¿Qué hay detrás de los proyectos migratorios de un estado? ¿Cuál o cuáles son los intereses que un gobierno tiene o pone sobre la inmigración? ¿Cómo construye política pública a partir de esos intereses? Se puede decir que el Estado chileno mantiene una fijación con la migración como parte de su política de interior desde principios del siglo XX, de manera simultánea al ocaso del proyecto de colonización iniciado en la década de 1840 con los primeros colonos alemanes en las tierras del sur, quienes fueron reconocidos únicamente por su aporte a la fuerza laboral, pero también temidos por la internacionalización del movimiento obrero, lo cual terminó por construirles como una doble amenaza: para la nación y para el trabajador chileno. Actualmente, poco ha cambiado esa construcción. Las personas migrantes siguen sufriendo una constante criminalización por parte de distintos agentes estatales y reproducidos por los medios de comunicación, lo cual permite que exista tolerancia y naturalización de las múltiples desprotecciones y violencias que viven los y las migrantes en Chile, las cuales solo han aumentado en el contexto de la crisis del COVID-19.

Durante los dos meses que llevamos en medio de crisis sanitaria se han manifestado múltiples expresiones de racismo institucional, cotidiano y mediático en contra de las personas migrantes que residen en territorio chileno. El espectáculo en frontera, para señalar los supuestos peligros de contagio y desobediencia que estarían aparejados a la migración indocumentada; la sobre explotación mediática de noticias e imágenes respecto a las condiciones de vida de personas migrantes, particularmente comunidades peruanas y haitianas de la zona central y norte de la Región Metropolitana; la insistente e irresponsable vinculación entre migración y peligros para el Estado nación; y espurias predicciones sobre la masividad del escenario migratorio chileno de los próximos meses, basadas en supuestos informes de un opaco origen, tal como ocurrió con el informe de Big Data sobre el estallido social hace un par de meses atrás.

En este contexto mediático, el 29 de abril aparece el anuncio del gobierno donde señala que pondría discusión inmediata al Proyecto de Ley migratoria (PL) que dormía en el Congreso Nacional desde hace meses. La tramitación solicita que el PL deba ser revisado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, cuyos puntos de vista requería de un extremo cuidado y detalle en la discusión dado el escenario de precariedad en condiciones de vida, las dificultades administrativas y la grave estigmatización social que existe hacia las personas migrantes. Sin embargo, con la presión puesta por el Ejecutivo, la discusión solo estará pocos días en la comisión antes de entrar a la discusión en sala, logrando breves y muchas veces superficiales revisiones a un PL que requería múltiples lupas para su examen.

La sincronía entre la elección del contexto por parte del gobierno central para indicar dicha urgencia y toda la preparación de un escenario de criminalización de la migración en medios de comunicación hacen pensar en la existencia de una agenda que busca legislar contra la migración para hacerla desaparecer o por lo menos tener el poder para hacerlo. Es reprochable que, en el escenario actual de crisis sanitaria donde las precariedades y marginación social, legal y administrativa de las personas migrantes no solo se han puesto en evidencia, sino que se han exacerbado, el gobierno central decida tramitar un proyecto de ley que no responde a estándares mínimos acordes a las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, tales como la Convención para la Protección de Trabajadores Migrantes y sus Familias (CMW). Ante este escenario, urge preguntarse ¿Cuáles son las soluciones que dará el Ejecutivo para la irregularidad migratoria, además de la expulsión? ¿Cuáles serán los tiempos de respuestas para las solicitudes de visa u otros trámites migratorios relevantes? ¿Cómo se asegurará que la alta discrecionalidad otorgada a funcionarios públicos como policías o autoridades del gobierno no termine por hacer proliferar las manifestaciones del racismo en los diversos servicios públicos del país?

Hoy más que nunca conviene hacerse una pregunta sobre la sociedad que se quiere construir y que se quiere regular con una nueva de Ley de Migraciones ¿el bienestar de personas en tanto trabajadoras o el bienestar de personas en tanto personas? El gobierno central ha planteado que este tipo de preguntas no responden más que a sobre ideologías. En realidad, sí, una que respeta a los derechos humanos y que promueve el reconocimiento de la igualdad y no discriminación de las personas, sin importar sus rasgos físicos, origen, nacionalidad, religión o creencias culturales.

Reducir a las personas en tanto trabajadoras trae peligros a la protección de su bienestar, pues supone que el Estado, a través de su política migratoria defina mediante criterios de selectividad quiénes sí y quiénes no sirven para formar parte de la masa laboral en Chile. Pero ¿cuáles son las ideologías que fundamentan a los criterios tras esa selección? ¿Y cuáles son las estructuras sociales que condicionan el que algunos grupos sí puedan ser elegibles, mientras otros no? Más aun, que existan algunos grupos que están siempre condenados a la marginalidad del proceso de selección. Un ejemplo de ello es la reforma migratoria de abril de 2018 que tuvo como espíritu el “ordenar la casa” y que incluía la tramitación del mencionado PL, el cual seguirá abriendo preguntas tales como el ¿Quiénes pueden volver a su país a tramitar la visa después de estar como turistas en Chile?  ¿Quiénes pueden conseguir un contrato de trabajo desde sus países de origen? ¿Quiénes tienen los medios suficientes para subsistir y ser objeto de los beneficio de la política migratoria?

Es tiempo de preguntarnos qué tipo de ley migratoria queremos: una basada en una mirada económica de la vida o una basada en un enfoque humanista orientado al derecho a vivir en iguales condiciones de vida. ¿Queremos que la ley y la política migratoria sean funcionales a un modelo de sociedad que ahora más que nunca da cuenta de sus inequidades, o queremos que éstas sean acorde a estándares de derechos de personas en cuanto a personas, sobre todo considerando el carácter humanitario de la migración que llega al país? ¿Queremos que el mercado laboral defina quiénes sí o quiénes no, o queremos asumir con corresponsabilidad las inequidades territoriales que confinan a países de la región a la pobreza más cruda? ¿Queremos seguir atribuyendo que la causa de la irregularidad es la irresponsabilidad de personas u organizaciones, exculpando las trabas y demoras de un sistema burocrático que solo ha empeorado su gestión durante su proceso de modernización? ¿Queremos entender a la irregularidad como un delito y a la expulsión o abandono como un castigo? ¿Queremos seguir entendiendo a la migracion como una oportunidad desperdiciada, pero sólo desde la lógica del mercado laboral? ¿Queremos superponer el control migratorio a la ampliación de derechos sociales sin distinción? ¿Dejaremos que la ley y la política migratoria sea, una vez más, una instrumento de política pública basada en los principios de Chicago?

Resulta sospechosa la intención que el gobierno central tiene en la regulación de la migración y definir quiénes pueden venir y bajo qué criterios ¿Por qué existen tantas regulaciones para el movimiento de personas entre fronteras, pero existe una tendencia a las desregulación de flujos de bienes y capitales? ¿Por qué los y las trabajadores migratorias representan una mayor amenaza a la sociedad que la desprotección laboral y social respecto al mercado financiero global y sus precariedades en tiempos de crisis? Un ejemplo de ello es la infructuosa visa de oportunidades pareciera ser más un instrumento de una economía centralmente planificada que de un gobierno que denomina de corte liberal. ¿Proteccionismo?, tal vez simplemente discriminación y selectividad en función de la seguridad (económica) nacional.

La irregularidad migratoria, entendida como una limitante estructural para el acceso a derechos y protección social, se constituye como la problemática central en el marco de cualquier proyecto migratorio. Las causas pueden ser muchas, desde aquellas derivadas del mercado laboral y gestión migratoria, hasta un temor a la deportación. En ningún caso, como lo plantea el gobierno, es exclusiva responsabilidad de la persona migrante. Eso es, una vez más, desconocer la realidad de las personas que no detentan de los privilegios de quienes toman las decisiones, o cuyas ideologías no les permiten ver el lado humano de la migración. En este sentido, lo que se debe evitar es que una nueva ley produzca irregularidad, y que de producirla se brinden los canales para la regularidad mediante mecanismos de integración social y no control migratorio.

El presente texto hace parte de la iniciativa comunicacional del proyecto ANID PIA SOC180008 “Migraciones contemporáneas en Chile: desafíos para la democracia, la ciudadanía global y el acceso a los derechos para la no discriminación”.