Desde el impeachmentt contra Dilma Rousseff el año 2016, que ponía fin a su gobierno democráticamente legítimo, se ha venido profundizando en Brasil un avance del capital sobre la clase trabajadora, mediante una agenda neoliberal caracterizada por el desmonte y privatización del Estado y sus empresas, la pérdida de derechos por parte de los trabajadores y la instalación como telón de fondo de la idea de crisis económica, necesaria para la recomposición y la apropiación -por parte de la burguesía- de la riqueza socialmente producida. La idea de crisis viene instalándose desde el año 2014, en circunstancias que la economía y las finanzas federales hasta esa fecha no presentaban grandes problemas. Antes que lo anterior, esta concepción de crisis sirvió para allanar el camino a Temer e instalar la idea de que las reformas son necesarias para salir de la misma. Dicha profundización neoliberal toma forma a través del despliegue de 3 reformas que forman -en su conjunto- un paquete de medidas amplificadoras de los efectos de la nueva ola neoliberal. De hecho, ya se han tomado medidas impopulares, como la entrada en vigencia de la emenda constitucional 95, la cual congela el gasto del estado durante los próximos 20 años.

1.- La Reforma Trabalhista (Reforma al trabajo) llevada a cabo por Michel Temer desde el año 2016 y aprobada el año 2017, tiene como características principales a) el debilitamiento de los derechos de los trabajadores y de su relación con los empleadores, por ejemplo, manifestados en el arrinconamiento de los trabajadores a negociar de manera individual con los empleadores; como consecuencia de lo anterior, b) la fragmentación, fragilización y restricción de la capacidad colectiva de negociación mediante la presión a la desestructuración de los sindicatos objetiva y subjetivamente; c) La supresión de los derechos al descanso entre jornadas, por medio de la creación de un “banco de horas” el cual puede ser negociado con el empleador y una nueva modalidad de “trabajo intermitente” flexibilizando así la relación laboral en perjuicio de los trabajadores y finalmente, por medio de mecanismos que dificultan el acceso a los trabajadores a la “justicia del trabajo”. Todas estas medidas, aplicadas en su conjunto, debilitan la relación entre el capital y el trabajo y abren un espacio a la precarización y pérdida de derechos laborales. Lo cual es una tendencia a escala global.

2.- La Reforma a la Previdencia (o Reforma a las pensiones) entra en este paquete de medidas como un mecanismo de “austeridad” del Estado en tiempos de crisis fiscal que entregaría la posibilidad de reactivar el crecimiento económico en un futuro indeterminado, en un país como Brasil que para el año 2018 ejecutó un 24,48% del presupuesto federal en el pago de jubilaciones. Cabe destacar, que las pensiones en Brasil son una conquista de la clase trabajadora garantizadas por la constitución de 1988 y que, al contrario de como argumenta el actual gobierno, en el sentido que se trataría de una reforma necesaria en cuanto la población brasileña tiende a envejecer y el pago de las pensiones se hace insostenible, las “democracias desarrolladas” ya enfrentaron este problema el siglo pasado, en donde actualmente gastan el doble de lo que gasta Brasil en relación al PIB. De hecho, la salud del sistema de pensiones depende de un mercado de trabajo articulado y trabajadores con contratos laborales, por consiguiente, la destrucción de ambos es un intento también de justificar que la Reforma a la Previdencia es un paso necesario en los planes de austeridad del gobierno. Actualmente, la reforma a la previdencia se constituye como un campo de lucha política, ya que los impulsos por promover una capitalización individual por parte del ministro de economía Paulo Guedes (admirador de los Chicago boys y del modelo chileno) están siendo contenidos en el Congreso Nacional, no obstante se comienzan a aprobar medidas que reducen drásticamente las pensiones de los trabajadores.

3.- Por último, la Reforma Tributaria. Una tercera parte de este “proyecto de austeridad” es promover una reforma tributaria, ya que se alega que Brasil cuenta con una estructura tributaria pesada y anticuada, que dificulta la liberalización de los negocios y de los emprendimientos, haciendo que los capitalistas de diversos tamaños no tengan demasiados incentivos para mantener sus negocios activos. Sin embargo, lo que se prevé con esta reforma es acabar con la exención de impuestos para decenas de productos como el arroz, el poroto, carne, leche, harina, papa, tomate, pan, café, azúcar, aceite, mantequilla y plátano, lo cual tendría un impacto negativo en la mayoría de la población que depende de los precios bajos, por ejemplo, de los alimentos que componen la canasta básica. Así, la reforma tributaria se estructura como un tercer mecanismo de acumulación de capital y de pauperización de la vida de las clases trabajadoras brasileñas.

El estilo de Bolsonaro

Bolsonaro asume la presidencia en un país polarizado, en donde sus electores veían en él la posibilidad de acabar con la corrupción en Brasil y de sacar al país de la crisis económica en la que se encuentra. El problema al que se enfrenta actualmente, entre otros, es que la economía en Brasil no mejora, el empleo se precariza, los casos de corrupción comienzan a aflorar y la población comienza a impacientarse. Esto lleva a que se comience a instalar una idea de que el proyecto de salir de la crisis y de evitar la corrupción estén en peligro. En ese sentido, comenzaron a aparecer los primeros indicios de corrupción y nepotismo dentro de sus filas, mediante la salida a la luz pública del caso llamado “vazajato” en donde se muestra de qué manera el actual ministro de justicia Sergio Moro actuó de manera irregular como juez, para presionar ciertas diligencias del Ministerio Público, en lo que se conoció durante el 2014 como “lava jato” una investigación llevada a cabo por la justicia y la policía federal que tenía como objetivo descubrir estructuras de lavado de dinero al interior de la empresa nacional Petrobras, pero también contaba con un objetivo político de incriminar a líderes del Partido de los Trabajadores. Fue la antesala del impeachment a Dilma y del encarcelamiento de Lula. Además, Bolsonaro de forma consistente aparece en los medios de comunicación promoviendo ideas que buscan causar impacto mediático y reproducir la polarización, a través de proponer que su hijo Eduardo, diputado federal, sea el embajador en Estados Unidos (aunque terminó no sucediendo), se vinculó a Bolsonaro con la muerte de la concejala (vereadora) del PSOL de Río de Janeiro y líder activista del movimiento feminista y negro, Marielle Franco, un hecho del cual no se ha podido desmarcar del todo y en donde se encuentra siendo investigado. Así, en su manejo político y comunicacional aparece como un presidente autoritario, que poco le importan las reglas democráticas, sin un plan de gobierno claro y coherente (más bien parece una constante improvisación) y con escaso interés de hacer política. Si a ello, le agregamos que se caracteriza por un discurso conservador, racista, homofóbico, admirador y defensor de las dictaduras y de la pena de muerte, de la criminalización de la pobreza, entre muchas otras cosas, tenemos que Bolsonaro y su gobierno, en ningún caso, ofrecen a Brasil posibilidades para mejorar las condiciones de vida de la población.

Lula LIVRE y las fisuras del modelo neoliberal

Es posible establecer que se abre una coyuntura a corto plazo favorable para la izquierda, por dos motivos. Después de 580 días en prisión, el pasado 8 de noviembre Lula da Silva quedó en libertad luego que el Supremo Tribunal Federal (SFT) desestimara su condena. Esta situación ha permitido que diversos sectores de izquierda tomen un nuevo impulso, ya que desde la derrota electoral del año pasado han sido pocas las manifestaciones de cohesión y oposición al gobierno, salvo situaciones puntuales como la deforestación de la amazonia que alcanzó visibilidad mundial, la privatización de territorios y desprotección de pueblos indígenas y las movilizaciones estudiantiles de los meses de agosto, septiembre y octubre contra los recortes del presupuesto para las universidades y escuelas públicas. Así, poco a poco se van reactivando las organizaciones de trabajadores, de estudiantes, ambientalistas, movimiento negro y LGBTI.

Por otra parte, el conflicto social en Chile (también puede mencionarse a Ecuador y las protestas en contra de los ajustes propuestos por el FMI) permite la posibilidad de desactivar el discurso que ha venido emanando hace tiempo desde el ministro de economía Paulo Guedes, neoliberal acérrimo, quién hablaba del modelo chileno como un caso exitoso, en la medida que a través de la implementación de políticas neoliberales había alcanzado décadas de orden, desarrollo y estabilidad política y social. En tanto, la realidad y el conflicto social en Chile echan por tierra la idea de que el neoliberalismo y en particular la liberalización de los derechos básicos y la privatización de las empresas estatales sean un camino que garantice algún tipo de estabilidad, más bien lo contrario, entregan las riquezas naturales a los bancos y los países centrales del capitalismo global y con ello empujan a la mayoría de la población a condiciones de existencia paupérrimas, mediante la precarización y flexibilización del trabajo y la pérdida consecutiva de derechos laborales y sociales.

Los autores: Dra. Paula Vidal Molina, Coordinadora Investigación Departamento de Trabajo Social y Dr © Manuel Ansaldo. Fondecyt N°1190866, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.