La violencia en contra de las mujeres fue un problema del cual se advirtió iría en crecimiento con el transcurrir de la pandemia, pero sobre todo de la cuarentena. Hoy, a casi seis meses de la llegada del coronavirus al país, si bien se sabe que las llamadas para pedir ayuda primaria para estos casos han incrementado, esto no ha repercutido en las denuncias asentadas.

Así lo manifestó en conversación con nuestro medio la presidenta de la fundación Mujeres, Andrea Camargo, quien además entregó porcentajes respecto de este problema y que dan cuenta de un vacío entre las cifras manejadas.

“En esta pandemia existe un gran número de denuncias en los números de teléfonos, pero no así denuncias propiamente en los tribunales de justicia. Si uno revisa las cifras de las páginas del Poder Judicial existe una disminución de denuncias de violencia intrafamiliar inferior al 60 por ciento con relación al 2019. Entonces, uno dice, qué es lo que está ocurriendo, hay algo irregular, podríamos hablar incluso de cifras negras de violencia”, explicó.

Este, por supuesto, no es un tema menor y viene siendo discutido en instancias como la sala del Senado, lugar que visitó Camargo el pasado jueves, y en donde explicó que este vacío podría tener que ver con razones propias de la inmovilidad social, pero también con fallas en la institucionalidad.

Así, según la abogada, una solución podría pasar por simplificar los procesos de denuncia en la página del Poder Judicial, no obstante, esto involucraría un rol mucho más activo del Servicio de la Mujer y Equidad de Género en el seguimiento completo de los casos de violencia.

“Qué es lo que hacen ellos cuando un tribunal les indica que existe una mujer está violentada y que debe ser tratada. Esperan de manera voluntaria la concurrencia de las mujeres y muchas veces las mujeres no lo hacen y queda hasta allí. Es decir, no existe una intervención por parte de los especialistas. Por lo tanto, también nosotros hicimos la sugerencia de que deben cambiarse los protocolos de acción de este servicio, deben ir donde la mujer vulnerada se encuentra, con un equipo de profesionales que existe, pero hay que ampliarlo”, manifestó.

Andrea Camargo.

Sin embargo, el problema de la institucionalidad en casos de violencia contra la mujer no termina allí. Para Camargo, existe también un silenciamiento obligado, principalmente en casos de mujeres madres, que prefieren ocultar este tipo de casos debido a que podrían influir negativamente en los informes realizados por entidades como el Sename u otros organismos de los tribunales de familia, y perder con esto la tuición de sus hijos.

“Cuando uno habla de la tuición o cuidado personal de los hijos, el tribunal para determinar quien estará a cargo o en qué condiciones, tiene que saber las habilidades parentales, cuáles son las habilidades que tengo para estar a cargo de estos hijos, y allí es donde se solicita estos informes a estas entidades especializadas. Allí es donde está el temor de muchas mujeres de evidenciar cuáles son sus reales problemas, porque además estos informes no tienen la profundización necesaria que se requiere para mostrar el escenario completo”, criticó.

Esto último, perfectamente pudo haber sucedido en casos como el reciente femicidio de Ámbar Cornejo, un caso que tuvo gran impacto mediático, pero que, para Camargo, también debería impulsar algunas reflexiones respecto del problema. Así, por ejemplo, la abogada insistió en que se debería evaluar el hecho de que personas con antecedentes de homicidio puedan optar a beneficios penitenciarios, además de promover la configuración de un registro público de agresores que alerte sobre personas con conductas de violencia.