguna modalidad de los centros de internación por responsabilidad penal adolescente, en un sistema cuyo funcionamiento ha sido altamente cuestionado y denunciado, luego de que se diera a conocer el caso de la muerte de Lissette Villa en 2016 y se destaparan las cifras de otros cientos de muertes al interior del servicio.

En este escenario, las acciones parecieran ir en contra de mejorar la situación. Sin ir más lejos, días antes de que comenzaran las movilizaciones, la Cámara de Diputados aprobó el control preventivo de identidad a partir de los 16 años, una medida que no hace más que estigmatizar a la juventud y que representa un total retroceso a la protección de sus derechos.

En el actual contexto de movilizaciones y agudizando esta situación, de acuerdo a INDH, más de 600 niños, niñas y adolescentes han sido detenidos por las fuerzas de orden y seguridad en el contexto de movilización actual; 373 de ellos durante los 10 días en que se mantuvo el Estado de Emergencia.

La Defensoría de la Niñez informó que hasta el 26 de octubre contabilizaron 240 casos de niños, niñas o adolescentes detenidos y, más recientemente, con datos actualizados al 6 de noviembre, 162 casos de vulneraciones de derechos que incluye maltrato físico, lesiones por balas o perdigones y traumatismo ocular. Y esto no ha cesado: el pasado martes 5 de noviembre, Carabineros ingresó al Liceo 7 Teresa Prats de Sarratea y, fuera de todo protocolo, dispararon perdigones contra las estudiantes.

Del mismo modo, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile reporta que han recibido 64 denuncias que refieren a vulneraciones a niños, niñas y adolescentes, no sólo por las ilegalidades en los procedimientos de detención y las faltas al debido proceso, sino que también por situaciones de abuso e incluso tortura por parte de agentes del Estado. Consistentemente con esto, la Fiscalía ha informado que investigan 161 casos por presuntas violaciones a los derechos humanos donde las víctimas son niños, niñas y adolescentes.

Todas estas cifras crecen día a día, por lo que deberíamos estar horrorizados. Demás está decir que el marco legal que nos ampara no avala en ningún contexto la vulneración de sus derechos. Incluso, por si quedan dudas, si un niño, niña o adolescente es sorprendido cometiendo alguna falta o delito.

Lamentablemente, estas situaciones no son más que otra expresión de la violencia estructural y la falta de protección a los derechos que afecta a la infancia en Chile. Las cifras y los diagnósticos sobran, pero los avances son muy lentos. Muy lentos para niños, niñas y adolescentes en cuya etapa del desarrollo 6 meses o 1 año es mucho tiempo

Si bien la creación de la Defensoría de la Niñez ha sido un importante avance para el reconocimiento y restitución de los derechos de la infancia, no basta sólo con crear instituciones si estas no serán dotadas de recursos suficientes y espacios de actuación. Esta institución debe tener representación a nivel regional.

Por otro lado, la instalación del Servicio de Protección de la Niñez y el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Juvenil que fueron anunciados el 22 de octubre pasado como parte de la nueva “agenda social”, es una medida necesaria pero insuficiente, sin siquiera considerar que es un anuncio reciclado desde el año 2012. La infancia que necesita protección al ejercicio de sus derechos no se restringe a los niños atendidos en algún área del SENAME, sino a todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

Por ello, en este contexto, además de la exigencia urgente que debemos hacer sobre el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes –y esto incluye, por cierto, el cumplimiento de protocolos del uso de la fuerza a las policías y militares-, necesitamos establecer como piso mínimo un sistema de garantía de derechos para la infancia en Chile, que sería una repuesta a las múltiples recomendaciones internacionales sobre protección integral de los derechos del niño y cuyo proyecto de ley está en tramitación y fue aprobado en general por el Senado el 29 de octubre pasado.

El necesario proceso constituyente puede demorar y de igual forma necesitamos avanzar ya. No podemos seguir invisibilizando a la infancia. No podemos seguir estigmatizando a la juventud. No podemos seguir mirándolos como objetos de protección y no como sujetos de derechos.

La infancia ya estaba en crisis antes de esta crisis. Si Chile no era el oasis para la mayoría de los ciudadanos, para muchos niños ha sido el infierno.

Si Chile despertó, si Chile realmente abrió los ojos: tenemos que mirar a la infancia y tomar acciones concretas para revertir esta situación.

La autora es investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile.