No todo era tan color de rosa. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los Tratados de Protección de Inversiones (TBI) firmados, sobre todo, en los años noventa, hoy pasan la cuenta a América Latina.
Dichos tratados entregan a los inversionistas derechos sin precedentes, entre los cuales se encuentra el demandar a los Estados ante tribunales internacionales en caso de que sus ganancias se vean afectadas por alguna acción del gobierno.
Un estudio hecho por el Transnational Institute (TNI) dio a conocer que, entre 1996 y 2019, las empresas transnacionales han demandado en 282 ocasiones a Estados latinoamericanos, lo cual representa un 28,7% de las demandas inversor-Estado conocidas a nivel mundial.
Dentro de la región, el país más demandado es Argentina, con 62 de este tipo de acciones, seguido de Venezuela con 52, México con 33, Ecuador con 25 y Bolivia con 17.
De los 282 casos en América Latina, en un total de 179 fue la empresa demandante la que ganó el arbitraje, lo que representa el 69 por ciento de las acciones legales.
El país más afectado es Argentina, pues de las 45 demandas que ya tuvieron resolución, solo cinco fueron favorables al Estado. Mientras que, en Venezuela, solo 11 demandas se inclinaron por el Estado de un total de 33 acciones de este tipo.
El gasto monetario que deben realizar los Estados ante una demanda es millonario. Según el estudio, teniendo en cuenta los casos ya resueltos (ya sea por decisión arbitral o acuerdo de partes) donde se conocen los montos, lo que se les ha ordenado a los Estados pagar a los inversores hasta el momento asciende a 31.170 millones de dólares.
Se hace imprescindible acotar que solo con un tercio de ese monto, y según Naciones Unidas, se superaría la pobreza extrema en 16 países latinoamericanos.
En cuanto a los mayores montos que los Estados han debido gastar ante las demandas, el primero le correspondió a Venezuela, país al que se le condenó pagar 8.400 millones de dólares a la empresa Conoco Phillips. La segunda demanda más cara afectó a Argentina, nación que desembolsó 5.000 millones de dólares a la española Repsol.
Los inversores demandantes provienen principalmente de Estados Unidos, con 91 de estas acciones, seguido por España con 48 y, en tercer lugar, Países Bajos con 28.
Se debe destacar que empresas chilenas han interpuesto siete demandas contra otros Estados Latinoamericanos.
El sector que más ha interpuesto acciones legales en contra de los países es el minero, rubro que se opone a las políticas públicas medioambientales.
Cabe señalar que, en el caso de las demandas, las empresas inversoras tienen el derecho a seleccionar el foro arbitral y las reglas que guiarán el caso. Otro punto no menos importante, es que solo las Compañías pueden demandar a los Estados, los Estados no pueden demandar a las Compañías.
Pese a estos datos concretos, los TLC siguen siendo prioridad para muchos gobiernos de la región, gobiernos que, en todo caso, se enfrentan a problemas con la sociedad civil que se opone a este tipo de pactos. Ejemplo concreto en Chile es el polémico TPP 11, pues este ha despertado una gran resistencia por parte de la población que se opone a que nuestro país sea parte de este tratado.
