Más dudas que certezas, esa ha sido la tónica de la tramitación en el Congreso del proyecto complementario a la Ley de Protección del Empleo promulgada por el presidente Sebastián Piñera el pasado 6 de abril. La iniciativa permite que las empresas, en el contexto de la pandemia por coronavirus, puedan suspender contratos laborales, ya sea por actos desde las autoridades -como cuarentenas- o a través de un acuerdo con el trabajador; y pactar reducciones de la jornada laboral, permitiendo así a quienes se acojan a este beneficio acceder a las prestaciones del Seguro de Cesantía. No obstante, desde su entrada en vigencia surgieron diversos cuestionamientos en torno a los alcances de la norma, los que terminaron en un nuevo mensaje del Ejecutivo para modificarla.

Ingresada con discusión inmediata, para perfeccionar el proyecto ya aprobado, la nueva norma incorpora dos elementos principales que no estaban considerados en el mensaje original. En primer lugar, la incorporación de las y los trabajadores de casa particular a las prestaciones de la Ley de Protección del Empleo, disponiendo el pago por parte del empleador de las cotizaciones previsionales, de seguridad social y la cotización a todo evento -con efecto retroactivo al 18 de marzo-. Por otra parte, el Gobierno incluyó indicaciones respecto de la regla de pago de las imposiciones para las y los trabajadores amparados en la ley. En ese sentido, se sugirió que, para las cotizaciones de seguridad social, el cálculo se haga sobre la base del cien por ciento del sueldo que percibe el empleado, mientras que la cotización previsional se pagaría respecto del 50 por ciento de la remuneración.

Este último punto fue uno de los que generó mayor resquemor entre los parlamentarios -sobre todo en la oposición- y pese a ser aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados, terminó siendo rechazado de forma unánime este miércoles por el Senado. Así, los parlamentarios buscarán resolver ésta y otras diferencias en una Comisión Mixta, la que estará conformada por representantes de las comisiones de Trabajo de ambas cámaras.

Pero no sólo desde la oposición surgieron dudas y cuestionamientos a las modificaciones que se quieren hacer a la Ley de Protección del Empleo. También desde el oficialismo manifestaron sus diferencias frente al proyecto presentado por el Ejecutivo y los senadores de Chile Vamos apoyaron el rechazo para forzar la definición en la instancia conjunta entre diputados y senadores.

El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, planteó la necesidad de contar con mecanismos que impidan el uso abusivo de los beneficios de la Ley de Protección del Empleo por parte de grandes empresas que puedan acogerse a la normativa. Foto: Agencia UNO.

Uno de éstos fue el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien planteó sus reparos frente a un proyecto que aún no ha terminado de definir a quiénes beneficia. “Hay una serie de temas que deben ser incorporados“, señaló el parlamentario de Chile Vamos.

“Yo planteé también que uno de aquellos era qué pasaba con los trabajadores contratados con anterioridad al año 2002 que no se hubiesen sometido voluntariamente al Seguro de Cesantía. También hacemos un llamado a poder incorporar a Rapa Nui a la serie de medidas económicas que han sido anunciadas por parte del Gobierno”, agregó Chahuán.

Por su parte, desde la vereda opuesta, también han surgido dudas en torno a qué sucederá con aquellos trabajadores de una comuna en cuarentena que ya se acogieron al beneficio si es que a la semana siguiente se levanta la medida, dejando a los empleadores desligados de la responsabilidad. Así lo planteó la diputada y presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans, quien sostuvo que la implementación de la ley no se condice con la estrategia que está llevando el Ministerio de Salud.

A su vez, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, valoró el acuerdo que se generó en la corporación para el rechazo de la iniciativa, señalando que todavía existen puntos que no han sido resueltos y haciendo un llamado al Gobierno a poner de su parte. “Esperamos que en esa última instancia exista voluntad política por parte del Ejecutivo para incorporar algunos elementos importantes para que la crisis no recaiga con tanta fuerza en los hombros de los trabajadores“, pidió el parlamentario el Frente Amplio.

“Está el tema de la cotización previsional -que sea al cien por ciento- y está el tema de poner por ley algunas cláusulas que cierren posibles abusos de empleadores que, en contexto de crisis, puedan aprovecharse para abusar más de los trabajadores. Yo creo que eso tiene que quedar por ley, algunas condiciones y exigencias a los empleadores, sobre todo aquellos más grandes“, sostuvo Latorre.

En su intervención ante los senadores y senadoras, la ministra del Trabajo y Seguridad Social, María José Zaldívar, aseguró que la Ley de Protección del Empleo busca dar protección a los trabajadores, “no importando el tamaño de la empresa”. Foto: Agencia UNO.

Y es que una de las principales críticas a la ley ya promulgada es justamente el uso -o abuso- que han hecho de ésta grandes empresas como Ripley, Burger King, Starbucks o H&M, que el pasado 9 de abril notificó la suspensión de la relación laboral de sus 1.500 funcionarios. “Las empresas que se acojan a este beneficio no pueden repartir utilidades millonarias ni contar con operaciones en paraísos fiscales”, propuso el senador DC y presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Pizarro. No obstante, surgen dudas en torno a las condiciones que tendrán las firmas para acceder al beneficio.

Pero en su intervención en el Senado, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, indicó que en el Ejecutivo están disponibles para perfeccionar el articulado y, ante las críticas, aseguró que sólo un 10 por ciento de las empresas que se han acogido al beneficio son de mayor tamaño. “No es efectivo que esta ley la estén usando mayoritariamente las empresas grandes“, aseguró la secretaria de Estado.

“Ya se han entregado los porcentajes, estamos hablando que un 95 por ciento son pymes, un 90 por ciento de las empresas ha inscrito a menos de 10 trabajadores. Por lo tanto, esta es una ley que efectivamente está buscando dar protección a los trabajadores, no importando el tamaño de la empresa”, detalló Zaldívar.

En ese sentido, desde el Ministerio del Trabajo han asegurado que la ley contempla mecanismos que sancionan cualquier irregularidad en los procesos, los que incluirían penas de cárcel, reembolso de recursos públicos e inclusive la prohibición de firmar contratos con el Estado. Asimismo, este viernes 24 de abril se abre otra de las opciones que posibilita esta iniciativa y que tiene que ver con la opción de acordar reducciones de jornadas laborales tras inscribirse en un portal que habilitará la Dirección del Trabajo.

Foto en portada: Agencia UNO.