Esta semana se conoció un informe de la Organización de Naciones Unidas que revelaba que en el mundo 47 millones de mujeres y niñas más iban a caer en la pobreza a causa de la pandemia provocada por la enfermedad de Covid-19.

Las alarmantes cifras, que aumentan la brecha de género, contravienen uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la misma organización.

En Chile las cifras de empleo ya lo han dicho también: la participación de las mujeres en la fuerza laboral retrocedió más de una década, aumentando los niveles de pobreza y de violencia económica para cientos de miles de nosotras.

En el campo, en la orilla de mar, en el packaging todo es más agudo. Así al menos lo relata Alicia Muñoz, directora de Anamuri, la Asociación de Mujeres Indígenas y Rurales de Chile, que este 26 de agosto cumplió 18 años en su labor de visibilizar las precariedades y violencias a las que estas mujeres son sometidas.

“El virus y sus consecuencias económicas solo han profundizado los dolores”, dice Alicia del otro lado del teléfono, haciendo énfasis en la angustia que viven y el temor que sienten al futuro, más que al futuro a las decisiones que el Gobierno tome de cara a este.

En las empresas de agronegocios, describe, donde los empresarios recogieron la fruta a full time, sin importar la pandemia, las consecuencias las pagaron las y los trabajadores “Se quedaron a la intemperie, hacinamos en casinos, sin medidas de protección. No había agua, ni había alcohol o mascarillas,  los baños estaban en precarias condiciones. El contagio en algunas grandes empresas como DOLE, Unifrut, por ejemplo, fue terrible. Las mujeres han sido un blanco de toda esta precariedad, porque este país ha tenido una ley flexible que siempre fue en contra de las y los trabajadores”.

“Si en este país la gente la está pasando mal, las mujeres la hemos pasado tres veces más mal: han tenido que trabajar obligadas, solo dejaron de asistir cuando estuvieron contagiadas, despedidas, sin amparo, sin apoyo. Mujeres que pensaron que se iban a morir, que tenían hijos con malformaciones congénitas, que no se podían ir a residencias sanitarias. Lloraban, pero con toda su desesperación, no podían hablar porque no podían perder el trabajo al ser su única fuente de ingresos. Saben que las explotan, que las maltratan, pero reinciden porque no hay otra oferta”, relata.

Los episodios para describir el desamparo y las violencias son múltiples, tal como en el caso que Alicia narra cuando, desde una empresa hicieron un llamado a trabajar para mujeres mayores de 65 años. El horario era de 8.30 a 19.00 horas, embalando hortalizas, todo el día, en plena pandemia, pagaban 180 mil pesos. “La situación hoy es lo peor. Si debo hacer una comparación con otras épocas, Pinochet en dictadura, cuando la gente no tenía trabajo, ofreció esos planes del PEN y POG, hoy nos tienen sumidos en la misma situación”, agrega.

Se han tomado diferentes medidas para analizar el contexto actual. Por ejemplo, con el seminario internacional con el que conmemoraron sus 18 años de vida, el mismo día que mundialmente se conmemora y reivindica el día de las trabajadoras de la agroexportación, donde junto con dirigentas trabajadoras de Ecuador y Estados Unidos hablaron de el problema en perspectiva continental, centrando las críticas en un modelo neoliberal, extractivista, que toma a las mujeres como objeto, que con el poder del dinero usa a las mujeres trabajadoras, quienes reciben una violencia solapada en este tipo de labores, pero advierte: ¡No nos vamos a dejar avasallar!

“Las empresas que están en Chile están en todas Latinoamérica. Las empresas repiten la historia, por lo tanto, hay una concepción de mundo de sub-explotación, de tomarnos como objetos, como máquinas, sin preocuparse de que somos seres humanos. Desde la década de los ochenta hemos estado diciendo esto. Todos estos años hemos venido golpeando la mesa, poniendo los temas, sin embargo, todavía nuestras compañeras no son reconocidas para ningún bono que el Gobierno estuvo ofreciendo en pandemia, ni siquiera para el del postnatal, esto es tierra de nadie”, alega describiendo la inestabilidad, volatilidad de la labor. “Migramos de un lado a otro, de región en región, de trabajo en trabajo, mujeres que se cuidan para que las empresas las vuelvan a contratar, para lo que no pueden estar en sindicatos. A nosotras, como Anamuri nos miran mal, pero son mesas de las que no se saca nada. En este país no hay intención y tenemos que ir más allá en nuestra lucha”.

Por eso construyeron un sindicato en Anamuri con las trabajadoras agrícolas y recolectoras de orilla de mar, ese sindicato cumple este 10 de septiembre un año y lo van a celebrar con una jornada interna, educativa de cara al plebiscito del próximo 25 de octubre. Ante ese proceso, son claras: “Estamos por el Apruebo y Convención Constitucional, pero sabemos que es una simple votación. Es el mal menor, porque no es lo que el pueblo pidió en las movilizaciones, ahí había demandas para escribir muchos libros, escritos por el el pueblo, esa demanda se la guardaron y se pusieron de acuerdo los mismos de siempre, burlándose de la gente y de todos quienes pusimos el cuerpo. Tenemos que tener claro que no nos vamos a restar de estas papeletas, pero tenemos que tener claro, también, que esto no va a solucionar la demanda que sí hacía una asamblea constituyente”.

Es que el futuro no lo miran con optimismo: “Vemos con mucho temor lo que viene. Sabemos que los empresarios guardan sus ganancias. Hemos convocado a reunión a las inspecciones laborales regionales porque en las empresas se está pidiendo hoy, con virus, volver a trabajar. El Gobierno quiere lo mismo, quieren que la gente vuelva a trabajar. Es el propio Gobierno el que se siente con la libertad de elegir quién vive y quien muere”.

Queremos preguntar, dice, saber si van a estar las medidas de seguridad para ellas en este retorno: “Este sector no se mira, no se toma en cuenta. Mientras todos hablaban de la seguridad, de los que salían a la calle, donde paralizaron al país, al pueblo. Hoy queremos saber qué va a pasar con la gente que está en la poda, en el amarre, ganando como máximo 12 mil pesos diarios que significa cobrar 90 pesos por el amarrado de una mata, desdoblándose en el trabajo para ganarlo. Mujeres desesperadas porque no tenían que echarle a la olla hoy, sin protección y a merced de abusos están en esos trabajos, porque no les quedaba de otra”.

“Han abusado laboralmente y los empresarios no se hacen cargo. La situación es peligrosísima. Vemos que las trabajadoras van a correr un riesgo grande, donde muchas ya dicen que no van a volver a trabajar y, otras, obligadas, deben trabajar porque no tienen nada para comer. Queremos que nos den la seguridad para que podamos trabajar con la seguridad necesaria, que las condiciones estén disponibles para nosotras. Todo lo que tiene que ver con prevención esté con las trabajadoras”.