El gobierno boliviano, a contrapelo de lo que han sido los últimos tres lustros, ha decidido volcar todas sus fichas, en el marco de su política exterior, en cobijarse bajo las faldas de Estados Unidos y lo que ese país le marque en materia internacional.

El objetivo de aquellos que administran hoy a Bolivia resulta evidente: restaurar plenamente el proyecto neoliberal, a través del apoyo que le está brindando Estados Unidos con sus organizaciones gubernamentales en temas sociales y de combate a las drogas, además del trabajo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los préstamos (en este caso la aprobación de 327 millones de dólares durante el mes de abril) que suelen hipotecar el futuro de las naciones exigiendo ajustes estructurales, privatización de las empresas públicas, jibarizar el tamaño del Estado entre otras demandas. Tal idea lleva aparejado el favorecer a los grupos económicos bolivianos y transnacionales: financieros, comerciales, terratenientes y al mismo tiempo, otorgar franquicias favorables, a las empresas extranjeras vinculadas, fundamentalmente, a la industria petrolera y minera, que vuelven a convertir a Bolivia en un botín de guerra.

El gobierno de facto de Jeanine Añez ha dado un giro en 180º en todos los aspectos que el gobierno del MAS había efectuado en casi 14 años de mandato: política energética, protección social, educación y en el aspecto internacional con esa mirada que se tenía, más volcada a Sudamérica con relaciones plenas con Venezuela, Cuba, Nicaragua y potencias extranjeras rivales de Washington, entre otras. Hoy, el panorama es distinto y lo seguirá siendo a menos, que en las próximas elecciones presidenciales quien triunfe decida otro camino o un retorno a aquella senda que parece haberle dado estabilidad a Bolivia.

Estas postergadas elecciones están teniendo un camino sinuoso, que deja al descubierto el deseo del gobierno de facto de no abandonar el poder. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de la nación altiplánica, Salvador Romero, informó que las elecciones se realizarán el día 6 de septiembre próximo. Decisión que contó con el inmediato rechazo del gobierno y los poderes fácticos en Bolivia. Recordemos, que estos cómicos ya han sufrido dos cambios, ya que el día 22 de enero, fecha establecida constitucionalmente para llevar a cabo las elecciones presidenciales tras la renuncia del ex presidente Evo Morales; la presidenta de facto, en un acto absolutamente ilegal se auto prorrogó el mandato hasta el día 3 de mayo. Ese día de mayo, Añez volvió a aplazar – sin definir fecha – los comicios, tomando como excusa la pandemia por el Covid 19. Fue en ese escenario, que el TSE estableció el día 6 de septiembre, para llevar a cabo este ejercicio electoral.

Fecha, que estas alturas no parece tampoco definitiva, considerando que seguramente el TSE sufrirá presiones para modificar su decisión, sobre todo porque el gobierno de Añez y el circulo político y militar que la rodea, han dado claras señales que no desean dejar el poder. Para fortalecer esa posición de continuidad del actual gobierno, pueden darse varias excusas: primero, apelar a la gravedad de la pandemia y los efectos sanitarios y económicos que la enfermedad tare aparejada. Segundo, recusar a alguno de los candidatos, bajo la modalidad de presentar acusaciones vinculadas a la administración anterior y del cual tanto el binomio conformado por Luis Arce para la presidencia y David Choquehuanca fueron parte de los gobiernos del MAS. Para quien desea perpetuarse autocráticamente todas las artimañas son posible.

El gobierno de Añez ha dado muestras que lo suyo es la ambición por el poder, incluso violando todas las promesas efectuadas cuando juro como presidenta interina: sin quorum de la cámara baja y menos aún en la primera línea sucesoria establecida por la constitución. Añez está a la cabeza del ejecutivo pero no gobierna, eso lo hace una casta de políticos y empresarios, que han decidido saquear al país y volver a resituarlo en la esfera de influencia de Washington. Incluso si ello significa mostrar la peor cara de la corrupción. Un comentario publicado por The New York Times aseguraba que Añez, a tres meses en el cargo, ‘ha mostrado ser una figura sedienta de poder que busca permanecer en la presidencia más allá de lo acordado y usa métodos peligrosos para la institucionalidad del país’. Mientras el diario británico Financial Times publicó un editorial, en el que considera la candidatura una amenaza al futuro democrático del país por lo demostrado en estos meses de gestión.

Esta conducta depredadora es parte del ADN de este interinato a la fuerza. No en balde Añez y los suyos, en estos escasos 8 meses de gobierno ya tiene, al menos, 35 acusaciones por actos de corrupción en los más diversos ámbitos: nepotismo, abuso de confianza, sobornos, pago de facturas sobrevaloradas en adquisiciones médicas. Las denuncias respecto a los negociados y la corrupción galopante en importantes empresas estatales bolivianas dan luces que al país se le están poniendo ruedas, pero no para avanzar al desarrollo y el beneficio social, sino para que sea más fácil llevarse, metafóricamente, estas empresas a las oficinas y casas de los grupos que hoy dominan en el país sudamericano. Ambiciones por tener un trozo de la tajada estatal que significa el litio, las telecomunicaciones, el petróleo y gas, la aviación estatal, electricidad, todo aquello que resulta altamente ventajoso para los privados en materia de réditos a corto plazo.

Un gobierno como el de Añez, que ha negociado la vuelta de la Oficina de Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés). Autorizar la vuelta de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID por sus siglas en inglés) y que representa la punta de lanza no militar de los procesos, ya sea de desestabilización de gobiernos considerados enemigos de Washington o apuntalar a políticos, periodistas, funcionarios de gobierno, en la idea de controlar la vida de las sociedades donde trabaja.  A la par de esta reinstalación de oficinas clásicas de las administraciones estadounidenses destinadas a garantizar sus intereses, se han generado decisiones que van en la línea de concretar el aislamiento de todos aquellos gobiernos contrarios a Washington.

En las últimas semanas en Bolivia, la USAID junto a la NED, la denominada Fundación Nacional para la Democracia, que a través de millonarios presupuestos promueve, en todo el mundo, a iniciativa del congreso estadounidenses, proyectos enmarcados en promover la democracia liberal estadounidenses, como es el caso de esta Bolivia que parece volar a los brazos del liberalismo. En este caso se trabaja en el programa, ya clásico en las intervenciones estadounidenses en el mundo denominado “promoción de la democracia”. Es tan profunda la injerencia estadounidense en Bolivia que el consejero político principal de Añez es el agente de la CIA Erick Foronda. Como afirma el analista Ernesto Eterno “Nunca antes la CIA había gobernado un país desde la misma silla presidencial como ahora, incluso perdiendo hasta las formas más elementales, en su larga historia de injerencia y crimen en Bolivia”

La presencia e influjo estadounidense resulta escandalosamente evidente. El gobierno de Añez a poco de tomar el control del país rompió relaciones diplomáticas y expulsó a funcionarios y ciudadanos de Venezuela y Cuba, para posteriormente entrar en una etapa de que ha significado también romper relaciones con Nicaragua y la República Islámica de Irán. En el plano económico su dependencia se evidenció al solicitar el mencionado préstamo al FMI, cuya trazabilidad no ha sido posible seguirla pues no existe información sobre en qué se gastará, en que sectores se va a invertir o servirá simplemente para transformarse en esos clásicos programas económicos de ayuda, que sirven para financiar la corrupción y el saqueo de las empresas públicas a través de procesos de privatización, que bien conocemos en Latinoamérica.

Ya a fines de noviembre del año 2019, recién asumida en su cargo de facto, la Sra. Jeaninne Añez señaló que Bolivia tendría un giro radical en las posiciones que su país estaba llevando a cabo en materia internacional. Lo prioridad estuvo en reestablecer relaciones diplomáticas plenas con Estados Unidos ya que, según la canciller Karen Longaric “ese deterioro ha afectado a la imagen de Bolivia pero sobre todo ha afectado a nuestros intereses económicos y comerciales” Una Bolivia que además comenzó a estrechar contactos con el régimen sionista y el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. Desconociendo de paso al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, saliendo del Alba e ingresando al desestabilizador y desprestigiado Grupo de Lima. Tuvo serios roces diplomáticos con España y México a partir de la persecución política al ex presidente Evo Morales, que implicó la vigilancia de las embajadas de estos dos países, incluso con expulsión de funcionario diplomáticos de ambos lados.

En siete meses de mandato de facto la Sra. Añez ha tomado medidas absolutamente contrarias a su promesa respecto a la transitoriedad de su estadía en el palacio de gobierno. Sostuvo que no se iba a presentar a las elecciones y lo ha hecho. Sostuvo que el gobierno era de transición y ya ven, se mantiene con apoyo de la derecha boliviana y Estados Unidos (1) Ha retomado relaciones plenas con Estados Unidos. Ha estrechado lazos con el sionismo solicitando ayuda para combatir a los movimientos de izquierda (ya que son favorables a Palestina) (2). Rompió relaciones con Venezuela y Cuba, expulsando cooperantes (3). Tal como lo sostuve anteriormente se está trabajando por el retorno de la DEA. Esto se traduce en conversaciones tenidas con altos mandos de ese departamento, que según los críticos del gobierno de Añez van encaminándose a lograr impunidad para familiares de la presidenta, involucrados en narcotráfico (4)

El pasado 4 de junio, en un paso más de distanciamiento de aquellos países que mantuvieron relaciones cordiales con el anterior gobierno boliviano presidio por Evo Morales, la actual presidenta de facto, Jeanine Añez anunció el cierre de sus embajadas en Nicaragua e Irán. El argumento esgrimido por la Sra. Añez fue que con ese cierre se podrían destinar fondos para la lucha contra el Covid 19 y que “No tenemos nada contra estos países y pueblos, nobles y hermanos, que respetamos y son amigos”, argumentó. Con la República islámica de Irán, la administración del ex presidente Morales había firmado una decena de acuerdos en áreas como salud, defensa, investigación, minería y cooperación industrial.  Es incuestionable que las órdenes vinieron desde Washington.

Resulta innegable, más allá de las palabras de buena crianza de Añez, que Palacio Quemado está recibiendo fuertes presiones desde Washington y está desarrollando una política exterior, en dirección totalmente opuesta (5) a la que se llevó durante casi catorce años en los gobiernos del MAS. Es un retorno de Bolivia, al rebaño dócil que maneja el pastor estadounidense y no sería extraño constatar que las promesas de llevar al país altiplánico por el camino nuevamente de la democracia comiencen a chocar con los intereses económicos internos y externos. Unido lo anterior a las propias pretensiones y la defensa de sus derechos conquistados de una población boliviana, que dista mucho de ser aquella que solía mirar, décadas atrás, los cambios en Palacio Quemado, sin tener mucha participación.  Volver al redil estadounidense y a lo que ello implica puede llevar a Bolivia a un conflicto social de gran envergadura.