“La responsabilidad política tiene varios niveles y efectivamente no descartaría ninguna de esas medidas”, afirmó el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, respecto del futuro del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, luego de la solicitud de datos personales que dicha cartera emitió a la superintendencia de Pensiones a propósito del retiro del 10% de las AFP.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, no descartó además la presentación de una acusación constitucional en contra del secretario de Estado “hemos pedido un pronunciamiento expreso a Contraloría sobre si el ministro de Hacienda vulneró los derechos de las personas y también al Consejo para la Transparencia. Con esos dos dictámenes y si se comprueba lo que estamos diciendo, el ministro está en serio riesgo de ser acusado constitucionalmente, no cabe ninguna duda porque esta falta es gravísima”.
A juicio del diputado Soto, “hay muchas situaciones de petición de datos personales de los chilenos que hacen los gobiernos de manera mecánica y que creen que por la habitualidad esto es legal y no es así” y agregó que “se olvidan de algo sustantivo y que tiene mucha claridad después de una reforma constitucional que estableció que son las personas las que tienen el control de sus datos personales y no las autoridades”.
En ese sentido, el representante del Partido Socialista criticó la desidia con la cual el Ejecutivo ha abordado el tema de la protección de los datos personales “es fundamental que Chile tenga una verdadera protección de los datos personales, hay una ley que se está tramitando y que está paralizada porque el gobierno no le da el impulso y la importancia que tiene”.
Respecto de las responsabilidades que se tienen que asumir en este caso, el diputado Leonardo Soto sostuvo que “nosotros estimamos que hay una violación flagrante de la ley que protege los datos personales, se han vulnerado los derechos de esos 10 millones de chilenos y el gobierno sin duda ha hecho algo que no le permite la ley y acá se tiene que establecer algún tipo de responsabilidad, alguna consecuencia negativa para la Superintendencia de Pensiones que se expone a una sanción gravísima que puede incluso significar la destitución del superintendente”.
Finalmente, el diputado no descartó que este caso termine en la Justicia, dado que “dependiendo de lo que diga Contraloría, perfectamente las personas afectadas podrían de manera individual o colectiva ir a la justicia y solicitar que se determine una infracción y se apliquen sanciones administrativas a las autoridades. Incluso podrían pedir algún tipo de indemnización, pero desde el punta de vista de los defensa de los derechos, no cabe duda que los chilenos tienen el derecho a defenderse frente a las autoridades que no cumplan sus obligaciones y vulneren las garantías que hoy están en la constitución”.
