Desde hace algunos meses, el panorama electoral advertía que para el Ejecutivo no era prioridad realizar las elecciones regionales programadas para abril de 2021, un supuesto que finalmente quedó de manifiesto el último fin de semana, con una propuesta en la comisión mixta, para trasladar dicho proceso y juntarlo con las elecciones presidenciales en noviembre del mismo año.

El hecho, a priori, ha causado algunas reacciones dentro de espectro político, tanto de la oposición como del oficialismo, pero que, en el análisis más profundo, denotan el arraigo de un modelo persistente en Chile y que, a nivel histórico, cuenta con muy pocos intentos de cambio.

El último de estos, hay que recordar, tiene que ver con una iniciativa gestada en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero que, ya en su trámite en el Parlamento, diversos analistas advirtieron ya de algunas falencias. ¿Será la elección de los gobernadores regionales el puntapié inicial para acabar con el centralismo en Chile?, ¿contarán  estas autoridades con atribuciones necesarias para ser un contrapeso de poder al gobierno central y defender los intereses de sus comunidades?

Ernesto Águila.

Aun con todas estas interrogantes sobre la mesa, para el académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, Ernesto Águila, lo propuesto por el Ejecutivo es un riesgo para el proceso, pero además la muestra de un temor respecto del tipo de poder que podrían  llegar a tener estas nuevas gobernaciones.

“Creo que es peligroso postergar esa elección porque puede incluso postergarse indefinidamente. Creo que estas autoridades con mucho respaldo electoral generan preocupaciones en los parlamentarios, porque van a tener al lado una autoridad cuyo poder electoral va a ser muy similar a la que ellos ostentan, y creo que, instalado ese poder regional, seguramente va a ser más fácil que se hagan los traspasos de competencias para tener un país más descentralizado”, explicó Águila.

El inamovible centralismo

Sin embargo, la postergación de las elecciones de gobernadores regionales es quizás solo la punta del iceberg de un problema que, para entender con mayor exactitud, es inevitable no analizarlo al alero de la dimensión histórica que posee.

Después de la proclamación de la independencia, según relata el historiador Gabriel Salazar, las lógicas que había impuesto la Capitanía General y que tenían a Santiago como un centro de poder, no cambiaron. Contrario a esto, al menos 50 pueblos de provincia, separados unos de los otros y con alto potencial de producción, se mantuvieron autónomos y gobernados a través de cabildos.

Gabriel Salazar.

Con esto, quedaron marcadas dos corrientes respecto de la conformación del nuevo Estado; por un lado, la que defendía manejar todo desde el centro, y por el otro los pueblos que plantearon que el Estado debería construirse a partir de los cabildos.

“Finalmente, Santiago fue derrotado por los pueblos en Valparaíso al dictar la constitución de 1828. Entonces, lo que hicieron, después de perder la batalla política, fue organizar un ejército mercenario dirigido por Diego Portales y que logró derrotar al ejército patriota en la batalla de Lircay. Con esa batalla se acabó la autonomía de los pueblos, se destruyeron los cabildos, las asambleas provinciales, se dio de baja a todo el ejército patriota y comienza la tiranía de Diego Portales”, explicó Salazar a nuestro medio.

Por supuesto, y como se mencionó al inicio de este artículo, los intentos por cambiar este modelo han sido pocos a lo largo de la historia y, desde la guerra civil que relata Salazar, el nuevo punto de inflexión aparece entre 1918 y 1924, cuando la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) planteó una opción productivista y protectora de la industria regional para terminar con la Constitución portaliana de 1833. Esto, finalmente, no se consiguió, dado que la Asamblea Constitucional de 1925, según Salazar, no fue más que un pequeño comité liderado por Arturo Alessandri Palma y que defendió a capa y espada el modelo de Portales.

El último intento

Obviando los años perdidos de dictadura, para Gabriel Salazar, el intento del gobierno por posponer las elecciones de gobernadores tiene que ver con una intención de fondo de no realizarlas, pero que, en el caso más general de la perpetuación del centralismo, viene acompañado de otro tipo de estrategias igual o más preocupantes.

“Yo no veo que haya alguna razón muy de fondo respecto al riesgo que pueda haber que el movimiento ciudadano reproduzca la autonomía regional porque eso permite una democracia participativa. Pero esa intención, creo que el gobierno la está tratando de neutralizar mediante la misma inteligencia que mandó al Congreso, porque por esa ley se va a reprimir al movimiento ciudadano no abiertamente en las calles con violencia, sino clandestinamente a través de todo un nuevo servicio de inteligencia”, señaló.

Esteban Valenzuela.

Además de esto, el historiador coincide en que el cargo de gobernadores regionales bien podría ser solo una figura retórica para seguir encubriendo al centralismo, crítica que comparte el exdiputado Esteban Valenzuela, quien presidió la última instancia donde se pretendió cambiar el modelo portaliano: la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización.

Valenzuela, convertido hoy en uno de los principales críticos  respecto de la no implementación de lo acordado en dicha comisión, asegura que, además de las elecciones, el problema se complementa con la ausencia de una ley de rentas regionales; tema al que -según comentó a nuestro medio- Chile llega tarde a comparación de los países vecinos.

“Chile es el único país que va quedando a nivel de Sudamérica, que no tiene asegurado por ley a las rentas regionales. Bolivia avanzó en eso después del conflicto con oriente, Perú desde el año 2000 elige gobernadores regionales y tiene co-participación en el canon minero, Colombia en su proceso constituyente avanzó en eso, Venezuela históricamente tuvo niveles de empoderamiento territorial significativo, lo mismo que Brasil y Argentina”, recordó.

En la actualidad, según aclaró el exdiputado, el financiamiento regional corresponde a solo un 3 por ciento del gasto público, cifra que no está normada por ley y que depende exclusivamente de la voluntad del gobierno de turno.

Asimismo, Valenzuela agregó que “las grandes empresas forestales, pesqueras, mineras, eléctricas, no quieren pagar royalties territoriales por recursos naturales como ocurre en todo el mundo. Aquí se pagan unas patentes minúsculas, y eso es lo que se propuso unánimemente en la comisión presidencial y que no se ha aprobado, aquí en Chile el unitarismo no ha funcionado con su promesa de igualdad territorial, las desigualdades son brutales y lo hemos visto en la pandemia”.

El problema del centralismo, tal y como está ahora, puede analizarse desde puntos de vista culturales, como por ejemplo la falta de museos de arte en 12 regiones del país, o incluso el reciente debate del transporte y la falta de líneas ferroviarias; dos temas que, según recuerda Valenzuela, fueron tomados en cuenta en la comisión mencionada, llegando a puntos de convergencia territorial para evitar este tipo de desigualdades.

Aunque la elección de gobernadores regionales podría tomarse como una especie de puntapié para hacer de Chile un país menos centralista, la gravedad que el problema a ganado con los años y sus antecedentes históricos, dan cuenta de que dicho proceso no debería ser el único en tal dirección. No obstante, existe un proceso constituyente a la vista que bien podría sumar esta mirada y evitar que lo que parece ser un cálculo político y con fines a corto plazo, termine siendo efectivamente la perpetuación del modelo.