Desde que el brote del COVID-19 asoló nuestro país, hemos visto con perplejidad como el Gobierno ha construido una estrategia de intervención, donde la balanza se inclina más a la economía que a las personas y más a la eficiencia que a la justicia social. Cuestión que sin duda no es nueva y nos recuerda a Piñera 2011, señalando a la “educación como un bien de mercado”. En esta línea es que hace dos semanas el Gobierno lanzó un cuestionable y fallido “Plan de Retorno Seguro”, en el que se incluía el retorno de las niñas, niños y adolescentes a los establecimientos, mientras se nos pedía poner al país por delante, frase con la que claramente se hacía alusión al retorno de las y los trabajadores a sus servicios -para reimpulsar la economía- cuestión que evidentemente va ligada al retorno de los estudiantes, a fin de destrabar el conflicto de cuidados de los mismos, y el retorno laboral de sus padres y madres.

Las cifras alarmantes provocadas por este llamado a la “normalidad”, han hecho retroceder al Gobierno, pero es claro que como ha señalado el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, “se harán los esfuerzos por volver a modalidad presencial”, con frases tan célebres como: “escolares estarán más protegidos en colegios que en sus casas”, obviando que la recomendación internacional de la OMS es no participar de aglomeraciones, cuestión que bajo la infraestructura de la mayoría de los establecimientos, no permite mantener la distancia mínima para evitar contagios, esto sin contar los traslados.

Sin embargo, como actrices y actores que llevamos años en el mundo educacional, no nos extraña la actitud del Ministro Figueroa, que podemos esperar de un hombre que es cofundador junto a Larroulet (dueño de un importante grupo educacional y declarado ortodoxo neoliberal) de la Universidad del Desarrollo, que podemos esperar de uno de los creadores de la Fundación Acción Educar principal centro de estudios que se opuso a la gratuidad por considerarla “un gasto excesivo”, el mismo que fue jefe de la división jurídica del MINEDUC cuando Harald Beyer fue destituido, por su negligencia “para fiscalizar el lucro en la educación superior.”

Ahora, cuales son las medidas que se han tomado por el ministro más allá de su fallido intento de llevar a los estudiantes al grave peligro del contagio. Primero, se habilitó la plataforma online Aprendo en Línea, una plataforma con recursos digitales para el autoaprendizaje en casa y en familia; y Aptus, orientado a los centros educativos, que incluye desde software educativo hasta capacitaciones para docentes y evaluaciones para los alumnos. Cabe señalar que Aptus, no es una plataforma estatal es una plataforma privada, que sin mucho investigar podemos ver en su página oficial tiene alianzas con la Universidad de los Andes, Fundación Belén Educa, Corporación educacional del Arzobispado, Programa Falabella “Haciendo Escuela” y Fundación Hernán Briones Gorostiaga, empresario que presidió la Fundación Pinochet. Saque sus propias conclusiones.

Segundo sobre la plataforma online, esta cuenta con guías de apoyo para trabajo en casa, con la familia, ¿olvida acaso el Ministro que el nivel educacional de las familias es tremendamente desigual en Chile?, ¿le vamos a pedir a una madre que no terminó la enseñanza básica que ayude a sus hijos a estudiar una guía de funciones de un alumno de 3 medio? Esta plataforma también comenzará a contar con cápsulas de video, pero no existe ningún seguimiento ni evaluaciones estandarizadas de contenidos mínimos para el sistema educacional completo, ni vías de contacto entre profesores y sus alumnos, cuestiones que serán rápidamente abordables por los colegios privados y subvencionados, pero que dejan en grave desventaja a los colegios municipales. Saque nuevamente sus propias conclusiones.

Si bien hay mucho que criticar, también en esta columna pretendo ser propositiva y mostrar como en otras latitudes de este mismo continente se han implementado soluciones. Uruguay implementa el Plan Ceibal, una iniciativa gubernamental famosa por haber sido pionera en la entrega de una laptop a cada alumno en las escuelas públicas, y la plataforma CREA, una suerte de red social donde cada docente puede cargar materiales, enviar y calificar tareas, y dialogar con sus alumnos, ¿por qué el Ministro no está tomando medidas? ¿Considerará que es un gasto excesivo como lo pensó de la gratuidad? ¿Es más fácil exponer a los estudiantes al contagio que generar una plataforma decente e invertir recursos en herramientas digitales?

El 27 de abril el Ministro anunció por twitter que entregarían 122 mil computadores con internet gratis por 11 meses para estudiantes de 7° básico. Hasta 2018 y para dar un aproximado en la enseñanza básica había 1.962.422 estudiantes. En matemática simple, resultado: insuficiente.

Volviendo al 2011, ¿Es la educación un bien de mercado? Pues si no lo es, y es un bien social -como sostenemos- el criterio no debe ser la eficiencia para determinar soluciones al conflicto, el principio rector debe ser la justicia social, es decir el resguardo de la vida y la igualdad de oportunidades, porque cuando es un bien de mercado tenemos un Gobierno que deja a suerte del bolsillo y de que el virus se ponga buena onda, el destino de miles de chilenos y chilenas.

Por último y no menos importante: los expulsados. Hace un tiempo Figueroa dijo: “la sala de clases es un lugar sagrado y no se puede alterar ese espacio”, criticando lo que él calificó como “politización de la educación”. Parece que a los ideólogos del mercado de la educación, los educan igual, porque durante el año pasado 51 jóvenes fueron expulsados o suspendidos de la UDP, UNAB y Universidad Central, en sumarios que no respetaron el debido proceso y que prohibieron la actividad política de sus estudiantes, negando sus libertades políticas básicas y negándoles el derecho a la educación, en el caso de las compañeras de la UDP por la toma feminista y en la UNAB y U. Central por participar de las movilizaciones desde el 18-O. ¿Sabrá el Ministro que en algunos casos la Corte de Apelaciones emitió una orden de no innovar que implicaría que la Universidad les permita retomar sus estudios, pero no ha sucedido?

¿Quién defiende el derecho a la educación de estas jóvenes y de los estudiantes vulnerables del país? ¿Tenemos realmente derecho a acceder a una educación de calidad? O como decía el sociólogo francés Bourdieu, la educación seguirá siendo sólo: la elección de los elegidos.