La explosión social de octubre de 2019 ha sido y será profundamente analizada por diversos actores sociales e intelectuales. Las razones o los motivos de la visibilización de aquel malestar   son de especial relevancia a la hora de analizar los fenómenos políticos, las decisiones gubernamentales y su repercusión en la sociedad.

Así las cosas, es posible concordar que la crisis social es en lo principal una crisis de representatividad y legitimidad institucional, unida a una serie de abusos y desigualdad que se encontraban no solo aceptadas por el establishment, sino que también naturalizadas por muchos que las miraban con resignación y otros que las sufrían con dolor.

La exposición y posterior crisis, que ha tenido su salida política en la revisión del contrato social nacional con la posibilidad de redactar una nueva constitución, se ha unido a una emergencia sanitaria sin precedentes en las últimas décadas, la cual ha afectado profundamente las formas de vida y tendrá un impacto económico insospechado. La pandemia por el brote de COVID-19 ha conllevado un cambio sustancial a nivel mundial de las relaciones sociales, políticas y económicas, lo que aún es imposible evaluar en atención a la emergencia sanitaria que se vive en Chile y el mundo.

Lo que sí es claro, es que la ética de la función pública se releva de manera especial en tiempos de dificultades profundas. La conjunción de la crisis social y la crisis sanitaria por el COVID-19 nos hablan de la importancia del ejercicio profesional bajo parámetros de probidad absoluta, con preeminencia del interés general por sobre el particular.

En el sentido de lo expuesto, es sin duda el Estado y sus instituciones las que se tornan esenciales para la vida y la paz social. Si bien la verbalización de una serie de grafitis posteriores a octubre de 2019 en el centro cívico de Santiago, son abiertamente dolorosas por su expresión de resentimiento contra el Estado y lo público, es precisamente la función pública la que permite minimizar el malestar contra las instituciones.

Hoy en día, todo lo que parezca institucional, asociado a lo público o a la representación, se encuentra en tela de juicio. La función pública es vapuleada y caricaturizada permanentemente, ya no solo por aquellos que prefieren un Estado débil y servil a la iniciativa depredadora de algunos, sino que también para aquellos que creen que el aparataje estatal es un instrumento de dominio capitalista. Son sin lugar a duda momentos difíciles para los que ejercemos una función pública, considerando la indisoluble relación cultural que en Chile se le da al Gobierno con la administración del Estado.

Y es en estas circunstancias donde se torna relevante la función pública y el comportamiento del cuerpo de funcionarios, que son aquellos que dan valor y permiten acercar a través del principio de probidad administrativa, las acciones del Estado al ciudadano. Es ahora cuando sin tener mayores responsabilidades o derechamente ninguna de una crisis social histórica o del manejo de una emergencia sanitaria, cuando el servidor público debe relevar su estructura formativa de privilegiar el deber por sobre el derecho y empatizar con el ciudadano, más allá del Gobierno de turno.

Es aquel funcionario público, en la repartición que corresponda y con el rol que le asiste asumir, el principal factor de recuperación de la confianza ciudadana perdida; en el trato deferente y en la conducta intachable se encuentra la llave que en tiempos de crisis permite sobrellevar los vaivenes sociales y económicos. Es en la ética de la función pública donde parte una forma de actuar institucional, que podrá superar cualquier crisis y legitimar la acción del Estado por el bien común.

Hace algunas semanas vi escrito en una pared cerca de mi lugar de residencia la frase: “El Estado es el verdadero enemigo”; aquello, más allá de ser una frase con profundo sentido de odio y muy alejado de quienes aman servir a otros, encierra en esencia una contradicción. El Estado moderno, y particularmente el Estado chileno, están constituidos para el bien común de la sociedad, donde sus servidores públicos son aquellos que permiten en la primera, segunda y tercera línea, superar las crisis a las que nos enfrentemos ahora y a las que se combatirán en el futuro.

Es por todo lo expuesto, que hoy más que nunca el ejercicio ético de la función pública permite iniciar esta enorme aventura de recuperar la confianza perdida. Gran tarea para aquellos que desean cambiar el mundo desde los escritorios.