El término ‘acuerdo’ en el ámbito político tiene una historia controversial en Chile. En la raíz de la explosión social vivida en estas semanas se manifiestan los efectos de los ‘acuerdos’ más gravitantes con su correlato de exclusiones de distintos sectores, especialmente de quienes colocan los muertos y heridos en la lucha callejera, el dominio de minorías poderosas que imponen su voluntad a las mayorías, un modelo económico que no se toca, abusos de todo tipo y la corrupción creciente de la élite civil y militar. La consigna “no son 30 pesos, sino 30 años” denota el descontento acumulado no solo en dictadura, sino también en las tres décadas de democracia restringida.
En agosto de 1985, propiciado por la Iglesia Católica, algunos sectores opositores y de partidarios de la dictadura, firmaron el denominado Acuerdo Nacional que sentó las bases de la posterior transición democrática y legitimó la Constitución de 1980, impuesta mediante fraude electoral. De este pacto fueron excluidos los movimientos sociales que luchaban en las calles e importantes sectores de izquierda, principalmente los que habían soportado los costos de resistir al terrorismo de Estado.
Iniciada la transición hacia una democracia restringida, un político acuñó el término ‘democracia de los acuerdos’ para referirse al fenómeno por el cual las mayorías fueron obligadas a ‘acordar’ reformas políticas con una minoría provista de gran poder de veto y sobre-representación parlamentaria. Esto en el marco de la exclusión de importantes sectores de izquierda y de desmovilización y desarticulación social.
Entre los frutos de este tipo de democracia, en el campo de los derechos humanos, se trató de imponer una versión edulcorada de impunidad bajo la consigna “justicia en la medida de lo posible” y se constituyó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación encabezada por el jurista Raúl Rettig. Esta instancia elaboró en 1991 un informe sobre desapariciones forzadas y asesinatos por razones políticas, mezclando en un plano de igualdad las atrocidades cometidas por agentes del Estado con las muertes provocadas por la acción de organizaciones políticas de izquierda. Otro ejemplo fue la constitución en 2004 de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura que recibió miles de testimonios de víctimas, determinó que se les pagaran minúsculas pensiones reparatorias y puso sus testimonios bajo candado, por cincuenta años.
Una consigna, dentro de las muchas voceadas en las calles en estas semanas de movilización, viene a la memoria en medio de las celebraciones por la firma del denominado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. La frase es “No son 30 pesos, sino 30 años” y pone en evidencia la profundidad del descontento acumulado, tanto por las herencias de la dictadura como también por las injusticias, abusos y corruptelas surgidas en los treinta años de transición democrática. En el fondo, el volcán que hizo erupción en estas semanas es producto de la “democracia de los acuerdos”, de estos treinta años de empate político, de veto de minorías poderosas y de los abusos de la élite empresarial, política y militar, acostumbrada a operar impunemente en medio del sopor de las masas abusadas.
En política son necesarios los acuerdos, sin duda. ¿Pero de qué tipo será este Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución? Como otros ejemplos del pasado podría otorgar poder de veto a la minoría poderosa, excluir a los actores sociales y concentrar la ‘solución’ en la élite de parlamentarios y dirigentes políticos que no han tenido ningún rol importante en el estallido, que no tienen ascendiente de alguna importancia sobre quienes pelean en las calles y que son vistos con desconfianza e incluso con hostilidad por gran parte de los movilizados. Si queremos un acuerdo legítimo este debe ser participativo desde sus bases, por ejemplo mediante la inclusión de organizaciones de la sociedad civil en el trabajo de la denominada ‘comisión técnica’, que es la que determina todos los aspectos indispensables para materializar el acuerdo, y que hasta el momento sería elegida y conformada por los partidos de oposición y oficialismo.
A pesar de su falta de representatividad el Acuerdo dispone de un poderoso aparato institucional, político, mediático y militar con los cuales buscará concretar su agenda, sofocando la movilización. Esto impone a las organizaciones de derechos humanos a fortalecer su acción poniendo en relieve las demandas de las y los que protestan y la lucha por la verdad, la justicia y la reparación frente a las graves violaciones a los derechos humanos del pasado reciente y las perpetradas por militares y policías en estas semanas de movilización social.
Hoy más que nunca, debemos recordar que no existe paz sin justicia. Desde las organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria hemos insistido de incansablemente que la condición para que se cumplan las garantías de no repetición son verdad, justicia y reparación dignas y cabales, acompañados de fuertes procesos de memoria y educación en derechos humanos. Insistimos en que en Chile las garantían de no repetición de crímenes de lesa humanidad no estaban dadas, cuestión que ha dejado claro esta revolución social, que ha dejado más de doscientos traumas oculares documentados (imaginen nuestros lectores cuántos más son), una veintena de muertos, miles de detenidos, miles de heridos a manos de agentes del Estado, principalmente Carabineros, con golpes, gases, perdigones e incluso armas de fuego. A ello se suman cientos de querellas por tortura y violencia sexual. Las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos en las que nos basamos son verdaderamente alarmantes, y sabemos que ellas provienen de la observación directa, por lo que debemos tener en consideración que los números son más elevados. En consideración de ello, no hay acuerdo que sin explicitar un compromiso con la justicia pueda verdaderamente asegurar la paz. Estos crímenes no deben quedar impunes.
