En conversación con Radio Universidad de Chile, la integrante de la Red de acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina, Lucía Sepúlveda, se refirió al movimiento social desatado luego que entidades de gobierno quisieran hacer un cambio en el uso de transgénicos para consumo nacional.
Así, la activista explicó que desde el año 1992 está permitido el uso de transgénicos, pero para exportación, situación que nos tendría más resguardados que en otros países del Cono Sur, donde su uso es para consumo local. Sin embargo, explicó que durante esta pandemia, “el SAG (Servicio Agrícola Ganadero) tenía andando una resolución con una breve consulta pública, que cambiaba un aspecto clave: uso interno de cultivo de transgénicos, abriendo paso para que se usaran para el abastecimiento local que podían extenderse para usarse el maíz, la soya, para la alimentación de nosotros, con todos los riesgos que implica en la biodiversidad y salud humana”, denunció.
Para RAP-Chile, esta “fue una tremenda alarma porque el criterio que tomaba era lo que se acababa de hacer en Estados Unidos, que no permitía levantar estudios de riesgos sobre el uso de los nuevos transgénicos, que se hacen con una técnica de crispr, que es una modificación del ADN de las semillas, lo que significa que si ese decreto toma su curso y se publica, estaríamos inundados de transgénicos para consumo interno y exportación”.
Lucía Sepúlveda explicó que esta semilla que se quiere introducir para el uso interno es una que “se hace con cortar y pegar genes”, algo que describe como “un riesgo para la salud, por dos factores: transgénico en sí porque no se estudia para saber su inocuidad o cómo esta alteración de la herencia genética de la semilla, donde se suprimen cualidades que favorecen nuestra alimentación y pueden, entonces, aparecer efectos no buscados, como enfermedades. Además, estas semillas no tienen capacidad de rendimiento, por lo tanto, hay que insertarles tolerancia al glifosato y otros herbicidas, lo que tiene un efecto muy comprobado en la salud, por ejemplo, el glifosato fue declarado cancerígeno desde 2015. Ahora ya se sabe que para las abejas, otros polinisadores y seres humanos tiene un grave riesgo”.
Sobre la consulta misma, dice la periodista, que era “simbólica”, pues en contexto de pandemia donde, además, solo fue anunciada en Twitter del SAG, se “evadía que llegara al Congreso y que las organizaciones pudiéramos hacer presente frente a las instituciones nuestra opinión”. Así, relató que de manera veloz tuvieron que activarse para implementar una rápida respuesta. “Apelamos a todos quienes estamos interesados en tener buena salud y resguardar la biodiversidad” dijo, dando a conocer que con su llamado lo que quería, también, era “mostrar que el Estado chileno no estaba entendiendo nada de lo que pasa en el planeta, donde todo tiene que ver con el agronegocio, el cero respeto a la biodiversidad y el acoso a la naturaleza”.
“Las autoridades esperaban que esto pasara “colado” como el proyecto Vizcachitas, donde se aceptó un recurso de protección que es un tremendo logro. Valoro el haber logrado instalar este tema a través de redes sociales y lo que hemos sembrado sobre defender la semilla y alimentarnos saludablemente” dijo, mostrando la alegría por la participación alcanzada.
“Pedimos que las organizaciones adhirieran a nuestro comunicado y, en un plazo muy breve, ya tenía más de 200 adhesiones, por lo que logramos que se extendiera el plazo de la consulta y, cuando venció la nueva fecha, había más de 350 adhesiones y hoy siguen sumándose” en contra de lo que se lee como un quehacer industrial, apoyado por las autoridades que -en su opinión- son funcionales al modelo extractivista.
De esta manera se logró lo impensado: ante el masivo rechazo ciudadano al proyecto de resolución sobre transgénicos impulsado por el Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), decidió suspender el trámite de la consulta pública por 90 días. Según informó el SAG a RAP-Chile, el Servicio evaluará su continuidad al término de dicho plazo. La masiva participación ciudadana en este proceso de consulta fue decisiva para lograr esta medida. Más de 7.000 personas y organizaciones realizaron observaciones en el marco de la consulta pública.
“En las organizaciones hemos conversado cómo sentar bases para que algunas cosas no sigan ocurriendo: recuperación del agua, soberanía alimentaria, recuperación de las semillas. Algo que debería estar incorporado en nuestra constitución, donde ésta debe estar en sintonía con el Planeta. Debemos dar respuesta en las discusiones y, en el proceso constituyente, hay que incorporar estos temas para ver cómo llevamos adelante el buen vivir”, adelanta de cara a los procesos políticos definitorios que se acercan, como el plebiscito de este próximo 25 de octubre.
Así, explicita de otros problemas alimentarios como el alza de los alimentos en pandemia, algo que, a su juicio, tiene que ver con que “nuestros cultivos tradicionales han quedado relegados por productos de alto valor para el negocio”.
“La revuelta popular y sus condiciones se agudizan. Todos estos son temas de conversación, porque al hambre ha habido que responder con ollas comunes y con la extensión de huertas a nivel urbano. Estamos en el inicio de un cambio de paradigma y se debe reflejar en cómo nos preparamos para, desde una mirada independiente, no como resultado de una política que mire constantemente a Estados Unidos, asegurar los derechos de salud y alimentación en el país”
