La huelga de hambre de los comuneros mapuche sigue generando preocupación. No solo por el crítico estado de salud en el que algunos de ellos, incluyendo el machi Celestino Córdova, sino también por la aplicación o no aplicación del Convenio 169 en Chile, contenido al que se apela por parte de los presos para conversar sobre cumplimientos alternativos a las condenas de cárcel que sobre ellos pesan.

Para Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, esa situación es “un problema cultural. Tendencia fuerte en América Latina con orígenes coloniales y nuestra relación con España: se acata pero no se cumple. Tenemos siglos de no tomarnos en serio los compromisos a nivel internacional, que se transforman en una ceremonia, pero que después no se adoptan las medidas para cumplir de buena fe los compromisos, como lo dice el derecho internacional”.

El abogado experto en derechos humanos dice que, en particular, esto se exacerba en materia de DD.HH., algo distinto ocurre en ámbitos económicos, por ejemplo.

“Creo que sigue habiendo y las últimas décadas con más fuerza, un retorno a ideas soberanistas. Esto se da en toda la región y cruza visiones políticas. Te encuentras con este discurso en Venezuela y en Chile en el gobierno actual, por ejemplo. Es un fuerte sentido de pensar que vamos a resolver todo internamente, sin control internacional. Tenemos una tensión con los compromisos que adquirimos, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial”, señaló.

El académico, al respecto, se refirió a los niveles existentes en este debate: por un lado, la buena fe con la que se asumen los compromisos internacionales, en que se deben hacer las adecuaciones necesarias en las legislaciones propias, antes de sumarse. Una discusión que es muy propia de Europa, a diferencia de lo que pasa acá, donde no “existe la voluntad seria” y se ratifica sabiendo que no se va a cumplir.

Por otro lado, estaría el problema del control internacional, generado como Estado, además de una sociedad civil, me “empiezo a atrincherar en argumentos como ´si esto era en serio, mejor no´”, donde el derecho internacional no da cabida a no cumplirlos.

En particular, dijo respecto al Convenio 169, ese discurso de decir “no están las condiciones legislativas tiene un sentido político y ése es que este gobierno, desde que asumió, dijo que iba a estudiar el mantenerse o no en este convenio, que tenía un plazo de 10 años para que los Estados estudiaran, porque nunca se ha sentido cómodo con él. Ahora, se encuentra que lo que le están pidiendo los presos mapuche es el cumplimiento de un convenio que al Gobierno no le gusta, donde no se comprenden los alcances que tiene esta normativa internacional para el Estado de Chile”.

Para Claudio Nash, en el caso puntual sobre la situación del machi Celestino Córdova, “es un típico conflicto donde la profundidad que tiene está dada por las diferentes capas que se superponen. La situación de los presos es una capa; la de las expresiones racistas es otra; la falta de diálogo con el pueblo mapuche para encontrar caminos de solución a sus demandas históricas es otra. Pero todas esas capas las podemos mirar bajo la óptica de que la situación de los pueblos indígenas, en particular del mapuche, recibe una forma de discriminación histórica, caracterizada por elementos estructurales. Por una parte, los elementos institucionales, legislaciones que no se cumplen, procedimientos que impiden cumplir con los derechos, pero, además de esta institucionalidad, tenemos el elemento cultural, donde se nos ha dicho internacionalmente que tenemos un problema de racismo en la forma cómo se enfrenta el tema. Cuando juntas ambos, se hace muy difícil enfrentarlos, a menos que sea en un aparato coordinado del poder público. Esto no se soluciona con una ley aislada, debe haber una política de Estado que se haga cargo de los problemas de fondo. Tenemos una nación con la que en ciento y tantos años no hemos sido capaces de entrar en un diálogo serio, profundo y de buena fe. Si no reconocemos, si no estamos dispuestos de diálogos en condiciones de igualdad, es un conflicto que va a seguir escalando en términos de violencia”, dijo el coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

“Cumplir con el compromiso internacional en ningún caso puede ser considerado una capitulación, como una afectación al estado de Derecho. Lo que se está pidiendo por parte del Machi y los presos, es el cumplimiento de un compromiso que tiene el Estado en materia de pueblos indígenas. Donde dice que las sanciones penales deben tener en consideración las nociones de identidad cultural de los pueblos indígenas. El cumplir con esa normativa es garantizarnos cumplir el estado de Derecho y permite construir una democracia pluralista y capaz de recoger distintas identidades culturales presentes. Tratar de ocultarlas es parte de la violencia que, cuando se ejerce a través de las instituciones, es una violencia institucionalizada. Estamos lejos de que cumplir con los compromisos sea una capitulación. Las autoridades han enfocado muy mal el problema, pero no por error. Fernando Pairicán ha sido muy claro: hay una apuesta política de un discurso que trata de unir a sectores de la derecha que le piden mano dura sobre cualquier movilización social y ésta es una buena oportunidad”.

Lo que hace el Gobierno, dijo, es “enviar un mensaje a toda la sociedad de que no se va a retroceder ni un centímetro en las demandas sociales, aunque eso signifique la vida de las personas”. Así, explicó que esta situación a su vez envía mensajes para varios destinatarios: el grupo más duro, cercano al Gobierno, al que se le dice que acá hay se va a hacer un giro y endurecer su política. Hay un mensaje al pueblo mapuche donde se dice que no hay espacio para reivindicaciones, aunque estén basadas en el Convenio 169 de la OIT. Además, hay un mensaje muy claro al movimiento social, donde, además de la legislación represiva, con medidas concretas como la compra de armamento. El mensaje es que no se va a tolerar “indisciplina social”, algo que está representado en el machi Celestino Córdova y en otros presos mapuches. Esto es lo que complejiza el problema”, afirmó.

Según Nash la apuesta es riesgosa, tomando como ejemplo el caso Catrillanca. “No se ha evaluado lo que puede significar para la sociedad el dejar morir a alguien por aplicar mano dura. Eso es un error y una falta de responsabilidad tremenda”.

Como “ignorancia supina”, calificó, al concluir, para referirse a la falta de formación en materia de convenios internacionales, de derechos humanos, por parte de integrantes de los poderes del Estado. “Ésta una tarea pendiente en la formación de los abogados del país, porque tiene efectos graves en la aplicación de la justicia y en la legislación”, afirmó.