El 26 de septiembre se cumple el plazo que tienen los Estados de Latinoamérica para suscribir el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
Pes ea que Chile fue promotor de la creación de este instrumento internacional durante el segundo mandato de la ex presidenta Michelle Bachelet, el gobierno de Sebastián Piñera decidió no firmar el tratado por considerarlo como “no conveniente para Chile”, según explicó el canciller Andrés Allamand al Senado la semana recién pasada.
De hecho, el propio ministro de Relaciones Exteriores junto a la titular de Medio Ambiente, Carolina Schimdt, fueron invitados a una sesión en la Comisión de Medioambiente de la Cámara Alta en orden a que explicaran la postura del Gobierno y las razones de la negativa a suscribir el Acuerdo Regional. A esa instancia también se invitó a la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Valentina Durán, y a la doctora en Derecho Internacional, Paulina Astroza para que argumentaran sobre los beneficios que acarrea para nuestro país la suscripción del Tratado. Sin embargo, ninguno de los dos secretarios de Estado se presentó a la cita.
Sobre el complejo escenario mediambiental e internacional en que se encuentra nuestro país, es que conversamos con Valentina Durán en la primera edición de Radioanálisis quien calificó como decepcionante la inasistencia de los ministro Allamand y Schimdt a la comisión de Medio Ambiente y ahondó en las distintas excusas que ha presentado el Ejecutivo para restarse de la firma del acuerdo internacional.
“Los motivos o pretextos para no firmar Escazú han ido variando en el tiempo, porque en un principio se habló del riesgo de demandas ante la Corte Internacional de Justicia, pero eso ya fue despejado. Después, la ministra de Medio Ambiente aseguró que en realidad cumplimos con todo lo que requiere el tratado, por lo tanto no sería necesario correr riesgos de jurisdicciones internacionales. Pero todo eso se ha ido despejando”, manifestó la abogada de la Universidad de Chile y Máster en Derecho Ambiental por la Universidad de París.
“Me cuesta mucho decir por qué no quieren firmar, solo puedo decir que este Tratado fue impulsado por Chile y que sí creo que es muy conveniente para las personas y habitantes del país, porque es un acuerdo que busca garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales y eso lo consagra el artículo 10 de la Declaración de Río de 92. Todos sabemos, y así lo recomienda la OCDE, que el mejor modo de abordar los asuntos ambientales es con participación muy amplia, por lo que lejos de ser una barrera al desarrollo, la participación es una condición para el mismo”, agregó.
Consultada sobre las posibles razones que motivarían esta negativa del Ejecutivo a suscribir un Tratado que fue impulsado por nuestro país en el gobierno anterior, la profesora manifestó que su impresión es que esta decisión es del propio presidente Piñera.
“Creería que tanto la Ministra de Medio Ambiente como el Canciller no deben estar cómodos porque esto es muy contradictorio con la forma como se ha conducido la política exterior del país y las políticas ambientales. No sé si se pudiera adjudicar a algún sector estar en contra de esto, porque nadie lo ha dicho públicamente. Una de las razones dadas los últimos días fue que debiéramos prepararnos mejor para analizar posibles reformas legales o reglamentarias que habría que hacer y se compara Escazú con el Convenio 169 de la OIT que se dice que generó incerteza jurídica por no estar preparados jurídicamente, lo que no es tan cierto. Si tomamos ese argumento, quiero señalar que el de Escazú es un acuerdo de piso que plantea la necesidad de avanzar progresivamente pero sin retroceder en la implementación de estos derechos de acceso”, explicó la abogada.
Foto oficial Convención de Escazú
“Para poder implementar el acuerdo de Escazú en Chile no se requiere necesariamente modificar la legislación nacional, es un acuerdo que se implementa conforme a las capacidades y a la propia legislación nacional y que para poder hacerlo requiere medidas de gestión o reglamentarias y, eventualmente, legislativas, pero lo primero que debería hacer el país es elaborar un plan de implementación de una manera participativa, transparente e informada, por lo tanto no es efectivo que Escazú nos exija modificaciones legales inmediatas ni no inmediatas, sino que indica un objetivo al que hay que llegar, pero no traza el camino, Es un acuerdo que está lleno de expresiones que dicen que se avanzará conforma la legislación nacional de acuerdo a las posibilidades, por lo tanto, ese argumento que es el que se ha estado dando con más fuerza parece que no es efectivo” se explayó la experta.
“Solo hay una cuestión que Escazú pide a los países y es que tengan leyes para establecer excepciones al derecho de acceso a la información. En Chile ya lo tenemos, por lo tanto nuestro país no tendría que hacer modificaciones legales inmediatas por suscribir Escazú. Estamos en buen pie para avanzar hacia cumplir los estándares de este tratado”, agregó Valentina Durán.
Justamente respecto del momento en que se encuentra nuestro país en materia socioambiental y de los territorios y las consecuencias que acarrearía el no suscribir el acuerdo antes del 26 de septiembre, la Directora del Centro de Derecho Ambiental fue clara el señalar que, en materia internacional, se pierde la oportunidad de colaborar con otros países para conocer buenas prácticas y experiencias.
“Eso implica una pérdida muy importante a nivel nacional porque este acuerdo promueve el diálogo y releva la necesaridad de la participación informada, porque sin información no se logra participar adecuadamente. Ejemplo de eso es el caso de Quintero Puchuncaví, en el que la Corte Suprema condenó a las instituciones del Estado y ordenó avanzar hacia tener mejor información porque no se puede tener una gestión ambiental adecuada sin información. La mayor información no exacerba los conflictos, sino que por el contrario, los previene. Este es un acuerdo de paz construido para que los problemas tengan cauces institucionales y se evite tomar la justicia por mano propia cuando las personas sienten que se vulneran sus derechos. El acuerdo promueve y busca fortalecer el estado de Derecho, por lo que tenemos mucho que ganar al firmarlo y ratificarlo”, aseveró.
La académica de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudios también se refirió a las recomendaciones de la OCDE para Chile en materia medioambiental.
“En la evaluación de desempeño ambiental de Chile de 2016 se llama fuertemente la atención sobre las brechas que tenemos como país en materia de acceso a la información, participación y justicia y se nos pide estándares que son altos y que no estamos cumpliendo. Esos estándares van en la misma línea de Escazú e incluso son más exigentes, por eso la firma del tratado nos permite ponernos las pilas para avanzar en estos derechos de acceso que nos está pidiendo la OCDE y también el Acuerdo de Paris, pues para una acción climática efectiva se requiere transparencia y participación”.
Para la profesora Durán el que Chile se niegue a firmar el acuerdo tiene consecuencias comprometedoras de nuestra imagen como país.
“Es un bochorno. Esto es muy grave para las relaciones internacionales. Chile dio la idea e invitó a otros países a negociar, fue el que empujó hacia una mayor ambición del tratado que se estaba negociando entonces quedamos mal y le hacemos daño al proceso, a los detractores del mismo en Latinoamérica y el Caribe. No es que Chile pierda la oportunidad para siempre, después del 26 de septiembre se puede adherir esto es, firmar y ratificar, al mismo tiempo, por lo tanto eso significa que se deja de participar en las reuniones y coordinaciones entre las partes previo a la entrada en vigencia del tratado. Se pierde ese concierto internacional y me parece muy grave que Chile no firme en este momento a la luz del proceso que se ha tenido”.
Finalmente, la experta en Derecho Ambiental reflexionó sobre lo que significa que nuestro país se niegue a cooperar con los vecinos de la región en temas tan indispensables como los que regula el Tratado de Escazú. “Son cuestiones muy importantes para avanzar: el acceso a la información y a la participación de personas que estén en situación de vulnerabilidad, promover la educación ambiental. ¿Cómo nos vamos a negar a eso?” cuestionó la académica de la Universidad de Chile.
