Señor Director:

En su reciente discurso sobre el Presupuesto del Estado para 2021, el Presidente de la República anunció la asignación de recursos para la creación de los dos nuevos servicios que reemplazarán al actual Servicio Nacional de Menores y cuyos proyectos de Ley actualmente se encuentra en discusión en el Congreso. Valoramos que se considere en el presupuesto del próximo año el financiamiento del Servicio Nacional de Protección de la Niñez, que se hará cargo de aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. Sin embargo, es necesario tener presente que el Presupuesto también debe incluir los recursos suficientes para mantener la atención de los niños, niñas y adolescentes que actualmente se encuentran en los programas residenciales o ambulatorios del SENAME, con el propósito de garantizarles su derecho a vivir en familia. A junio de 2020, más de 5.900 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos en centros de cuidado alternativo familiar, casi 7.300 en programas de familias de acogida y cerca 94.000 en programas ambulatorios y de diagnóstico.

Desde UNICEF hacemos un llamado a mantener y priorizar los recursos que se destinan a la niñez y adolescencia que está bajo la protección del Estado. El gobierno se comprometió a cerrar los 11 Centros de Administración Directa (CREAD) a fines de este año y a reemplazarlos por residencias de vida familiar, en las que se propicia un ambiente de cuidado familiar, de acompañamiento terapéutico al niño o adolescente y a su familia, además de generar un trabajo articulado con las redes de protección social y comunitaria, destinadas solo para aquellos niños, niñas y adolescentes que, en atención a su interés superior, no pueden volver con sus familias biológicas. Hasta la fecha solo se han cerrado cuatro de ellos. Asimismo, se comprometió a aumentar la oferta de familias de acogida, para evitar la internación en residencia y garantizar su derecho a vivir en familia.

La niñez y adolescencia vulnerada en sus derechos, probablemente la más vulnerable del país, no puede pagar el precio de los efectos socioeconómicos de la pandemia. A lo contrario, es necesario protegerla más fuertemente y apoyar la restitución de sus derechos, así como reparar los efectos que las vulneraciones tienen en su desarrollo. Para lograr estos objetivos se requiere que este grupo de niños, niñas y adolescentes sean priorizados en el Presupuesto del próximo año.