En el último mes, la pandemia por coronavirus sigue avanzando implacablemente en Chile y junto con ella también sus graves efectos sociales y laborales.

Los datos de coyuntura indican que la economía está resentida a un nivel similar a la crisis de 1982. El IMACEC de mayo fue de -15,3%, profundizando la caída de abril (-14,1%). En consonancia, las proyecciones de crecimiento del PIB para el 2020 nuevamente se han actualizado a la baja, como lo muestra la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central de junio que estima un -4,8%. Desde los organismos internacionales los pronósticos son igual de poco auspiciosos. El Banco Mundial vaticina una contracción de -4,3%, la OCDE anticipa un -5,6% (-7,1% si hay rebrote de contagios) y el FMI establece un escenario de -7,5%.

El escenario económico ha golpeado al mercado de trabajo, precarizando las condiciones de vida y profundizando la desigualdad en toda América Latina, como muestra el “Panorama Laboral en tiempos de la COVID-19” de la OIT. En Chile, hasta el momento, la situación se asemeja a la crisis de 1982. La encuesta de empleo de Centro UC con datos a fines de junio muestra una agudización de lo señalado por el INE para el trimestre móvil marzo-mayo. Sigue desplomándose el empleo, la participación laboral, las horas trabajadas y los ingresos. Por primera vez desde los ’80 hay más personas inactivas que en la fuerza de trabajo, fenómeno muy inusual. Este solo dato resume la gravedad de la situación. 

La situación tiene implicancias graves en las condiciones de subsistencia de gran parte de la población, pero también genera un impacto a nivel de la subjetividad de las personas sobre el cual se ha hablado poco. Lo que emerge del trasfondo del COVID-19 es una sociedad trizada, de la cual hay que hacerse cargo en serio desde ahora mismo.

El dato que mejor resume el escenario laboral es el desplome de la tasa de empleo. Para la última semana de junio, Centro UC estima que ésta alcanza un 43%, lo que implica una pérdida de cerca de 2,1 millones de empleos en un año. La estimación previa del INE para el trimestre móvil marzo-mayo cifraba la caída en 1,5 millones de puestos de trabajo. 

Junto con ello, sigue cayendo la tasa de participación laboral y la tasa de desocupación supera el 11%, según el INE y la UC. Esta tasa sería el doble o más alta si gran parte de quienes dejaron de buscar trabajo por la pandemia lo estuvieran haciendo (1,1 millón de personas según Centro UC). Y a ellos se podría sumar una fracción de los 700.000 que se han adscrito a la ley de protección del empleo.

La abrupta contracción de la fuerza laboral (no olvidemos que la pandemia llegó a Chile hace sólo cuatro meses) ha profundizado la desigualdad. Quienes primero pierden sus empleos son los más vulnerables, de menores ingresos, los menos calificados y los informales. En cambio, quienes permanecen con ocupación son principalmente los asalariados, con contrato y protección social, mayor nivel educativo y mejores ingresos. Hay además evidencia de brechas de género, etarias y territoriales, a las cuales se debe poner especial atención. 

En suma, se está configurando una situación objetiva de afectación de las condiciones de cohesión e integración social, que significa un retroceso de décadas para el país. De ello hay que hacerse cargo con urgencia desde ahora mismo. El “trabajo decente” debe ser el horizonte de las políticas laborales de la  nueva normalidad, cuando ésta llegue.