Justo en el día que se lanzó la campaña ¡Cuidado! El machismo mata, apareció Ámbar Cornejo, su cuerpo, sin vida. Encontrado en las cercanías de la casa donde habitaba su madre junto a su conviviente, Hugo Bustamante, ocho días después de su desaparición.

En lo que va de 2020, son 27 las mujeres y niñas que han perdido la vida a manos del patriarcado.

Para la Subdirectora de la Comisión de Derecho Penal de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, Mariana Bell, esto es motivo de indignación “porque el Estado se había comprometido a erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Se ha verificado la muerte de una niña y no la prevención, que es el foco que evitaba todo esto”

La prevención, la educación, en la base de todo cambio, explica aseverando que con el femicidio de Ámbar Cornejo, quedan en evidencia “todas las fisuras que tiene el Estado. Por ejemplo, cuál era el rol del Sename sobre Ámbar, la relación de Ámbar con sus padres, tampoco sabemos qué pasó realmente en el hecho”, situaciones que se suman a un sinfín de problemas por falta de capacitación en la materia.

Sobre el rol de los medios de comunicación, la abogada destacó la importancia que tiene el que “periodistas y medios tengan cuidado en las opiniones que emiten. Por ejemplo, si se mantienen los estereotipos de género, se van reforzando las conductas que nos atacan como mujeres”.

Así, en el fondo, la capacitación y la prevención son, a juicio de Mariana Bell, las únicas reales salidas a este problema de violencia estructural que afecta a las mujeres en cualquier edad de su vida: “Nosotras siempre hemos puesto el foco en la prevención y en la capacitación de los operadores del sistema judicial y del Estado. Belém do Pará o Cedaw (Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer), obliga a capacitar a todos los funcionarios, para terminar los prejuicios que nos llevan a casos como este”.

El porqué de la importancia de capacitar, tiene que ver con eliminar discriminaciones en los procesos o en los juicios, que terminan marcadas con los prejuicios contra las víctimas. Un ejemplo es el caso de Alto Hospicio, donde se decía que las desaparecidas se habían ido a prostituirse. “Hay discriminaciones de género y de clases. Estamos muy lejos de poder capacitar a todos los funcionarios”, para realizar investigaciones con perspectiva de género.

El aparato judicial, todos los funcionarios del Estado, incluyendo a las policías, quienes han sido formados desde la perspectiva de la Violencia Intrafamiliar (VIF) lo que no alcanza a cubrir otras dimensiones de la violencia contra las niñas y mujeres. “Entonces, lo transversal son estas capacitaciones y que se actúe con perspectiva de género, además, de tener una ley que incluya todas las formas de violencia y no solo la violencia intrafamiliar”, plantea la abogada.

Sobre las escuelas de Derecho, dijo, que es muy importante cuestionar la formación de los y las abogadas: “Los cursos de género y derechos humanos son, en general, optativos o electivos. Son, entonces, los interesados los que llegan a estos temas, algo que es preocupante. Es muy importante que sea transversal. Con los últimos hechos, ha quedado en evidencia, que es absolutamente fundamental que estos conocimientos sean transversales, donde hay conductas que no podemos tolerar”.

Así, habló del defensor de Martín Pradenas, Gaspar Calderón, acusado de violencia sexual contra Antonia Barra.El abogado usó a la víctima para defender a su cliente, hablando de ella como la responsable de lo que le sucedió. “Hay limites en el defensa que no deberíamos tolerar. En el caso de los delitos sexuales, es reiterativo que se ponga la culpa en la víctima a través de prejuicios. Esta construcción de mujer ideal, donde se pone en duda su conducta, si bebe o no alcohol. En cualquier otro delito no nos preguntaríamos a esas cosas. Así, además, nos sometemos a circos mediáticos.”.

Sobre Hugo Bustamante, el principal acusado de la muerte de Ámbar Cornejo, la abogada de Abofem explicó cómo se llegó a la liberación del hombre, luego de haber cumplido 11 años de prisión, condenado por haber matado a su ex mujer y al hijo de esta. En esta materia, relató, que al inicio del 2000 se puso muy en cuestión el informe que Gendarmería entregaba para recomendar o no el beneficio carcelario de los presos, algo que se resuelve como no un requisito legal, de ahí en más, a propósito de las falencias en la redacción de los mismos: “Tenía informe desfavorable, pero se dan cuenta que las 800 personas que solicitaron el beneficio, tenían el mismo informe, no haberle dado el beneficio, sería ilegal”, describe dando cuenta de la práctica de “copiar y pegar” los informes que hacía Gendarmería.

Así, agregó que “hace algunos años se presentó una ley para mejorar los procesos de libertades condicionales, con un plan que aun carece de reglamento. Entonces, tenemos un problema de control de las libertades y de todo el sistema carcelario detrás”.

“Ámbar demuestra las fisuras de un problema que va más allá del sistema judicial, del Sename, porque el Estado se debe hacer cargo, ese es el problema, finalmente. El derecho penal excede estas situaciones, finalmente, si no hay educación, si no se capacita a los jueces, a los fiscales, si seguimos cuestionando a las víctimas… probablemente sigamos repitiendo esto y lo único que logremos es que dos o tres queden con una pena privativa de libertad eterna, no vamos a lograr nada sin capacitación”, puntualizó.