Quizás uno de los episodios más recordados de esta pandemia es el momento en el que el ex ministro de salud, Jaime Mañalich, comentó en televisión que no estaba en conocimiento del nivel de hacinamiento y pobreza que existía en nuestro país, dejando en evidencia que el Gobierno toma las decisiones sin conocer la realidad de nuestro pueblo.

Esta situación nos invita a cuestionar el manejo de la economía, la recaudación fiscal y la redistribución de la riqueza durante los últimos 50 años, ya que mientras la ciudadanía reclama que no le alcanza para llegar a fin de mes, las decisiones del país quedan en manos de  quién, de un súper rico, nuestro presidente, que tiene la frialdad de decirnos que no hay recursos para ampliar las políticas de protección social, como el postnatal de emergencia o el aumento del Ingreso Familiar de Emergencia.

En buen chileno, acá está “mal pelao’ el chancho”, porque si uno mira el esfuerzo que hacen las familias trabajadoras, proporcionalmente es mucho más alto que el de las empresas y las grandes fortunas, quienes se las han arreglado para no pagar más impuestos gracias al lobby y el financiamiento ilegal de la política, obligándonos a seguir su propia fórmula: bajemos la carga tributaria, relajemos los derechos laborales e incentivemos la inversión.

El problema de esta receta es que aumenta la desigualdad, en palabras simples, si salvamos a las empresas y estas no retribuyen el esfuerzo, los ricos se mantienen ricos y el resto se empobrece, trasladando el peso de la crisis al 80% de las y los trabajadores que reciben ingresos por debajo de los 430 mil pesos, franja en la que se encuentran las 940 mil personas que hoy no tienen empleo y las casi 650 mil que tienen el contrato suspendido, de acuerdo a las últimas cifras entregadas por Instituto Nacional de Estadísticas.

Por esta razón es que la política económica del gobierno es insuficiente, ya que se pone del lado equivocado, enfocándose en quienes tienen más, en vez de quienes necesitan una mayor protección del Estado. Así, salvo el Ingreso Familiar de Emergencia, que se mantiene por debajo de la línea de la pobreza, tanto la Ley de protección del empleo, como la de apoyo a los honorarios terminan siendo financiadas por los mismos trabajadores.

Es por eso que hacemos un llamado a emparejar la cancha, subiendo los impuestos a las grandes empresas y creando un impuesto a los súper ricos, aquellas fortunas que superan los 3.000 millones de pesos, como la del presidente. Justamente para financiar aquellas políticas que hoy necesitamos aprobar con urgencia para enfrentar la crisis.

Desde mi partido, Convergencia Social, hacemos esta propuesta con responsabilidad, primero porque varios estudios económicos demuestran que sin mecanismos redistribución aumentamos la desigualdad; y en segundo lugar porque la ciudadanía está cansada y nos exige un cambio de dirección, pues resolver esta crisis sin tomar en cuenta las advertencias que nos dejaron las manifestaciones de octubre solo va a incrementar el espiral de rabia que se ha incubado en el seno nuestro pueblo.

No es posible que ante la gravedad de la crisis seamos indolentes y dogmáticos. Hoy estamos pidiendo fortalecer la protección social y no podemos decirle a las personas que no hay plata para financiar medidas como el postnatal porque hay empresas y fortunas millonarias que no quieren poner de su parte y que se han beneficiado durante años con la flexibilización de los derechos laborales. Es momento de cobrarles el sacrificio que han hecho sus trabajadoras y trabajadores durante 50 años.

Cuidar a nuestra ciudadanía es cuidar nuestra democracia. Distribuir los esfuerzos es proteger nuestra vida en comunidad, permitiendo que todos y todas tengamos un piso de dignidad desde el cual poder construir y fortalecer nuestro país. Esta crisis es una oportunidad de enmendar el rumbo, poniendo por delante la justicia social, subordinando la política y la economía a la búsqueda de la equidad.