Estos meses de pandemia han marcado a la humanidad con una persistente información sobre el horror. El horror de no haberlo imaginado ni tomado medidas a tiempo, aunque entre 2011 y 2019 numerosos científicos dieron las alertas y algunos países asiáticos que habían experimentado brotes infecciosos se prepararon aprovisionando insumos médicos. El horror porque la experiencia es planetaria y su ámbito de devastación incalculable. El horror de no poder controlar el contagio y las muertes. El horror de paralizar toda actividad poniendo en riesgo no solo la salud, sino también la economía. Pero, la peor pesadilla de todas sería no aprender nada de lo sucedido.

Diversos intelectuales han señalado que la causa última de este sufrimiento proviene de la capacidad inagotable del sistema económico de arremeter contra la naturaleza destruyendo sus equilibrios básicos, pero es difícil creer que esto vaya a cambiar y más bien se aspira aque los acuerdos ambientales pre pandemia sean respetados. No aprenderemos a ser mejores en el plano de la sustentabilidad ambiental

La globalización, la apertura económica, el predominio del mercado en esferas que van más allá de la producción de bienes y servicios tampoco va a cambiar. No seremos, después de estos meses menos competitivos y más solidarios, ni entre personas, ni entre comunidades, ni entre países.

Sin embargo, en tres planos creo que las sociedades pueden dar un salto que contribuya a la prosperidad y el bienestar de las personas: reconocer y potenciar el papel de la protección social para brindar seguridad a las familias, valorar y apoyar la importancia irreemplazable de la economía del cuidado y explorar las bondades y limitaciones del trabajo en modo remoto para mejorar la conciliación entre la vida laboral y familiar.

En este artículo reflexionaré sobre la protección social y las responsabilidades públicas. Si algo dejará la experiencia de COVID 19 es la conciencia clara e ineludible del rol del Estado. La gente ha buscado la protección del Estado para que explique, indique, informe. También para que aporte, genere medidas, ofrezca soluciones, responda inquietudes y brinde seguridad en medio del temor y la incertidumbre. No haré aquí la crítica respecto del desempeño, solo interesa remarcar la indispensabilidad de la institución.

La pandemia dejará estragos en Chile. Caerá el producto, el empleo y el nivel de vida de los chilenos. Se planteará entonces una urgencia histórica por generar un sistema integral de protección social basado en derechos. Este sistema no podrá dirigirse sólo a la población pobre, sino a la población vulnerable o en riesgo y deberá tener como principal preocupación la infancia, un segmento especialmente frágil y dependiente.

Un sistema de protección social no es un “dispensador de ayudas” sino un seguro contra la pobreza y la precariedad y una palanca para adquirir o reforzar habilidades para la sociedad. Un buen sistema de protección social ofrece garantías de ingreso y seguridad social a la población, incluyendo salud, educación y empleo (seguros, licencias, asignaciones).

Sin duda, un factor clave de un sistema de protección social es la seguridad de ingreso para responder a dos condiciones críticas que conviven en el mercado laboral chileno, la modernización productiva asociada a la tecnología y la automatización que está desplazando trabajadores de sus puestos de trabajo, tendencia que se observa en todo el mundo y no solo en Chile. Otra, propia de Chile y Latinoamérica, que refiere a la extensa informalidad, trabajo precario y por cuenta propia de nuestra fuerza laboral. En el marco de estos cambios en el mundo del trabajo, los Estados enfrentan la obligación de tomar medidas para garantizar el bienestar de las personas.

La emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19 ha contribuido fuertemente al debate sobre las transferencias de ingreso como mecanismo de protección social. Se han tomado tres medidas. En abril se entregó un bono de emergencia de $ 50.000 por carga a familias vulnerables con ingresos informales. En mayo 2020 se aprobó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dirigido al 60 % de los hogares más vulnerable del registro social de hogares, por tres meses en montos decrecientes. Las críticas respecto al monto, la duración, la cobertura y lo decreciente del aporte no se hicieron esperar. Pero lo más grave, los sectores más necesitados no respetaron las normas de confinamiento porque obligadamente salieron a generar ingreso para el consumo familiar. En Junio se modificó esta prestación incrementado el monto para asegurar un mínimo de $400.000 para un hogar de 4 integrantes, manteniéndolo estable en el tiempo y aumentando su cobertura al 80% más vulnerable del registro social de hogares.

¿Qué pasará después de la crisis sanitaria con un país menos solvente y unas familias empobrecidas? Previo a la pandemia, una familia de 4 integrantes recibía en promedio $ 135.000 de transferencias monetarias del Estado, monto insuficiente incluso para superar la línea de extrema pobreza que es de $ 111.982 por persona, de acuerdo al cálculo de la canasta básica de alimentos 2019 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En el informe “El desafío social en tiempos de COVID-19”, del 12 de mayo, CEPAL propone un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza durante seis meses a toda la población en situación de pobreza. Pero agrega que, en el largo plazo, esta transferencia debiera ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a un conjunto más amplio de la población que está en condiciones de vulnerabilidad, lo que permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal.

No es suficiente lo que Chile hace respecto a la pobreza y mucho menos respecto a la vulnerabilidad y precariedad de sectores medios que superaron la situación de carencias elementales, logran acceso a mejoras en bienestar, pero se encuentran atrapados frente a servicios de mala calidad, endeudamiento, incertidumbre laboral y temor a la vejez y la enfermedad. La crisis social de octubre del 2019 quedó en suspenso por la gravedad de la crisis sanitaria, pero no desapareció. Constituir un Estado social de derechos que responda a las necesidades y expectativas de las personas es imprescindible para reestablecer confianzas y permitir que un nuevo pacto social reordene la crisis institucional y política que también se cierne como una amenaza. Sin instituciones confiables, reglas del juego conocidas y respetadas, líderes que representen y orienten a la ciudadanía, el drama sanitario y social no hace más que agravarse.

*La autora es socióloga. Actualmente, se desempeña como Asesora Social Senior en la consultora ambiental “Gestión Ambiental Consultores”