Durante este miércoles, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, realizó el primer balance de la iniciativa “Mascarilla 19”, medida que fue lanzada hace un mes para ofrecer un canal de ayuda para mujeres víctimas de violencia, en el marco del confinamiento adoptado como resguardo sanitario frente a la pandemia del Covid-19 .

A través de la palabra “Mascarilla 19”, las mujeres pueden ser contactadas al número de orientación 1455, o en los casos más graves al 149 de Carabineros. Vale decir, señaló Santelices, no es una mascarilla que se adquiere en el mercado, sino una señal de alerta para que las funcionarias de las cadenas de farmacias contacten a las víctimas a los números de emergencia que dispuso Ministerio.

Hasta la fecha, 30 mujeres han recurrido a esta ayuda en todo el país, 11 de ellas para pedir auxilio en temas de violencia intrafamiliar.

“5 mujeres recibieron orientación directa del número de emergencia 1455; 4 fueron derivadas a un centro de la mujer para recibir ayuda sicológica y legal; una fue derivada al centro de Violencia Sexual de su región y, finalmente, en un caso fue pertinente el apoyo de carabineros”, detalló la Ministra.

Asimismo, en el balance se evidenció que las ayudas se han concentrado principalmente en la zona central, con un 45 por ciento de los casos en la región Metropolitana, seguido por la zona sur con un 37 por ciento y el norte, con un 18 por ciento. 

Desde la promulgación del dispositivo, muchas organizaciones feministas han criticado su efectividad por diversas razones. En el caso de la integrante de la coordinación nacional de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres y directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Silvana del Valle, asegura que la Mascarilla 19, tiene falencias por donde se le mire.

“Es una medida copiada desde otras latitudes, sin la perspectiva necesaria de la realidad nacional, como muchas otras políticas públicas o intento de políticas públicas que se tratan de establecer por gobiernos como los que tenemos en Chile, desde la pos dictadura”.

Como primera crítica sustantiva, la integrante de la Red cuestionó el hecho que el Estado delegué su responsabilidad de salvaguardar la vida de las mujeres en una corporación con fines de lucro, como lo son las empresas farmacéuticas.

“En primer lugar, el empleado de farmacia no tiene esa obligación desde el punto de vista laboral, no ha sido contratado o contratada para esa situación, no se le paga para que realice este tipo de funciones y, lo que es más grave, traslada hacia el sector privado una obligación que es del Estado. Quienes tienen que apoyar a las mujeres que tienen riesgo vital, son las instituciones públicas, partiendo por las policías”.

Por otro lado, la activista feminista manifestó que la capacitación que se propone para la medida, es básica. “Es solo un instructivo el que se les hace llegar a los empleados de farmacias, lo que es absolutamente insuficiente para tratar un tema como la violencia hacia las mujeres”.

“Además, pone en riesgo a los empleados y empleadas a que escale la situación de violencia que pueda estar viviendo la mujer que acuda a la farmacia y que, en definitiva, el agresor de esta mujer, termine agrediendo no solo a la mujer, sino también a los funcionarios y funcionarias. Es una medida muy temeraria”.

Respecto al alcance que ha tenido el dispositivo de emergencia a un mes de su puesta en marcha, Del Valle fue mordaz en aseverar que, la violencia intrafamiliar no la viven 30 mujeres en todo el país y que, además, la publicidad del número de emergencias 1455, tanto ahora como en la administración anterior del ministerio, sitúa la violencia contra la mujer como si fuera un problema exclusivo de relaciones de pareja, de orden conyugal o de convivencia de pareja adulta.

“No revisa el problema de la violencia contra la mujer como lo que realmente es: un problema estructural, que está en la base de la sociedad y que, además, es continuo a lo largo de la vida de las mujeres. Esto afecta no solo a mujeres adultas en situaciones de pareja, sino que también a niñas, jóvenes, adultas mayores en una diversidad de relaciones. En el caso de la violencia doméstica, por ejemplo, existen hijos, padres, hermanos, tíos que agreden a las mujeres de distinta forma y que una medida como esta, claramente, no va a abarcar situaciones como aquellas”.

Esta política se enajena de las problemáticas de violencia que se levantan en diferentes espacios de vinculación en el que las mujeres participan, agregó, ignorando los ámbitos laborales y educacionales, que producto del confinamiento, también se desarrollan en los márgenes del hogar.

Finalmente, una de las principales contradicciones de la Mascarilla 19 sería el anonimato relativo que otorga, considerando la situación en la que una mujer se dirija a una de estas farmacias que ha adoptado la medida y pronuncie la palabra clave en compañía de su agresor.

“La misma publicidad que se le da a la medida, implica que no solo las mujeres agredidas, sino que también los agresores van a conocer la palabra, entonces decir esa palabra implica que el agresor va a saber que la mujer está accediendo a un, supuesto, dispositivo de protección. El nivel de violencia podría incluso aumentar ¿Qué ocurre si una mujer deja esta denuncia y se va para su casa? que es lo que puede hacer porque, evidentemente, los funcionarios de la farmacia no van a estar habilitados para tomar detenido al agresor, entonces, ella va a volver a casa con este y el agresor, que es muy probable que no reaccione en ese momento, va a reaccionar después, como suelen hacer los agresores”, agregó Del Valle.

Finalmente, la directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano denunció la falta de eficacia del número de emergencia 1455, cuya función es derivar estas denuncias a las policías, a través de servicios tercerizados y bajo la sobre explotación de las mujeres que lo atienden. “Las policías no están contestando los teléfonos, no están acudiendo a los llamados por delitos de todo orden y, en particular, en casos de violencia contra las mujeres. Por lo tanto, la protección que el Estado otorga hacia las mujeres es muy baja”, manifestó.

Los registros de Carabineros señalan que en marzo del 2020, las denuncias por violencia intrafamiliar disminuyeron en un 14 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, sin embargo, los llamados relacionados con este tipo de violencia aumentaron en un 20%.