De todas las personas dentro del sistema penal chileno hay 33 que cumplen con las condiciones para verse beneficiados con el proyecto de “Ley Humanitaria” que impulsa el Gobierno. Y de éstas, el 42% son condenados por crímenes de lesa humanidad. Es justamente éste el punto que ha generado los cuestionamientos de actores y organizaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos; visiones que se plasmaron este miércoles en la Comisión de Constitución del Senado, la que terminó rechazando la idea de legislar el proyecto en un nuevo traspié para el Ejecutivo, que ya había sufrido un tropiezo con el rechazo de la Comisión de Derechos Humanos.

Tres votos contra dos sellaron el destino en aquella instancia de la iniciativa con que la cartera de Justicia y Derechos Humanos pretende que los condenados por cualquier delito -incluidos los por violaciones a los derechos humanos- puedan sustituir sus penas por el arresto domiciliario, siempre y cuando padezcan una enfermedad en fase terminal y tengan un menoscabo irrecuperable que provoque dependencia severa; o cuando sean mayores de 75 años y hayan cumplido al menos la mitad de sus condenas.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han impulsado la iniciativa. En la foto, el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela; el ministro de Justicia, Hernán Larraín; y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. Foto: Ministerio de Justicia y DDHH.

En el comienzo de la sesión la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, precisó la proporción de condenados por crímenes de lesa humanidad que se verían beneficiados por la medida, es decir, los mayores de 75 años con la mitad de la pena cumplida. En todo el sistema penal hay 33 personas que cumplen estas condiciones, aseguró Recabarren, de los cuales 14 están recluidos por violaciones a los derechos humanos y el resto por delitos menores.

Luego fue el turno del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco. Desde el INDH señalaron que el proyecto, en general, cumple con los estándares de derechos humanos y que recomendaban su aprobación. Pero Micco fue enfático en que la inclusión de condenados por crímenes de lesa humanidad no se adecuaba a la norma internacional y que ese punto debía discutirse por separado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado chileno.

“Esto tiene que compatibilizarse con las obligaciones que tiene el Estado de Chile con respecto a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esto es especialmente importante hoy día, por el contexto histórico que acabamos de tener, me refiero a que de acuerdo al INDH hemos vivido un proceso grave de violaciones a los derechos humanos a partir de la crisis de octubre, y también obviamente por nuestra experiencia histórica reciente”, sostuvo el director del INDH en su presentación.

“Por la gravedad de los delitos cometidos, los condenados por crímenes de lesa humanidad deben haber cooperado con la justicia y demostrado a través de su conducta un real arrepentimiento“, agregaron desde el INDH. 

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, insistió en que, por la gravedad de los delitos cometidos, los condenados por crímenes de lesa humanidad deben haber cooperado con la justicia y demostrado a través de su conducta un real arrepentimiento. Foto: INDH.

Luego de una extensa presentación, en la que detalló el trabajo que ha realizado Human Rights Watch (HRW) denunciando las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Pinochet, José Miguel Vivanco, director de la organización, aseguró que, desde la creación del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional en 1998, hasta ahora la regla general ha sido imponer sanciones proporcionales a la gravedad los crímenes en materia de derechos humanos.

En ese sentido, apelando al fallo de la Corte Internacional en el caso de Alberto Fujimori, Vivanco se manifestó en favor del proyecto del Gobierno afirmando que “no existe estándar alguno en derecho internacional que prohíba” estos beneficios.

“El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos es reciente, esta idea de exigir rendición de cuentas, castigar a los responsables por violaciones a derechos humanos. Lo que aún no cuenta con un desarrollo consolidado pleno es el qué hacemos con los condenados que están sufriendo graves enfermedades, que estén muriendo en prisión. Sobre esa materia el mejor o el único texto jurídico que existe actualmente en vigencia es el de la CIDH en el caso de Fujimori, que explícitamente le da luz verde a esa opción”, fue la interpretación del director de Human Rights Watch.

“No existe estándar alguno en derecho internacional que prohíba beneficios a aquellos que estén condenados, así no estén condenados por crímenes de lesa humanidad y que estén sufriendo problemas gravísimos de salud, como son las hipótesis que se contemplan en este proyecto“, agregó Vivanco. “Esa prohibición no existe. Al contrario, lo que sí existe en derecho internacional es la sentencia reciente de la CIDH de 2018 que le exige a los Estados hacer una ponderación de valores jurídicos en tensión. Primero, por supuesto, los derechos de las víctimas de la sociedad a una justicia genuina, pero también el derecho de aquel condenado que está en condiciones prácticamente de muerte en una prisión“, sostuvo el director de Human Rights Watch.

El director de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, argumentó en favor de la iniciativa presentada por el Gobierno asegurando que que “no existe estándar alguno en derecho internacional que prohíba” estos beneficios. Foto: HRW.

Con estos antecedentes, los senadores integrantes de la Comisión de Constitución procedieron a votar. Los senadores Andrés Allamand (RN) y Víctor Pérez (UDI) manifestaron su voto en favor del proyecto de ley, aprovechando los argumentos de Vivanco para desligarse de los cuestionamientos por no estar apegados al derecho internacional. Por su parte, los senadores Alfonso De Urresti (PS), Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya (IND) votaron en contra, dando cuenta de que la iniciativa no contempla requisitos fundamentales como lo son el arrepentimiento y la colaboración con la justicia.

Ante el rechazo de la idea de legislar la iniciativa, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien sólo intervino en la sesión tras las palabras del director de HRW, tomó la palabra para lamentar la decisión y agradecer el debate. Larraín apeló a la Sala, próximo paso que dará el proyecto en su tramitación, esperando su aprobación pese a los informes negativos.

“Lamento el resultado porque creo que se abre un espacio para avanzar en esta materia, dadas las consideraciones que aquí se han hecho presentes”, manifestó el titular de Justicia. “Sin perjuicio de que ciertamente el país tiene que continuar en la línea de seguir en la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación; son tareas que no se agotan pero que no son incompatibles con mostrar humanidad en esta materia“, añadió el secretario de Estado.

Aún no hay fecha para su votación en la Sala del Senado. Pero de aprobarse el proyecto de “Ley Humanitaria”, serán los Tribunales de Justicia los que tendrán la obligación de velar por el cumplimiento de los requisitos, los estándares internacionales de derechos humanos y de ponderar las obligaciones del Estado en términos de verdad, justicia y reparación, además de los graves efectos que podría generar la excarcelación para las víctimas y sus familiares. Una situación que, debido a su experiencia con el Poder Judicial, las organizaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos ven con desconfianza.