Durante este lunes, a horas de cumplir 100 días en huelga de hambre, se conocieron palabras de despedida del machi Celestino Córdova, dando cuenta no solo de la gravedad de su estado de salud, sino también, de la profundidad del conflicto entre el Estado y el pueblo Mapuche, algo que, a ojos de diferentes expertos en la materia, podría tener una salida, una solución, en el proceso constituyente.

Entrevistado en Radioanálisis, el historiador Fernando Pairican se refirió al mensaje difundido por las voceras del machi: “Son palabras muy tristes. El peñi tomó la decisión”, dijo explicando que lo que ocurre es que estamos ante “una ausencia de política que pueda resolver el uso de la cárcel como una opción para evitar lo inevitable: la conquista de los derechos colectivos de los pueblos originarios”.

Otro de los temas que está sobre la mesa en este escenario es el cumplimiento de los convenios ratificados por nuestro país, en particular, del 169 que permite encontrar formas de prisión no carcelaria para cosmovisiones indígenas que, por sus roles en la comunidad, necesitan de la cercanía con su pueblo y tierra para cumplir sus mandatos, tal como en el caso de Celestino Córdova.

En ese contexto, para el doctor en Historia lo que existe es “algo de venganza por parte de los opositores a los derechos colectivos”, algo que se demuestra al negar toda posibilidad de diálogo para avanzar en otras formas de cumplir la condena de 18 años que recae sobre el machi: “Hay un sector de la derecha de nuestro país que lo toma casi como un acto de venganza el encontrar cualquier solución a este conflicto”.

Sin embargo, mirando las nuevas generaciones, esta sería una manera inviable de avanzar, pues, insiste, lo que se requiere es un “diálogo para cumplir los convenios, pero, por otro lado, avanzar en una solución efectiva a lo que sucede en el territorio, dado cumplimiento, además, a la solicitud de prisión en la comunidad, en algunos momentos del año”, como lo solicitan los presos mapuche.

Esta construcción de realidad, que alcanza a las redes sociales, donde se tensan al extremo las posturas entre defensores y opositores, analiza, dificulta ver el fondo de la conflictividad, donde, lo que se busca, es la reivindicación, el alcance de derechos colectivos que, desde el pueblo Mapuche, piden al Estado.

Si bien hoy existen alcaldes y otras autoridades políticas que buscan avanzar en estas pautas para dar una salida más profunda a las demandas, Fernando Pairicán ve como necesario el que exista “una relación con la prisión política y, desde ahí, buscar soluciones alternativas”.

Camioneros y gobierno

Este lunes también estuvo marcado por las presiones desde los camioneros hacia el Gobierno, pidiendo una condena más enfática en los hechos de violencia registrados en su contra.

La lectura del historiador sobre esta posición es que, independiente de las ideologías, lo que aquí ocurre es que es un gremio que se sabe con poder histórico, que les permite protestar ante cualquier gobierno.

“Son gremios y los gremios tienen a protestar en cualquier gobierno más allá de sus raíces ideológicas. Más allá que, en este caso en específico, existan grupos opositores a la causa mapuche”. En estos grupos, dice, se encuentra una mirada anticuada desde su análisis, pues ven el conflicto como “una continuidad de la Guerra Fría, marcada como el terrorismo.  Siendo un empresario más anticuado para analizar esta situación”.

Más allá de esto, el problema, indica, es que la forma que las autoridades tienen para actuar frente a las demandas indígenas es “lenta y casi reactiva. Con excepción de 1993 con la Ley Indígena”, identificada como una real “corrida de cerco” del orden imperante.

“Lo de demás”, dice, “es una respuesta a la movilización del movimiento. Llegan tarde y cuando llegan están descontextualizados de las demandas”, haciendo que la “clase política chilena responda de manera desfasada y actúa más ante una negativa. No para el llegar al fondo, sino para no llegar a solucionarlo”; advirtió.