La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones que rechazó el recurso de amparo presentado en favor de dirigentes sociales ante el espionaje de Carabineros.

Según lo expuesto en la decisión inicial de la Corte de Apelaciones “no se observa una medida adoptada por la autoridad que amenace o perturbe la libertad personal o seguridad individual de los amparados”, argumento que molestó a los dirigentes sociales, quienes criticaron el actuar de la Justicia.

El recurso de amparo había sido interpuesto por los senadores Alejandro Navarro y Yasna Provoste en noviembre, luego de que se filtraran datos internos de Carabineros y quedara al descubierto el seguimiento por parte de la policía uniformada a dirigentes sociales por ser considerados “blancos de interés”.

En concreto, el recurso iba en favor de Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores, y José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef).

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Rodrigo Mundaca, secretario general de Modatima, señaló que es absurdo pensar que el espionaje no amenaza la libertad personal de los dirigentes.

Rodrigo Mundaca.

“Lo que hace la Corte Suprema es precisamente legitimar acciones que atentan contra derechos que son indispensables, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a organizarnos, el derecho a defendernos, a señalar que este modelo de despojo que existe en nuestros territorios es vergonzoso a propósito de la privatización del agua y lo que está sucediendo en todo el territorio”, dijo.

Además, Mundaca afirmó que en el fallo inicial de la Corte de Apelaciones incluso se instruyó prohibir el acceso de los abogados a los informes de inteligencia policial y no informar a la prensa.

Por otra parte, el dirigente medioambiental indicó que “quedamos completamente expuestos y quedamos al arbitrio de fuerzas policiales que no tienen ningún criterio, que no tienen ningún tino, fuerzas policiales que hoy día son responsables de daños que son inconmensurables a hombres y mujeres que han luchado por derechos que son esenciales”.

“Cuando el Estado es incapaz de garantizar las vidas de las personas y señala a los dirigentes sociales como enemigos del Estado y nos coloca en esa situación, la verdad nos parece francamente vergonzoso. Es escandaloso que un fallo diga que el que te espíen no atenta contra derechos constitucionales, en el fondo se normaliza absolutamente el que puedas ser blanco de interés de la inteligencia policial, se normaliza el ser espiado en tu vida diaria”, agregó.

José Pérez.

En tanto, para Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, el Poder Judicial no está a la altura de lo que ocurre en Chile.

“Dos poderes del Estado era claro que estaban muy desprestigiados: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero ahora se agrega el Poder Judicial, entonces hay una crisis institucional severa”.

“¿Qué queda entonces para un ciudadano común y corriente? como el caso de Puente Alto, que pudo saberse gracias a los videos de una casa porque si no eso queda impune, ¿y cuántos casos más hay de violaciones a los derechos básicos que quedan en impunidad y el Poder judicial no está jugando el papel que tiene que jugar?”, cuestionó.

Por otra parte, el presidente del Magisterio indicó que esto es un hecho “preocupante” y que “no tenemos miedo, ni con esto nos van a amedrentar, pero claramente acá el Estado, a través de la Dirección de Inteligencia Policial, la señal que está mandando es que nos tienen vigilados, que hay control, que hay seguimientos ilegales, que hay todas estas malas prácticas que no se condicen con un Estado que se diga democrático”.

Mario Aguilar.

Entre los argumentos entregados por el Ministerio del Interior y Carabineros para justificar el seguimiento a los dirigentes estaban que “la labor de inteligencia entraña una actividad racional de recopilación de información y análisis permanente de eventos y actividades concretas del quehacer de los ciudadanos y grupos intermedios, cuya finalidad consiste en disminuir los grados de incertidumbre existentes en un momento dado para adoptar una determinada decisión”.

También que la información sobre los dirigentes fue recopilada de fuentes abiertas como medios de comunicación, argumentos que fueron considerados por los jueces a la hora de fallar en contra del recurso de amparo.

Ante esta situación, los dirigentes no descartan recurrir a algún tribunal internacional para analizar el caso.