Transcurridos ya casi tres meses de iniciado el 2020, nadie podría dudar que, debido a la continuación de la movilización social iniciada en octubre del año pasado y la grave crisis de salud pública que afecta al planeta a causa de la propagación del COVID-19, este año se proyecta como uno de los más convulsionados de las últimas décadas en nuestro país. Bajo este contexto, un aspecto de máxima relevancia que ha pasado prácticamente inadvertido en el debate público y respecto del cual la autoridad pesquera y acuícola ha omitido pronunciarse, es que el próximo 8 de abril se levantarán las moratorias o suspensiones que actualmente rigen para el otorgamiento de concesiones acuícolas en las regiones de Los Lagos y Aysén, ambas que, hasta enero del presente año, totalizaban 537 y 724 concesiones salmoneras otorgadas, respectivamente.

El origen de esta medida de suspensión, dispuesta por la Ley Nº 20.434 (2010) y prorrogada en su vigencia por otras leyes posteriores, tiene su origen en la crisis sanitaria que afectó a la industria salmonera a causa del brote del virus ISA el año 2007, favorecida por la insustentabilidad del modelo productivo de la salmonicultura chilena y la debilidad del régimen ambiental y sanitario en que se amparaba su desarrollo. Como reacción a lo anterior, y con el objeto de propiciar un adecuado ordenamiento espacial de la actividad, la legislación contempló la figura de la relocalización de concesiones salmoneras mal emplazadas, a la vez que procedió –y en esto consiste la moratoria– a congelar o suspender, en tanto “no se ordenara la cancha”, el ingreso de nuevas solicitudes y el otorgamiento de concesiones acuícolas de peces en dichas regiones (luego ampliadas, salvo excepciones, a cualquiera fuera la especie o grupo de especies a cultivar).

No obstante, a casi 10 años de establecerse esta medida legal, resulta evidente que el objetivo por el cual fue inicialmente establecida, de avanzar hacia un correcto ordenamiento del sector salmonero en términos ambientales y sanitarios, se encuentra todavía muy lejos de cumplirse, considerando primeramente que, según información entregada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, ni un solo procedimiento de relocalización ha podido culminar con éxito a la fecha. Si bien las causas que permiten explicar la dificultad para avanzar en tales procesos son diversas y multifactoriales, en general estas se han relacionado a problemas de sobreposición de solicitudes sobre un mismo espacio, la demora en la dictación del –aún pendiente– Reglamento de Caladeros de Pesca, el emplazamiento sobre sectores reclamados por una o más comunidades indígenas como Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) o, derechamente, la presentación incorrecta o deficiente de su solicitud por parte de los titulares y su consecuente rechazo por la Subpesca.

Este problema se ve agravado, además, por el hecho de que no existe un adecuado ordenamiento costero en estas regiones, considerando que se encuentra aún pendiente la conclusión del proceso de zonificación del borde costero de la Región de Los Lagos, así como la modificación sustancial a la zonificación de uso del borde costero de la Región de Aysén del año 2004 (esta última que, junto a la de Coquimbo, del año 2005, son las únicas zonificaciones costeras que cuentan con decreto supremo a la fecha). La culminación de tales procesos constituye, a nuestro parecer, un presupuesto necesario para la concreción de los objetivos que la legislación pretendió alcanzar mediante el establecimiento de las moratorias, en la medida que, desde el año 2010, la ley asigna a dicho instrumento la virtualidad de definir sectores considerados como de uso incompatible con la actividad de acuicultura, lo que, en la práctica, no se ha hecho efectivo.

A la luz de una política de relocalizaciones fallida y un proceso de zonificación costera a medias, el escenario que se avecina a partir del próximo 8 de abril mediante la pérdida de vigencia de las moratorias se vislumbra especialmente incierto respecto al futuro de la industria salmonera en las regiones de Los Lagos y Aysén, y su aptitud para cumplir con el objetivo de reordenar espacialmente el funcionamiento de la industria de acuerdo a parámetros ambientales y sanitarios adecuados. En el sentido planteado, desde Fundación Terram consideramos imperativo que el gobierno impulse, tal como lo hizo en los años 2012 y 2015, un proyecto de ley que se haga cargo de esta cuestión, extendiendo el plazo de vigencia de las moratorias e impidiendo, de esta manera, la profundización de los impactos ambientales, sociales y culturales que la industria salmonera conocidamente ha causado en los territorios australes.