En medio de una pandemia del COVID-19 que afecta principalmente a enfermos crónicos, entre otros grupos calificados como vulnerables, las personas que viven con VIH/SIDA liberan su propia lucha tanto a la luz pública como en los tribunales. Actualmente son nueve los recursos de protección que se han presentado contra el Ministerio de Salud en distintas Cortes de Apelaciones del país con el mismo objetivo: que se les entreguen sus terapias VIH para mínimo tres meses.

Cuando el coronavirus llegó a nuestro país ya se sabía que afectaba, principalmente, a personas adultas y a quienes padecían de enfermedades crónicas, especialmente las inmuno suprimidas. Esto inmediatamente generó preocupación en las personas que viven con VIH, pero rápidamente la Organización Mundial de la Salud aclaró que, si se mantiene el tratamiento y no se interrumpe la terapia, las personas que viven con VIH tienen los mismos riesgos que cualquier otra.

A medida que avanzaba la pandemia y se hacía presente en todo el mundo, los organismos internacionales comenzaron a enfatizar en la importancia de garantizar los tratamientos para las personas que viven con VIH. Fue en este contexto que desde ONU-SIDA hicieron un llamado a los gobiernos de la región a adoptar las recomendaciones del organismo y a la vez dar cumplimiento a los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud en la materia.

Así lo expresó el director regional de ONU-SIDA para Latinoamérica y el Caribe, Dr. César Núñez, quien subrayó la importancia de entregar terapias VIH multimes en el contexto de la pandemia, señalando además que esta es una recomendación que surgió de la OMS hace bastante tiempo.

“Nosotros lo hemos subrayado en este periodo de COVID-19: tres meses de anti-retrovirales para toda aquella persona que está en tratamiento, sería lo mínimo; lo ideal, serían seis meses“, explicó el director de ONU-SIDA para Latinoamérica y el Caribe. “El mensaje dentro del COVID-19, hacia los gobiernos y hacia los Estados ha sido, para el tema del VIH, la entrega de dispensación múltiple de medicamentos. Hemos enfatizado en esto y no es una recomendación exclusiva del ONU-SIDA, esto lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud desde 2016, hace cuatro años”, agregó Núñez.

Inquietos por la situación y porque se diera cumplimiento a estas sugerencias de los organismos internacionales, activistas del VIH comenzaron a pedir información al Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA del Ministerio de Salud y exigieron la creación de un protocolo con lineamientos para las personas que viven con SIDA. A fines de marzo, en un breve documento, el MINSAL determinó ciertas medidas para quienes viven con VIH, entre éstas, la suspensión de la atención clínica y de los exámenes rutinarios, pero también indicaba la entrega de terapias para más de un mes, con la salvedad de que esto se haría “siempre y cuando hubiese disponibilidad de stock”.

El director regional de ONU-SIDA para Latinoamérica y el Caribe, el doctor César Núñez. Foto: ONU-SIDA.

En una norma general fechada al 25 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud estableció que a las personas con enfermedades crónicas se les debía entregar terapias por varios meses, hasta por tres meses. En un oficio ordinario de la Subsecretaría de Redes Asistenciales fechado al 7 de abril, se instruyó la entrega de terapia hasta por tres meses a las enfermedades crónicas que se detallan en el documento, entre las que estaban las personas que viven con VIH/SIDA.

Aliviados, pero escépticos a la vez, desde las organizaciones comenzaron a investigar si esta medida se estaba aplicando en los distintos centros hospitalarios, en momentos en que la pandemia comenzaba a calar en el país y a causar estragos en los establecimientos. Fue en ese contexto que dieron con el caso de Sebastián Neira, a quien se le había entregado su terapia por sólo 10 días, lo que hizo que tuviese que acudir al hospital tres veces en un mes en el peor momento de la crisis sanitaria.

“En el Hospital San José ya no quedan dosis para medicamentos de VIH. Me acaban de entregar sólo 10 dosis y no es lo que corresponde según la ley. Señor ministro, hágase cargo de este problema, la pandemia del COVID-19 también tiene que ver con el VIH, el VIH se va a transformar en una pandemia si usted no se hace cargo”, acusó Neira en un video-denuncia que subió a sus redes sociales el 14 de mayo.

A esto se sumó una propuesta del Programa Nacional de VIH, de entregar las terapias en otros lugares distintos a los hospitales, como consultorios, bibliotecas o colegios, lo que generó la reacción inmediata desde el activismo por el SIDA, desde donde criticaron que la medida rompía la cadena de confidencialidad que debían tener los pacientes que viven con VIH.

Fue el 20 de mayo cuando el periodista y activista Víctor Hugo Robles, conocido como “El Che de los gays”, fue a buscar su terapia al Hospital San José y la farmacia del establecimiento estaba cerrada. “En cuarentena”, decía el cartel pegado a la salida. Fue enviado al Departamento de Inmunología del centro hospitalario, en donde habían 30 personas agrupadas esperando por sus medicamentos, entre ellos, personas que llevaban hasta tres horas esperando. Los fármacos se entregaban en pleno pasillo luego de un llamado a viva voz, pese a que por ley debe haber resguardo de la identidad de los pacientes pero, además, las terapias se entregaban sólo por un mes.

El periodista y activista Víctor Hugo Robles, conocido como “El Che de los gays”, presentó el primer recurso de protección en contra del Ministerio de Salud demandando la entrega de terapias VIH multimes. Foto: Cedida.

Tras consultar con abogados, Víctor Hugo Robles presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, exigiendo que se le haga entrega de sus terapias multimes, tal como decían los documentos oficiales emanados del Minsal y las recomendaciones tanto de la OMS como ONUSIDA. La acción sentaría precedentes y al poco tiempo comenzarían a surgir otras acciones judiciales en el mismo sentido, recursos de protección presentados en distintas Cortes de Apelaciones del país, como en Iquique, La Serena y Concepción.

La Corte de Santiago acogió el recurso de Robles y dictó una orden de no innovar, otorgándole las terapias por tres meses, pero aún no ha resuelto el fondo del recurso y desde el 13 de julio están a la espera de los alegatos. Una situación similar sucedió en Concepción, en donde la Corte de Apelaciones ordenó la entrega por dos meses de las terapias y pero terminó rechazando el fondo. Esta misma situación se da en el recurso presentado en Iquique y ambos -tanto el de Concepción y el de Iquique- llegaron a la Corte Suprema. Así también pasó con otro recurso presentado en Santiago que llegó hasta la Suprema, en donde también fue rechazado, pero luego de que la persona recibió sus terapias por tres meses. En total, son nueve los recursos de protección que se han presentado ante esta situación en distintas Cortes del territorio nacional y esta semana se presentarían dos más.

Consultado por nuestro medio en el reporte diario del 13 de julio, el ministro de Salud, Enrique Paris, admitió problemas para entregar las terapias multimes y aseguró que su cartera estaba respondiendo “como corresponde” a los requerimientos que se habían hecho ante la Justicia.

“Los medicamentos se han entregado en forma constante. Para enfrentar y apoyar lo solicitado por el Decreto Nº4 del Minsal, la Cenabast ha realizado todos los esfuerzos de coordinación para dar cumplimiento y cobertura en la entrega de medicamento a los Servicios de Salud”, señaló el secretario de Estado en aquel reporte diario. “Es verdad que hemos tenido en algunos Servicios de Salud, o en algunos establecimientos más bien, una entrega que sólo ha sido suficiente para un mes y es por eso que eso lo estamos corrigiendo”, admitió Paris, agregando que la Central de Abastecimiento ya tenía la capacidad de entregar todos los medicamentos y que eso también tenía que ver con la capacidad de almacenamiento de los hospitales respectivos.

“Reconocemos que hay recursos presentados en diferentes partes del país. Estamos respondiendo como debe ser, como corresponde, respondiendo a la Justicia, respondiendo esos recursos. Y paralelamente, en concomitancia con la Cenabast dando respuesta lo más rápidamente posible a los hospitales para entregar una cantidad de medicamentos que ojalá alcance para los tres meses”, sostuvo el ministro.

En el reporte diario del 13 de julio, el ministro de Salud, Enrique Paris, admitió problemas para entregar las terapias multimes y aseguró que su cartera estaba respondiendo “como corresponde” a los requerimientos que se habían hecho ante la Justicia. Foto: Ministerio de Salud.

En aquella ocasión, también se le preguntó por su compromiso con las personas que viven con VIH, a lo que Paris respondió que esperaba que la situación se resolviera lo antes posible: “Yo tengo un compromiso muy especial con el Programa de VIH/SIDA y converso constantemente con algunos de los grupos organizados y, obviamente, esta situación debe ser corregida. Vamos a responder como corresponde a los requerimientos de la Justicia y espero que esto se normalice de ahora en adelante”.

Pero las palabras del ministro Enrique Paris sorprendieron a quienes habían presentado recursos ante la justicia y que veían con especial preocupación la inclusión del Consejo de Defensa del Estado en la defensa judicial del Ministerio de Salud. En un principio no se había hecho partícipe, pero en la medida en que fueron aumentando las acciones judiciales en contra del Minsal se incorporó a tres abogados del CDE. En conversación con nuestro medio, algunos de los recurrentes señalaron que el Consejo de Defensa del Estado ha operado de manera bastante distinta a lo que el ministro de Salud señaló en el ámbito público, en donde fue enfático en que el Minsal estaba respondiendo “como corresponde”. 

“Las personas viviendo con VIH no consideramos ser un peligro para el Estado de Chile y mucho menos para el erario público”, señaló el activista Víctor Hugo Robles en conversación con nuestro medio.

“Nos parece preocupante, nos parece molesto que el Ministerio de Salud se defienda con los abogados del Consejo de Defensa del Estado, que mas que defender al Estado, lo que están haciendo es cercenar la posibilidad, legítima y Constitucional, de que las personas viviendo con VIH usemos las herramientas que nos entrega la Justicia y la Constitución para exigir que se garantice nuestro derecho a la salud y nuestro derecho a la vida”, explicó el periodista y activista por los derechos de las personas que viven con VIH.

Para ellos, el CDE más bien ha sido un obstáculo en los recursos que han presentado, incluso pidiendo que se declaren inadmisibles cuando ya han sido admitidos por las Cortes. Alegan que constantemente se pide plazo extra para responder los requerimientos y que las respuestas que envían “son más bien un copiar y pegar”.

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de ONUSIDA es garantizar tres meses de anti-retrovirales para toda aquella persona que está en tratamiento, como mínimo; lo ideal, serían seis meses. Foto: Archivo.

VIH en Chile: De la dictadura de Pinochet a la pandemia del COVID-19

La historia de los programas de SIDA en Chile se remonta a la dictadura, cuando la actual directora nacional de Enfermería, Ana María San Martín, colaboró en la creación de organizaciones y colectivos de personas que vivían con VIH -en tiempos en que no existían agrupaciones ni terapias, las que todavía mantenían investigación y aún no se iniciaba su distribución- y se creó una oficina gubernamental para generar políticas públicas, la que sentaría las bases de la que luego fue la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA).

CONASIDA se creó en 1990, en el gobierno de Patricio Aylwin, en tiempos en que los denominados “temas valóricos” acaparaban el debate público y la polarización era evidente. En ese contexto, tuvo que batallar con la estigmatización de la homosexualidad y un consevadurismo que impedía avanzar en prevención y educación sexual; sobre todo bajo los gobiernos de la Democracia Cristiana (Patricio Aylwin y Eduardo Frei), en donde debió enfrentarse a recortes de presupuesto y a una Iglesia Católica que ejercía su influencia directamente en el Poder Ejecutivo.

No fue hasta el gobierno de Ricardo Lagos, y con Michelle Bachelet de ministra de Salud, que de alguna manera la CONASIDA logró desprenderse del estigma conservador, así comenzaron las campañas de educación sexual y se empezó a hablar de condones. En este tiempo y gracias a la presión de las organizaciones, se creó la Ley 19.779 o Ley del SIDA, firmada por Lagos y Bachelet (como Presidente y titular de MINSAL, respectivamente), en la que se garantiza la terapia como un derecho para las personas que viven con VIH. Hay quienes dicen que con este triunfo, el movimiento social en torno al VIH perdió fuerza y así también los programas del gobierno.

Pero fue la misma Bachelet, ya como Presidenta, quien en su primera administración transformó la CONASIDA en el Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA. Ya no sería una comisión multiministerial como antes, y pasaría a depender de la Subsecretaría de Salud Pública, una de las dos que se crearon en ese tiempo. Las políticas públicas de prevención y control de VIH quedaron a cargo de Salud Pública y la bajada territorial -entrega de terapias y atención de pacientes en los hospitales- en manos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

En el activismo dicen que desde ese momento el programa poco a poco “fue perdiendo fuerza y presencia”, y aunque el VIH siempre se ha tomado como un tema delicado, “no ha habido mucha gestión”. Pero todos están de acuerdo en que se ha avanzado mucho en la entrega de terapias. Con solo decir que a principios de los años ‘90 las personas que vivían con VIH tenías que esperar que otro paciente falleciera para “heredar” sus fármacos, o ganárselas en algún concurso que organizara alguna de las organizaciones de activistas en la materia.

Sin embargo, muchos coinciden en que la pandemia del coronavirus llegó en un momento crítico en términos de políticas públicas de VIH, con las organizaciones enfocadas en los derechos políticos de la comunidad LGBTIQ+. “El SIDA ha perdido fuerza, desaparecieron organizaciones, los programas se fueron reduciendo y todavía no hablamos de sexo”, señala una persona que vive con VIH, argumentando que las estadísticas de Chile en los últimos 10 años, en donde actualmente lidera el ránking de nuevos casos según ONUSIDA, dan cuenta de esta realidad.

“La pandemia nos pilló casi en pelota y teniendo relaciones sin condón“, comentó a nuestro medio otro activista, criticando la falta de educación sexual y las dificultades de acceso a preservativos.

Fuente: Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad San Sebastián (Ipsuss Chile 2018).

A esto se sumó la salida en abril de este año del entonces jefe del Programa Nacional de VIH/SIDA, Angelo González, dejando así el programa sin jefatura desde entonces, y en los peores momentos de la pandemia. En su reemplazo, pero como jefa subrogante, quedó la enfermera Edith Ortiz, quien ya había sido jefa del Programa hace algunos años y quien es reconocida tanto dentro del ministerio como del activismo como una “histórica” en materia de VIH.

Pese a que desde el MINSAL aseguran que el programa en ningún momento quedó “descabezado” y su labor continuó sin interrupciones, la ausencia de un nombramiento oficial en el Programa de VIH/SIDA preocupó a las organizaciones ligadas al tema, desde donde no veían un compromiso real para dar respuestas a la exigencia de las terapias multimes . A través de redes sociales y de campañas virtuales, consiguieron el apoyo de distintas personalidades y gremios, como el Colegio Médico, que poco a poco se fue haciendo parte de las demandas.

Fue así como el pasado 4 de julio, a través de una carta firmada por la presidenta del Colmed, Dra. Izkia Siches, y dirigida al ministro de Salud, Enrique Paris, pidieron al MINSAL que nombrara una jefatura nacional del Programa de VIH/SIDA, entre otras cuatro solicitudes.

“En primer lugar, solicitamos nombrar jefatura para el Programa de VIH del Ministerio de Salud, con el objetivo de robustecer la estrategia sanitaria en esta área. En segundo lugar, solicitamos extremar los esfuerzos para cumplir con la dispensación de terapia multi-mes en todos los centros de salud, y en los casos que no sea posible, buscar alternativas como, por ejemplo, despachar los medicamentos a domicilio”, señalaban en el documento en que, además, pedían reforzar el mensaje hacia la ciudadanía respecto a la importancia de mantener sus terapias crónicas para disminuir su riesgo, y también reportar cuál es el estado de la entrega de terapias prolongadas para condiciones crónicas en la red.

Pese a que hasta la fecha, a casi 30 días de su envío, el Ministerio de Salud no ha dado respuesta a la carta enviada por el Colegio Médico; el pasado 13 de julio la Subsecretaría de Salud Pública designó a una nueva jefa del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS. El cargo quedó en manos de la socióloga Paola Donoso, otra “histórica” de los programas gubernamentales de VIH, pero desde el Minsal aseguran que el nombramiento no tuvo que ver con la carta ni la presión de las organizaciones.