En las últimas horas, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha decidido impulsar una instancia de diálogo para discutir la situación en la Araucanía. La decisión dista de la irrupción confrontacional del ministro Víctor Pérez, el día previo a los graves hechos de violencia racista en la zona, lo cual demuestra una reacción del Ejecutivo digna de valoración.Sin embargo, la modalidad propuesta por las autoridades adolece por los menos en dos dimensiones. En primer lugar, raya la cancha antes de la conversación. Es decir: decide a quiénes invitar, los tiempos y, lo más importante, considera a los representantes del pueblo mapuche como uno más de los actores. En segundo lugar, trabaja con tiempos que parecen no tener lo suficiente en consideración la gravedad de la huelga de hambre, en particular del machi Celestino Córdova, que cumple 95 días y se radicalizó ayer con el inicio de una huelga seca.

Al respecto, uno de los voceros de los comuneros en huelga de hambre, Rodrigo Curipán, afirmó que “el Gobierno nos quiere involucrar en una mesa de trabajo que ya tiene previamente diseñada”, y que se trata de “una mesa que trabaja con distintos actores, que si bien es cierto son muy respetables, no va a abordar la aplicación del Convenio 169 de manera efectiva”.

Es probable que estas falencias no se deban solamente a los moradores transitorios del Gobierno. Ha habido, en general y para no ir tan atrás, en los últimos 25 años, una manera de concebir el diálogo por parte de las autoridades que es unilateral: se decide cuándo, cómo y con quienes. Eso no es un diálogo y es una expresión más profunda de un Estado que desde su fundación se ha concebido unitario, no plural y mucho menos aún plurinacional. Es, por decirlo de algún modo, un Estado que sabe que negocia con un grupo subordinado o sometido, y no con uno de los pueblos constitutivos de la identidad de lo que hoy conocemos como Chile.

Como decía Jorge Larraín, autor de Identidad Chilena, en una entrevista “uno es el pueblo conquistador y el otro el pueblo vencido. Por lo tanto, impone su cultura, su modo de ser, su organización social y política, el que controla los medios, el que se apodera de las tierras. Tiene una primacía que hace que el otro se integre, pero como perdedor”.

La pretensión de una solución a lo que ocurre en la Araucanía no puede alcanzarse mezclando los temas coyunturales con el largo plazo. Respecto a lo primero, el Gobierno debe resolver en el más breve lapso la aplicación del Convenio 169 de la OIT, acuerdo suscrito por Chile de manera vinculante, respecto al cual hay un atraso subrayado en los últimos meses, en la medida que ha avanzado la huelga de hambre y no ha habido una reacción de la autoridad. Esto debe ocurrir para impedir un desenlace fatal, no solo respecto de una persona, que es lo más importante, sino también por las consecuencias políticas que puede tener.

Respecto a la situación en profundidad, se requiere una decisión de Estado con actores que sepan que cualquier solución excederá a su permanencia en los cargos, y que por lo tanto el rol es iniciar un proceso que pueda ser continuado y finalizado por otros. Según la tendencia internacional, parecería para tal efecto indispensable avanzar desde el actual Estado unitario a un Estado plurinacional, por lo que el proceso constituyente nos ofrece una oportunidad histórica que no deberíamos desaprovechar.